Más de 120 pueblos de la España vacía inflan el censo para influir en las municipales

La España vacía parece menos vacía cuando se acercan las elecciones. La proximidad de las municipales ha disparado movimientos anómalos en el censo electoral de españoles residentes en España (CER) en pequeños pueblos de la España interior, allí donde un puñado de votos decantan la victoria electoral. La Oficina del Censo Electoral ha trasladado a la Junta Electoral Central (JEC) 30 pueblos que está investigando por inflar artificialmente el número de votantes en los meses previos a los comicios del 26 de mayo. Pero un análisis del CER realizado por El Confidencial desvela más aumentos sospechosos de hasta el 100% en más de un centenar de pequeños pueblos.

El fraude del censo electoral resurge con más o menos fuerza cada cuatro años. A menudo son antiguos vecinos que se han mudado a la ciudad los que se empadronan a pocos meses de las elecciones para votar, aunque la norma exige residir allí donde uno está empadronado. En época de la burbuja los planes urbanísticos desaforados animaban a aumentar la población para poder recalificar terreno. En pueblos con resultados apretados, alcaldes y opositores tiran de teléfono y amistades para conseguir fieles. En algunos casos se han denunciado la existencia de empadronados sin ninguna relación con el pueblo, en ocasiones comunitarios con derecho de voto en las municipales, o el empadronamiento de una treintena de personas en la vivienda particular del alcalde.

La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha publicado en su página web un listado de pueblos que está investigando como consecuencia de "que en los seis meses anteriores a la convocatoria han registrado un incremento de residentes significativo y no justificado". Este cálculo se basa en unos criterios estadísticos en base al número de altas mensuales, trimestrales y semestrales y se centra en poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Estos son "los municipios en los que por su tamaño tienen una mayor trascendencia los empadronamientos que pudieran ser sospechosos de ser irregulares", según la instrucción que hizo para las elecciones de 2011.

La ley electoral otorga a la oficina del censo electoral el "control y revisión de oficio las altas y las bajas [...] comunicando a la Junta Electoral Central los resultados de los informes, inspecciones y, en su caso, expedientes que pudiera haber incoado referidos a modificaciones en el censo de las circunscripciones que hayan determinado una alteración del número de residentes significativa y no justificada".

Un portavoz del INE explica que cuando la oficina del censo detecta algún incremento significativo de habitantes en los últimos meses manda un requerimiento al ayuntamiento afectado. Si este no da una explicación convincente y no da de baja a los vecinos fantasma, o directamente no contesta, el caso va a la Junta Electoral Central. Hasta el momento en esta precampaña, con el censo cerrado de enero, la oficina ha dado a conocer el nombre de 30 municipios y entidades locales menores de León, Guadalajara o Palencia, entre otras provincias de la España vacía, que ha remitido a la JEC.

Pero El Confidencial ha analizado el último CER publicado, a 1 de febrero, y comparado con los anteriores meses, y ha detectado 99 casos anómalos más a los que añadir a los 30 investigados por la JEC, lo que apunta a un nivel de fraude mayor. El censo para las elecciones se cerró el 1 de marzo de 2109 y en muchos pueblos afectados por la despoblación muestran una curva sorprendente. Tras meses y años de caídas hay repuntes espectaculares.

Estos 99 ayuntamientos han experimentado un incremento de población superior al 5% en el último trimestre respecto al anterior, lo que se han traducido en aumentos absolutos superiores a los 6 electores, una cifra considerable para pueblos de unas pocas decenas de habitantes. De estas localidades, cinco ya están siendo investigadas por la JEC: Maderuelo (Segovia), Ojos-Albos (Ávila), Valdunquillo (Valladolid), Montillana (Granada) y San Pedro del Romeral (Cantabria), donde la fiscalía ya está investigando el caso, según informó 'El Diario Montañés'.

Entre los casos anómalos localizados por El Confidencial destacan ayuntamientos como el de San Pedro (Albacete), cuyo CER pasó de rondar los 970 electores a 1.064 en apenas medio año; Puebla de Almenara (Cuenca), que pasó de 310 a 350 votantes pese a que en los primeros nueve meses de 2018 no sumó ninguno nuevo; Lagunilla del Jubera (La Rioja), que desde octubre ganó 77 nuevos votantes, o La Olmeda de Jadraque (Guadalajara), que en un mes dobló su número de electores: de 8 a 17.

Estos incrementos anómalos se suelen producir lo más cerca posible del cierre del censo para las elecciones municipales con el objetivo de dar el menos margen de reacción posible a la Oficina del Censo Electoral. Los criterios estadísticos utilizados como sistema de alerta temprana se basan en tendencias trimestrales, semestrales y anuales en periodos de seis meses. Por tanto, para introducir votantes ficticios en el CER a 1 de marzo —el que se utilizará el próximo 26 de mayo— y esquivar el control estadístico, enero y febrero son los meses preferidos para estos ayuntamientos.

Nota metodológica

Para detectar los ayuntamientos de menos de 2.000 electores con un crecimiento anómalo de personas en los últimos meses, hemos analizado las cifras de electores que cada mes publica la Oficina del Censo Electoral desde enero de 2018. Hemos hecho un primer filtrado en función de aquellos ayuntamientos cuya media de electores en el último trimestre (diciembre de 2018-febrero de 2019) se hubiera incrementado por encima del 5% respecto al trimestre anterior (septiembre-noviembre de 2018), siempre y cuando el crecimiento en números absolutos fuera de 6 o más electores. Esta selección arrojó un primer resultado de 112 municipios.

De esta cifra, descartamos aquellos ayuntamientos cuyo incremento solo hubiera tenido lugar en febrero. Tras la reciente modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) por la que se reconocía el derecho a votar a los discapacitados intelectuales, el censo electoral de residentes (CER) a 1 de febrero aumentó en unas 107.000 personas. Ante la posibilidad de que el incremento de febrero pudiera deberse a este motivo, hemos descartado estos y otros pocos casos en los que pudiera haber dudas razonables, añadiendo los ayuntamientos investigados hasta el CER de enero y comunicados a la Junta Electoral Central.