DESPEJADAS LAS DUDAS SOBRE LOS PRESOS

No habrá juicio del 'procés' el día en que se constituyen las Cortes

El tribunal permitirá que asuman de forma efectiva su condición de diputados, para lo cual deben jurar o prometer la Constitución en las cámaras

Foto: Cartel de apoyo a Junqueras. (EFE)
Cartel de apoyo a Junqueras. (EFE)

El juicio del 'procés' suspenderá sus sesiones el próximo 21 de mayo, jornada prevista para la constitución del Congreso y el Senado tras las elecciones generales. El dato despeja cualquier posible duda de las intenciones del tribunal frente a la petición, por parte de los cinco procesados presos que consiguieron escaño, de que se les permita que asuman de forma efectiva su condición de diputados.

Las generales han traído el debate al tribunal del 'procés'. Después de que los cinco candidatos por ERC y JxCAT, entre ellos Oriol Junqueras, hayan logrado escaño, los siete magistrados debaten cómo proceder después de un trámite para el que tendrán que autorizar su salida de prisión para que asistan a las dos cámaras. Los reglamentos de ambas exigen que juren o prometan presencialmente la Constitución.

A partir del momento en que sean designados como miembros de la Cámara, el futuro se adivina incierto. La discusión está abierta. El horizonte más probable es la suspensión, pero las fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial avisan de que queda aún mucho que analizar. La sala se centra en el alcance de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del propio reglamento del Congreso sobre el futuro parlamentario de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Y, por extensión, el de sus formaciones, ya que, si resultan suspendidos pero se aferran al escaño, el delicado equilibrio de fuerzas puede verse alterado en una situación en que cada voto cuenta. La decisión final de determinar si su designación es solo formal pero no efectiva. Electos, sí, pero también apartados de forma preventiva, como ya sucedió en el Parlament de Cataluña. Dos artículos de ambas normas encajan en esta premisa.

La primera de las vías ya se transitó. El 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que empleó el instructor Pablo Llarena tras la designación de Carles Puigdemont y el resto después de los comicios del 155. Este indica que una vez sea firme un auto de procesamiento y esté decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, "el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Su planteamiento da lugar a un interrogante, que también se encuentra bajo debate. La pregunta que se formulan los magistrados es si el planteamiento incluido en la Lecrim, esa suspensión provisional, puede extenderse a su actual cargo o solo era válida para el anterior. Es una cuestión de tiempos. ¿La norma habla únicamente del cargo que ocupaban en el momento en que fueron procesados en firme o se refiere por extensión a cualquier otra responsabilidad pública en futuro? La primera de las posibilidades deja agujeros evidentes. Si la referencia de la ley alude al cargo en ejercicio en el momento preciso del auto por el que se les procesa, cualquier miembro de banda armada, terrorista o rebelde podría sortear la limitación optando a un segundo cargo tiempo después y la previsión, por tanto, pierde eficacia.

La segunda vía que desemboca en la suspensión es la normativa por la que se rige el Congreso. En su reglamento, en el artículo 21, se establece lo siguiente como motivo de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de un diputado: "Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta". La redacción introduce la necesidad de un suplicatorio que en este caso es accesorio, superada la fase en la que se exige pedirlo, es decir, la fase de investigación. En cualquier caso, el tribunal informará tanto al Senado como al Congreso con el correspondiente auto adjunto la situación de sus señorías: procesados y en prisión preventiva.

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