El rastro tributario de Gao Ping... La Fiscalía reclama una prueba clave aún no practicada

El caso Emperador estalló hace ya casi siete años. La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, coordinados por la Audiencia Nacional, destaparon una supuesta mafia china que, según los investigadores, defraudaba a Hacienda, blanqueaba dinero y maltrataba a sus trabajadores bajo el liderazgo directo del empresario Gao Ping, afincado en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). Los agentes detuvieron inicialmente a un centenar de personas y rastrearon una red cuyos tentáculos alcanzaban al mundo de la nobleza, de la empresa, del espectáculo e incluso de la propia Policía.

Desde aquellas primeras redadas de 2012, sin embargo, la investigación ha ido avanzando a trompicones y de forma muy lenta, al menos en lo que refiere a la estructura principal del caso. Sí que ha concluido, aunque con poco éxito desde el punto de vista de los investigadores, la derivada que acusaba a la red de policías supuestamente comprados por Gao Ping. Todos ellos fueron absueltos tanto por la Audiencia Nacional en primera instancia como por el Tribunal Supremo, que concluyó que no había delito alguno por el que condenar a este grupo de funcionarios que habían tenido contacto con los líderes de la trama.

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La pieza principal del procedimiento continúa su curso en los tribunales. En concreto, el pasado diciembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluyó la instrucción que el Juzgado Central 4 había mantenía abierta desde 2011. La decisión del tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, iba en contra del criterio esgrimido por la Fiscalía Anticorrupción, que pretendía alargar aún más la investigación con el fin de determinar con fuerza probatoria concluyente la acusación contra los principales líderes del entramado.

Ahora, aunque la sala ha cerrado la instrucción, el ministerio público sigue empeñado en poner en práctica diligencias que estaban ya previstas y que no han sido practicadas. Entre ellas, una que Anticorrupción considera fundamental para poder poner sobre la mesa del tribunal elementos suficientes que sirvan para condenar a los responsables de la presunta organización criminal. Se trata de una prueba pericial encaminada a demostrar con exactitud la cuota tributaria en la que pudo incurrir Gao Ping, supuesto cabecilla de la trama, a través de sus actividades habituales.

Un informe de la Agencia Tributaria aportado a la causa en 2017 ya cifró en cerca de 17 millones de euros la cantidad defraudada por 16 sociedades de Gao Ping en concepto de IVA, aranceles y derechos antidumping que el líder de la red dejó de ingresar al erario público entre 2010 y 2012 a través de estas mercantiles, que importaron mercancías desde China hasta España por valor de 114 millones de euros, suma de la que solo declararon 43 millones.

La nueva pericial reclamada por la Fiscalía, ya acordada antes del cierre de la instrucción, vendría a respaldar la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por parte de Gao Ping en el caso de que así lo consideraran los técnicos. Anticorrupción, de hecho, espera que la diligencia sea practicada a pesar de que la Audiencia Nacional ha concluido la investigación, lo que significa —según entienden desde la Fiscalía— que no se pueden reclamar más pesquisas pero que sí que hay que ejecutar las que ya están aprobadas, como la mencionada. La práctica de esta prueba pericial apuntaría a la comisión de un delito tributario por parte de Gao Ping, necesario para acusarle también de blanqueo de capitales.

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El caso Emperador supuso la mayor operación policial y judicial contra una organización dedicada a eludir los controles de mercancías que entran en España y los de envío de remesas de dinero al extranjero ejecutada en el país hasta el momento. La investigación tiene una rama dedicada a rastrear el papel de miembros de la 'jet set' en la organización. Estos famosos recibían fondos procedentes de China, casi siempre a través de intermediarios, con lo que también podrían haber incurrido en un delito de blanqueo en el caso de confirmarse que eludieron el control tributario. Esta parte, sin embargo, es la que estaría menos avanzada.

Al ser la primera gran operación contra este 'modus operandi' llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, la Agencia Tributaria tuvo desde el principio un papel secundario, sobre todo en los registros, que permiten acceder a la documentación que posteriormente sirve a los investigadores como prueba de cargo. La entrada en las diligencias de los técnicos de Hacienda ha conseguido de momento 'encauzar' el tema de Gao Ping, pero no el de otros implicados en la trama. Sobre todo, los que formaban parte de esa rama de miembros de la 'jet set', cuyos casos fueron derivándose durante la instrucción a juzgados ordinarios.