una imagen en pleno juicio del 'procés'

Borrell reúne a los 96 cónsules en Cataluña para dejar claro quién dirige la diplomacia

Eso es lo que le interesaba al Gobierno español: una gran instantánea y la transmisión de la idea de que es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que controla la situación

Foto: El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, participa en un debate titulado 'El futuro de Europa'. (EFE)
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, participa en un debate titulado 'El futuro de Europa'. (EFE)

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunió este lunes con el cuerpo consular acreditado en Barcelona. Son 96 cónsules, la mayoría de ellos acreditados diplomáticamente por sus gobiernos (una parte de ellos son cónsules honorarios, que tienen funciones más limitadas). Oficialmente, no se habló de la independencia ni de la campaña electoral, pero la sola presencia del ministro ante la comunidad diplomática en Cataluña es suficiente para alertar de que el Gobierno español ejerce y seguirá ejerciendo la iniciativa sobre la actividad de la diplomacia, por encima de cualquier comunidad autónoma.

En otras palabras: lo de menos es hablar o no de la independencia (todos los cónsules saben ya dónde está ubicado cada uno). Lo que importa es la imagen, la fotografía. Eso es lo que le interesaba al Gobierno español: una gran instantánea del ministro con el cuerpo consular residente en Barcelona, la transmisión de la idea de que es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que controla la situación, a dos semanas de unas elecciones generales cruciales.

Según fuentes oficiales, la reunión sirvió para despejar dudas sobre cuestiones burocráticas y temas relacionados con el día a día de los asuntos que afectan a los ciudadanos de otros países que residen o visitan España. En resumen, no hubo debate sobre el ‘procés’, pero no hacía falta. A los cónsules les quedó claro quién manda en la diplomacia de Barcelona y de España. Todo lo que se salga de las directrices del Ministerio de Exteriores es ‘fake’. Nulo.

No hay que olvidar que Borrell no es un recién llegado a la arena internacional: ha sido presidente del Parlamento Europeo durante casi tres años. De hecho, conoce a muchos de los jefes de los cónsules a los que ayer reunió en Barcelona. Su nombramiento como ministro de Exteriores de Pedro Sánchez fue uno de los golpes más duros para los independentistas, que no digirieron bien porque es un político al que se escucha y respeta en muchos foros internacionales. Además, es un catalán de pura cepa, con más apellidos catalanes que muchos de los que gobiernan, que se posiciona como antiindependentista y expone sus razones. De ahí que fuese el nombramiento más criticado. Sus tesis y sus razones quedaron meridianamente claras en su libro ‘Las cuentas y los cuentos del independentismo’ (escrito al alimón con Joan Llorach), donde desnuda las mentiras del ‘procés’ y las grandes ‘fake news’ económicas esgrimidas por los partidarios de la secesión.

Un cuerpo muy mimado

La estrategia de la Generalitat desde hace años ha consistido en atraerse al cuerpo diplomático para ‘vender’ en el extranjero las ventajas de la independencia. Jordi Pujol ya sentía debilidad por la diplomacia. Durante el Tripartito, ERC ya hizo valer su peso en el Ejecutivo para sacar partido de las relaciones internacionales. Dependían entonces de Josep Lluís Carod-Rovira, y al mando de la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo se situó a Marta Rovira, luego secretaria general de ERC. Hubo investigación de la Sindicatura de Cuentas por gastos extraños durante su etapa, así como por la alegre utilización de las tarjetas de crédito.

Luego, Artur Mas trató de utilizarla para arrimar el ascua a su sardina y puso en marcha el Diplocat, la máquina diplomática de fundir dinero para tener relieve internacional. Ahí comenzó la locura por la diplomacia, con la multiplicación de ‘embajadas’ a las que se quiso dar un peso político que nadie reconoció nunca. Y con Carles Puigdemont continuó esa táctica. Quim Torra, tras acceder a la presidencia, se reunió pronto con los cónsules acreditados en Barcelona para participarles que iba a reabrir el Diplocat y para vender de nuevo la independencia, a la que Cataluña llegará tarde o temprano. Sí o sí. Su principal interés fue poner sobre la mesa el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Varias destituciones

En la comunidad consular hay mucho escepticismo respecto de la independencia, cuando no abierta animadversión, pero ha habido casos que provocaron tensiones puntuales. Cinco cónsules han sido suspendidos de sus funciones por haber vilipendiado a España o por actividades contra el país ante el que, supuestamente ejercían de legados de otros países. El primero de ellos fue Xavier Vinyals, cónsul de Letonia. Fiel a sus principios y a su militancia política, Vinyals colgó una estelada (bandera independentista) del balcón del consulado en Barcelona en 2016. Hubo una tímida protesta de las instituciones catalanas tras su cese, más por quedar bien que por sentido común. A nadie le extrañó que fuese inmediatamente arrinconado y expulsado.

También fue cesado el cónsul de Filipinas, Jordi Puig, por asistir y participar en la huelga general independentista del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum. El cónsul de Bulgaria, Hristo Stoichkov, exjugador del Barça, lo fue por motivos más prosaicos en otoño de 2017: fiel a su estilo provocador y verbo fácil, calificó de franquista y dedicó epítetos de menosprecio a la entonces vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.

El cónsul honorario de Finlandia, Albert Guinjaume, fue otro de los cesados por realizar actividades contra España. Oficialmente, fuentes independentistas quisieron hacer creer que su cese se debió a haber invitado a la entonces presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, a un acto oficial. Pero eso es falso: fue cesado por haber llevado a cabo actividades proindependentistas y contra España durante un largo periodo de tiempo, actividades que no eran compatibles con su cargo diplomático.

El último en caer fue Fernando Turró, cónsul honorario de Grecia en Barcelona, por “agraviar la bandera del Estado español en la calle”. Lo hizo durante la Diada del año pasado, tras acudir a la manifestación con una camiseta independentista.

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