LA INSTRUCTORA NO VE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Archivan la causa contra Equipo Económico, la firma del hermano de Montoro

El Juzgado de Instrucción 22 sobresee el procedimiento abierto hace dos años a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción

Foto: Cristobal Montoro en el Parlamento. (Reuters)
Cristobal Montoro en el Parlamento. (Reuters)

El Juzgado de Instrucción 22 de Madrid ha archivado la investigación abierta a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Equipo Económico, la consultora fundada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la que acusaba de beneficiarse de un contrato irregular en 2012 con las cámaras de Comercio (CSC) de Madrid por un importe final de 90.000 euros. La magistrada no ve indicios de delito en la adjudicación ni en su pago y ha dado carpetazo al asunto.

En la querella presentada en abril de 2017, se acusaba a cinco miembros de la consultora, entre ellos el hermano del exministro de Hacienda, y a dos de la Cámara de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos. Se aseguraba que los socios del bufete, entre ellos el hermano del ministro, aprovecharon la difícil situación económica que atravesaban las cámaras tras la supresión de su principal vía de entrada de efectivo. Esgrimieron su influencia e indicaron que podían resolver los problemas de financiación que atravesaban en 2012. La querella indicaba que el nombre del bufete fue esgrimido ante cargos del Ministerio de Economía para forzar la aprobación de una nueva ley que garantizase la entrada de fondos en la institución.

En concreto, se encontraban imputados el expresidente de CSC Manuel Teruel y la secretaria general del organismo. Por Equipo Económico figuraban como investigados el presidente del consejo de administración, Ricardo Martínez Rico, y los consejeros Manuel Vicente-Tutor, Salvador Mariano Ruiz, Francisco Piedras y Ricardo Montoro.

Detallaba que se ofrecieron a la directiva del CSC para intentar resolverles este problema, y expusieron como garantía de éxito de sus gestiones sus posibilidades de forzar al Ministerio de Economía a aprobar una nueva normativa beneficiosa para la institución, incidiendo en que habían ocupado en años anteriores importantes puestos en la Administración y en su posibilidad “de interceder con altos cargos del Estado”. La elaboración de la ley ni siquiera estaba en los planes del Ejecutivo, dada la crisis financiera, y no se aprobó hasta dos años más tarde, en 2014. Con esta finalidad —defendía Anticorrupción—, ambas partes firmaron un contrato "que fue adjudicado de forma directa a la firma" por un "precio arbitrario" y un objeto presuntamente simulado.

No obstante, en el auto en el que se decreta el archivo, al que ha tenido acceso El Confidencial, la instructora asegura que un informe elaborado por la Abogacía del Estado deja claro que a la intermediación que llevó a cabo Equipo Económico "no le eran de aplicación" los principios establecidos en la ley de contratos del sector público y que se regía por el derecho privado. En cuanto a la naturaleza de los fondos empleados, la jueza da validez a la certificación emitida por la directora del área económico-financiera de la Cámara de Comercio, refrendada por un informe pericial.

"Por otro lado, consta que por la mercantil Equipo Económico se realizaron los estudios e informes sobre cada una de las materias que les fueron encomendadAs en cumplimiento del contrato", por lo que no existiría "la simulación del objeto del contrato". "Tampoco existen indicios concluyentes sobre el presunto tráfico de influencias ni datos concretos sobre qué personas pertenecientes a Equipo Económico mantuvieron contactos con el Ministerio de Economía y Hacienda que tuvieran relación con el contrato o con las cámaras de comercio en general", concluye el auto.

En resumen, dos años después de la apertura del procedimiento, se decreta el sobreseimiento libre de las actuaciones. La consultora, a la que también se acusaba como persona jurídica, reafirmó desde un inicio la plena legalidad de su actuación y consideraba que la querella "se basa en hechos falsos y carece de todo fundamento jurídico". "La querella está plagada de errores jurídicos, incongruencias y falta de rigor fáctico y normativo", defendía. Contra el auto cabe recurso de reforma y apelación.

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