En el escrito, de 24 páginas, la formación naranja pide amparo al tribunal de garantías al considerar que la resolución del Juzgado contencioso administrativo número 2 de Madrid, relativo a la candidatura por Europa, vulnera el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución y también el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.
En el suplico de su recurso, Ciudadanos solicita expresamente al TC que estime su recurso de amparo y que por tanto anule y deje sin efecto la sentencia del juzgado contencioso-administrativo "por vulnerar los derechos fundamentales invocados", declarando en consecuencia la validez de la resolución de la Junta Electoral Central que anuló la candidatura del 'expresident'.
Fuentes de Ciudadanos consideran inadmisible que "un señor que se ha fugado de la justicia y que trabaja en contra de España tenga privilegios y represente al país" en unas elecciones tan importantes como las europeas. Además el partido naranja manifiesta que "es una vergüenza que los españoles tengan que pagar un sueldo con dinero público a Puigdemont después de haber dado un golpe de estado" y poner en riesgo a la democracia española.
El escrito de Ciudadanos subraya que tanto en la resolución de la Junta Electoral Central como en la sentencia que permite a Puigdemont presentarse se ha constatado el incumplimiento de los requisitos de la inscripción censal, y ello tanto en su aspecto material -es un requisito para el ejercicio del derecho de sufragio- como en lo referido a la aplicación de mecanismos de reacción jurídica una vez constatado el incumplimiento.
Cs se ha adelantado al PP en la presentación del recurso a pesar de que Pablo Casado fue el primero en anunciar la intención de hacerlo
También reprocha a los jueces de lo contencioso falta de suficiente motivación y haber dejado sin responder varias cuestiones, entre ellas los requisitos establecidos en el artículo 7.2 de la Ley Electoral, que obliga a los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren en las listas del censo electoral que "acrediten de modo fehaciente que reúnen todas las condiciones exigidas para ello".
Y ello pese a manifestar las resoluciones impugnadas el "hecho notorio de la ausencia de España de estos tres candidatos y el incumplimiento de las obligaciones de darse de baja dé las citadas listas e instar a la inscripción en el censo de ausentes".
El Supremo se ha "extralimitado"
En su escrito, los populares creen que los exdirigentes catalanes no tienen derecho a ser candidatos por Lliures per Europa y está de acuerdo con la decisión que en su día adoptó la JEC. Además, opina que el Tribunal Supremo se ha "extralimitado" al posicionarse sobre este tema y marcar el camino a los jueces de Madrid que debían resolver los recursos de Puigdemont, Ponsatí y Comín.
En este sentido, el partido que lidera Pablo Casado afea al Supremo que tomara esa "decisión sin precedentes" al declararse no competente para resolver este problema pero sí afirmar "en términos categóricos" su opinión al respecto.
Para el PP, el Supremo ha "infringido" el "sagrado principio de independencia judicial", además del "derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por ley, por cuando se ha despojado al órgano competente de la competencia para decidir, en términos de la propia doctrina del Tribunal Constitucional".
Por su parte el TC, tiene de plazo hasta las 00:00 horas del próximo viernes para resolver los recursos que, según señala la ley en lo referido a litigios de contenido electoral, debían haberse presentado antes de las 12 de la noche de este lunes, para que el tribunal de garantías pudiera disponer de tres días para resolverlos. No obstante, en fuentes de este órgano se ha señalado a Europa Press que este plazo se alargó hasta completar las 48 horas fijadas para recurrir en las sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Las sentencias de los juzgados de Madrid establecieron que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que Puigdemont y sus exconsejeros no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a derecho. Ordenan por ello al organismo electoral que publique la candidatura incluyendo a Puigdemont, Comín y Ponsatí.
Los jueces de lo contencioso de Madrid no dudan en explicar en sus sentencias que sus decisiones vienen dadas por la resolución que tomó el Supremo el pasado domingo, todo ello pese a que, en su opinión, tanto Puigdemont como Comín y Ponsatí no han realizado los trámites necesarios para inscribirse en el censo de electores residentes en el extranjero (CERA) ni han notificado oficialmente que no residen en España.
Para los jueces, los recurrentes se colocaron "voluntariamente en una situación de burla de otra obligación esencial con trascendencia en la ordenación del proceso electoral" y "son ellos mismos quienes, por su propia actuación y su propia voluntad, se han colocado en una situación que afecta a su condición de electores".
El Tribunal Supremo ya había determinado que la situación de rebeldía de Puigdemont y sus exconsejeros no es causa de inelegibilidad en una resolución en la que, no obstante, rechazó su competencia y encomendó a los juzgados ordinarios su resolución.
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