Insultar a la Policía y los andaluces no es odio: una jueza salva al 'mosso indepe'

La Justicia ha echado un capote a Albert Donaire, el coordinador de Mossos per la República, la sectorial de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en el cuerpo de seguridad autonómico. Una jueza ha acordado el sobreseimiento de la querella que interpuso la Fiscalía contra él hace un año por insultar a las Fuerzas de Seguridad del Estado y lanzar mensajes de contenido xenófobo contra andaluces y extremeños, entre otros. Según la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Olot (Girona), las palabras de Donaire no pueden ser consideradas injuriosas ni constitutivas de un delito de odio y por tanto solo cabe el archivo del procedimiento.

La resolución se produjo el pasado enero, pero no ha trascendido hasta ahora. No obstante, el archivo no es completamente firme. La Fiscalía decidió recurrir el dictamen en abril tras concluir que de las diligencias practicadas durante la instrucción se desprende que Donaire fue el autor de los mensajes denunciados y que estos traspasaron sin género de duda los límites del derecho a la libertad de expresión. La última palabra la tiene la Audiencia Provincial de Girona.

Policía y Guardia Civil, "nazis"

El origen del procedimiento es una denuncia presentada contra Donaire por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía Nacional por la publicación en Twitter y Facebook de numerosos mensajes en los que el 'mosso' acusaba a los agentes de las Fuerzas del Estado de ser “miserables” y “cínicos” y los equiparaba con el cuerpo paramilitar del Partido Nazi en el III Reich. “Las SS alemanas del siglo XXI están en España hoy y también uniformadas. Las #ÑÑ españolas”, aseguró en uno de los tuits incluidos en la denuncia. En otros, los llamó directamente fascistas.

La denuncia, que fue trasladada por la UIT al Ministerio Público, también incluía vídeos y mensajes en los que Donaire acusaba al resto de españoles de “querer arruinar a los catalanes” con un “expolio sin miramientos” para poder “subvencionar a los andaluces”, como adelantó este diario. Ese era uno de los argumentos que más utilizaba para atacar a los andaluces y los extremeños en las redes sociales, en abundantes publicaciones de tinte racista. Según el 'mosso' de la ANC, los españoles estaban robando los recursos de Cataluña para vivir de los subsidios agrícolas del PER.

La Fiscalía analizó el atestado de la Policía Nacional y decidió presentar una querella contra Donaire ante los juzgados de Olot, la localidad donde reside, por dos presuntos delitos, uno de odio y otro de injurias. La instructora del caso aceptó a trámite la petición de la denuncia y ordenó que se efectuaran varias diligencias, como la toma de declaración de los agentes que habían recopilado los mensajes bajo investigación, una pericial para demostrar que el autor de las publicaciones había sido efectivamente el 'mosso' independentista y el interrogatorio del propio acusado.

Según las fuentes consultadas, el análisis técnico del teléfono de Donaire probó que las publicaciones habían sido realizadas a través de ese terminal, pero el 'mosso' negó haber cometido delito alguno y se defendió esgrimiendo que todos sus comentarios estaban amparados por el derecho a la libertad de expresión. La Fiscalía rechazó esa lectura y recordó que el acusado tenía la condición de agente de la autoridad, por lo que sus proclamas podían ser secundadas por otros ciudadanos.

La instructora del procedimiento dio finalmente la razón al militante de la ANC, al considerar que sus mensajes no animaban a otras personas a actuar contra las Fuerzas de Seguridad del Estado ni contra los ciudadanos de otras comunidades y que, en cualquier caso, el contenido que había colgado en las redes sociales no excedía el ámbito de la crítica. Un dictamen más que cuestionable. En un vídeo del 22 de marzo de 2018, Donaire recordó que en la Marcha Verde solo participaron 350.000 personas. “Y los españoles se tuvieron que marchar. ¿Cuántas personas han votado república? Más de dos millones. ¿A qué estamos esperando?”, se preguntaba sin disimulo. El Ministerio Público espera que la Audiencia de Girona revierta la interpretación del juzgado de Olot.

El dictamen favorable ha dado alas a Donaire, que en lugar de recular ha intensificado sus insultos a Policía Nacional y Guardia Civil y ha seguido despreciando a los ciudadanos de otras regiones por, supuestamente, vivir del dinero que España roba a Cataluña. También son objeto de su ira otras instituciones del Estado como la monarquía y el Tribunal Supremo. A este último órgano lo acusa de estar celebrando un “juicio farsa” contra los responsables políticos del 1-O.

Declaración en el Tribunal Supremo

El propio Donaire declaró como testigo en el alto tribunal a petición de las defensas de los dirigentes del Govern el pasado 24 de abril. Antes de la cita, aseguró a través de las redes sociales que aprovecharía la ocasión para denunciar ante los magistrados que los exconsejeros son presos políticos encerrados por defender sus ideas y que reivindicaría su derecho a declarar en catalán. Pero su desafío duró solo unos segundos. Tras un breve intento de responder en su idioma natal, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le paró los pies: "No confunda el escenario. Ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, se va a limitar a responder a las preguntas. Usted es un agente de la autoridad. Y usted está ahora ante la autoridad judicial. Responda a las preguntas que le formule la acusación popular. Si usted no me oye a mí decir que esa pregunta es impertinente, tiene el deber de declarar. Y de decir verdad".

Ahí se terminó la osadía del 'mosso' de la ANC. Donaire se fue deshinchando hasta casi desaparecer. Llegó a decir que, durante el 1-O, su misión fue hacer que se cumpliera la Constitución. Y aceptó la obligación de responder a todas las partes en castellano. En septiembre de 2017, sin embargo, juró lealtad a la república catalana y dijó que no retiraría ninguna urna. Así lo hizo. El día de la consulta, se fotografió depositando su voto.