El tribunal del 'procés' aborda el debate en Soto del Real y duda sobre la competencia

Jordi Sànchez, cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCAT) a las elecciones generales del 28-A, ha colocado en medio de la precampaña una patata incandescente que ya se han quitado de encima un par de organismos. De Instituciones Penitenciarias a la Junta Electoral Central, nadie parece querer asumir la decisión sobre este marrón de proporciones considerables y aristas afiladas. La cuestión ha acabado en manos del tribunal del 'procés', que abordará desde este lunes la respuesta a un laberinto de complicada resolución e inédito en España. Con la duda sobre la competencia.

La solicitud formulada por el expresidente de la ANC, ahora metido en política, se produce en pleno desarrollo del juicio y afecta a otro preso preventivo ilustre: Oriol Junqueras. En resumen, Sànchez reclama que él, el de ERC y los otros cuatro candidatos a los comicios salvo Vox —Inés Arrimadas (Cs), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Meritxell Batet (PSC) y Jaume Asens (comunes)— debatan en instalaciones de la cárcel y que sus puntos de vista cuenten con cobertura de los medios.

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El candidato de la formación de Puigdemont se ocupó de reflejar en su escrito a la JEC que un visto bueno a esta iniciativa serviría para garantizar los derechos políticos tanto de los candidatos privados de libertad como de los electores. De otro modo, dijo, "difícilmente van a tener la posibilidad de escuchar a aquellos candidatos que se encuentran en prisión y el contraste de estos con otros candidatos". Acto seguido, mandó cartas a sus oponentes en las que les aclaraba que había cursado el permiso a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pero ni la una ni la otra se quisieron mojar.

De bote en bote, la patata ha acabado en manos del tribunal, que comenzará a estudiar el asunto desde esta perspectiva citada: la de la competencia. ¿Quién es competente para determinar qué debe hacerse? Los siete magistrados lo serían si el debate interfiriera o afectara de algún modo a la vista que se desarrolla en el Tribunal Supremo. Esa cuestión es más que dudosa. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que la dificultad para determinar a quién corresponde decidir será el arranque del debate.

Supondría una alteración de las normas regimentales del centro penitenciario en varios órdenes

La junta echó balones fuera mientras que Instituciones Penitenciarias se limitó a desaconsejarlo sin llegar a prohibirlo. "Supondría una alteración de las normas regimentales del centro penitenciario en varios órdenes". "Sería contrario a elementales principios de seguridad" y "alteraría la funcionalidad del centro, donde existen unos horarios preestablecidos para las distintas actividades que se desarrollan en el mismo: comunicaciones, visitas, actividades en talleres, horarios de comidas, consultas médicas, etc.", dijo el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Así las cosas, existen tres caminos. O bien el tribunal asume la decisión y dice sí o no, o bien determina que se trata de un asunto penitenciario y a Instituciones no le vale con oponerse sin rematar, o bien no la asume tampoco. La cuestión caminaría en ese último caso hacia un escenario en el que todos dicen no. Lo que en términos jurídicos se conoce como conflicto negativo de competencia. Y cuando eso pasa, las preguntas no quedan sin respuesta sino que se elevan a otra sala. Una especial. La preside el presidente, Carlos Lesmes, y la integran magistrados designados anualmente por la Sala de Gobierno.

A la petición de debate carcelario de Sànchez se sumaron, días después, otra de él mismo y el resto de presos-candidatos para salir en libertad y poder participar en actos de campaña. Es más que improbable que una solicitud así se acepte, más si se tiene en cuenta que las formaciones que eligieron los miembros de sus listas a los comicios sabían de la situación de privación de libertad que los cinco afectados cumplen. A este respecto, el tribunal dará traslado a las partes para que informen en los próximos días. Los partidos independentistas no ocultan su interés en arrastrar la campaña a la cárcel. ERC, por ejemplo, ha elegido como lema la campaña 'Va de libertad', y tiene intención de llevar varios de sus mítines a las prisiones. Dentro, si es posible.

Con participación en libertad o mediante otro sistema en campaña o sin ella, hay un punto ya claro. Los cinco presos serán diputados si recaban los votos necesarios para ello. El Supremo tiene intención de autorizar tanto la recogida del acta como la presencia de los reclusos en el Congreso de los Diputados para la sesión constitutiva a la que deben acudir personalmente para jurar o prometer la Constitución y convertirse, de ese modo, en miembros de pleno derecho de la cámara baja nacional.