La Audiencia Nacional investigará la organización criminal del atún rojo ilegal

La magistrada María Tardón Olmos notificó este jueves a las partes personadas que acepta la inhibición de un juzgado de Picassent (Valencia) para investigar el caso de la organización criminal que, según las indagaciones de la Guardia Civil, habría importado anualmente, en avión y camiones, unas 1.250 toneladas legales de atún rojo y unas 2.500 en B, generando unos beneficios de unos 25 millones de euros en negro cada año.

La titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional se hace cargo de continuar las pesquisas iniciadas por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Instituto Armado, que detuvo en junio de 2018 a 79 personas en 12 provincias en la operación Tarantelo. La dimensión transregional e internacional de la investigación, en la que también están comprometidas las autoridades de Malta, Italia, Francia, la Comisión Europea y Europol, hacía perentorio que la competencia del enjuiciamiento recayera en la Audiencia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Llega a la Audiencia Nacional el mayor escándalo mundial por atún rojo ilegal

Marcos García Rey

El propio auto de diligencias previas firmado por la jueza Tardón Olmos señala que la instrucción es “compleja”, dado que “la existencia de una organización criminal" (que no grupo criminal) sitúa la investigación “ante un supuesto de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas y fraudes alimentarios que si bien tuvo uno de sus puntos de inicio en una nave del términio de Beniparrell, lo cierto es que de inmediato se produjo la actuación en seis comunidades autónomas del territorio nacional”. Se refiere la jueza a Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

El auto preliminar de la magistrada se centra en señalar a las empresas valencianas Pescnort Mar SL y Mafishval SL, que importaban atún ilegal desde Malta vía aérea y terrestre. Tardón Olmos señala a Khalid Mouslim como el conseguidor “de ejemplares capturados mediante pesca furtiva, así como la organización de la recepción, entrega, confección de documentos falsificados, reclutamiento de personas de confianza para operar la trama”.

Esas dos sociedades pertenecen a la misma familia, los Fernández Fernández. Entre ambas, facturaron en 2017 en A más de 23 millones de euros. En negro, nadie lo sabe con certeza. Una de sus naves, sita en el polígono industrial de la localidad valenciana de Beniparrell, era usada para recepcionar y almacenar la mercancía ilegal que luego era distribuida a varias provincias.

Llama la atención la escasa complejidad del auto de la magistrada María Tardón, dados la profundidad y el alcance transnacional de la investigación policial

Según las investigaciones de la Ucoma, Khalid Mouslim viajaba a varios países (Marruecos, Túnez, Malta y Turquía) para introducir atún rojo en B en la cadena comercial de España. Según el escrito de la Audiencia Nacional, Mouslim y los Fernández formaban parte de la sociedad General World Frozen SL, que usaban para “el blanqueo de capitales procedentes de la actividad ilícita”.

Fuentes policiales informan a El Confidencial de que el número de partes investigadas puede ampliarse porque hay fundadas sospechas sobre las actuaciones de otros operadores comerciales y altos funcionarios de países como Malta, Portugal o Marruecos. De hecho, la directora de Pesca de Malta, Andreina Fenech, fue suspendida 'sine die' tras la publicación de una exclusiva en este diario.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno maltés destituye a su jefa de Pesca por cobrar de la red española de atún

Marcos García Rey

Con el fin de seguir la instrucción, la jueza solicita la colaboración de la Ucoma para que remita un informe policial detallado sobre los tejemanejes de la organización criminal; del Ministerio de Sanidad y Consumo, por si las actividades de los supuestos delincuentes hubieran afectado la salud de la ciudadanía, y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Llama la atención la escasa complejidad del auto de la magistrada María Tardón, dados la profundidad y el alcance de la investigación policial transnacional que ha provocado la apertura de expedientes en el Gobierno de Malta, la reacción inmediata de la Comisión Europea y el compromiso de Europol en colaborar.

Es destacable también que el auto de la Audiencia Nacional únicamente cite el nombre de tres compañías de Valencia. Las indagaciones de la Guardia Civil apuntan a que otra veintena de sociedades estaría involucrada en la red criminal. Entre ellas, los oficiales de la Ucoma contaron a este diario que se encuentran empresas importadoras, distribuidoras, vendedoras en mercados mayoristas y otras dedicadas a la pesca y engorde de atún rojo de España y Malta.