El tribunal del procés no es competente sobre el debate en Soto que pide Sànchez

El tribunal del 'procés' se ha pronunciado este martes sobre la petición formulada por Jordi Sànchez, cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCAT) a las elecciones generales del 28-A, de celebrar un debate electoral en la prisión de Soto del Real donde se encuentra encarcelado en prisión preventiva. Los siete magistrados comunican a la Junta Electoral Central que no tienen competencia para decidir sobre esta cuestión.

"La Sala concluye que no compete al órgano jurisdiccional velar por los principios que determinan la regulación de la actividad electoral", asegura en una providencia que añade que lo solicitado no es un acto que afecte al tribunal "ni supone una excarcelación del centro penitenciario". Añade que tampoco le incumbe "la fijación de un determinado régimen penitenciario". "Lo solicitado no es un acto que afecte a una posible incomunicación", añade. Así, la pelota vuelve a las manos de la JEC.

Sànchez ha colocado en medio de la precampaña una patata incandescente que ya se han quitado de encima un par de organismos. De Instituciones Penitenciarias a la Junta Electoral Central, nadie parece querer asumir la decisión sobre este marrón de proporciones considerables y aristas afiladas. La cuestión ha acabado en manos del tribunal del 'procés', que abordará desde este lunes la respuesta a un laberinto de complicada resolución e inédito en España. Con la duda sobre la competencia.

La solicitud formulada por el expresidente de la ANC, ahora metido en política, se produce en pleno desarrollo del juicio y afecta a otro preso preventivo ilustre: Oriol Junqueras. En resumen, Sànchez reclama que él, el de ERC y los otros cuatro candidatos a los comicios salvo Vox —Inés Arrimadas (Cs), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Meritxell Batet (PSC) y Jaume Asens (comunes)— debatan en instalaciones de la cárcel y que sus puntos de vista cuenten con cobertura de los medios.

El candidato de la formación de Puigdemont se ocupó de reflejar en su escrito a la JEC que un visto bueno a esta iniciativa serviría para garantizar los derechos políticos tanto de los candidatos privados de libertad como de los electores. De otro modo, dijo, "difícilmente van a tener la posibilidad de escuchar a aquellos candidatos que se encuentran en prisión y el contraste de estos con otros candidatos". Acto seguido, mandó cartas a sus oponentes en las que les aclaraba que había cursado el permiso a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pero ni la una ni la otra se quisieron mojar.

De bote en bote, la patata acabó en manos del tribunal. La Junta echó balones fuera mientras que Instituciones Penitenciarias se limitó a desaconsejarlo sin llegar a prohibirlo. "Supondría una alteración de las normas regimentales del centro penitenciario en varios órdenes". "Sería contrario a elementales principios de seguridad" y "alteraría la funcionalidad del centro, donde existen unos horarios preestablecidos para las distintas actividades que se desarrollan en el mismo: comunicaciones, visitas, actividades en talleres, horarios de comidas, consultas médicas, etc.", dijo el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Si nadie se pronuncia, la cuestión caminaría en ese último caso hacia un escenario en el que todos dicen no. Lo que en términos jurídicos se conoce como conflicto negativo de competencia. Y cuando eso pasa, las preguntas no quedan sin respuesta sino que se elevan a otra sala. Una especial. La preside el presidente, Carlos Lesmes, y la integran magistrados designados anualmente por la Sala de Gobierno.