El Gobierno decide exhumar a Franco el 10 de junio y enterrar sus restos en El Pardo

Todavía hay obstáculos judiciales por delante, y todavía se ha de pronunciar el Tribunal Supremo, pero el Gobierno no frena el procedimiento de exhumación de Francisco Franco. Y llegó este viernes al último paso administrativo: la decisión de exhumar al dictador del Valle de los Caídos y trasladar sus restos. Será el lunes 10 de junio, guardando el máximo "decoro", y será reinhumado en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde yace su esposa, Carmen Polo. Franco entra así definitivamente en campaña electoral. No hubo 'viernes social', pero sí una medida de profundo impacto y de pronunciada carga simbólica.

El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero dio un plazo de 15 días hábiles a la familia para que señalase un lugar alternativo a la cripta de la catedral de la Almudena, donde tiene comprometida una sepultura a perpetuidad, pero que el Gabinete de Pedro Sánchez veta por razones de orden público y por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Los nietos de Franco contestaron al Ejecutivo el pasado 7 de marzo insistiendo en la Almudena, donde reposa la hija del dictador y su esposo, sin ofrecer otro emplazamiento distinto. Anunciaron asimismo recurso contencioso-administrativo ante el Supremo, que presentaron al día siguiente y al que pidieron la suspensión del procedimiento. Los magistrados admitieron la impugnación pero aún no han resuelto si aceptarán o no esas medidas cautelares. El Gobierno cree que el TS no procederá a la suspensión, pero sí sería la única instancia que puede dar al traste con los planes de Sánchez.

[Consulte aquí en PDF el resumen de la conclusión del procedimiento de exhumación de Francisco Franco]

La vicepresidenta del Ejecutivo y responsable máxima del expediente, Carmen Calvo, fue la encargada de relatar este viernes este paso final, que se anuncia en pleno periodo electoral, a mes y medio de las generales del 28 de abril, por lo que los votantes ya tendrán esa fecha, la del 10 de junio, en la cabeza. Franco pasa a ser así un sujeto clave y claro de campaña. Sánchez podrá demandar a sus votantes la confianza en las urnas para culminar una promesa que formuló nada más acceder al poder y que no ha podido cumplir. Así, al menos, cara a los electores, el Gobierno puede esgrimir que ya hay fecha fija.

Una fecha, dijo Calvo, que se ha elegido por dos razones básicas: porque queda "al margen" de las dos convocatorias electorales que están por venir —el 28-A, legislativas y valencianas, y las municipales, autonómicas (en 12 CCAA) y europeas del 26 de mayo— y porque así se protege la "tutela judicial efectiva" de los familiares. Estos, recordó la número dos, han recurrido todas y cada una de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, y es muy probable que también impugne el acuerdo de este viernes. El Gobierno calcula que el Supremo, en el tiempo que media hasta el 10 de junio, podrá pronunciarse sobre las cautelares. Por otro lado, al poner fecha se concluye así el expediente que se inició el pasado agosto.

Calvo explica que se ha escogido la fecha porque queda "al margen" del 28-A y del 26-M y porque así se protege la tutela judicial efectiva de los nietos

Pero ese 10-J no es inocente. Para entonces, las Cortes Generales de la XIII Legislatura se habrán constituido —será el 21 de mayo— y habrán pasado los comicios del 26-M, pero será casi imposible que haya un nuevo Ejecutivo con plenitud de ejercicio. La previsión es que no se desatasque la gobernabilidad del Estado hasta pasadas las municipales, autonómicas y europeas. Y la primera fecha marcada en el calendario para saber el nuevo reparto de poder, y que es fija, será la constitución de los nuevos ayuntamientos, que con seguridad ocurrirá después del 10-J. En condiciones normales, en las épocas ahora lejanas del bipartidismo, sí era fácil montar una investidura apenas unos días después de formados Congreso y Senado. Pero, con un escenario a cinco, parece una entelequia que se pueda armar un nuevo Ejecutivo antes del 10-J. Tras las generales de 2015, la investidura fallida llegó a los dos meses y medio de los comicios, y luego hubo repetición de elecciones, y en 2016, Mariano Rajoy logró ser reelegido cuatro meses después. En 2011, con la mayoría absoluta lograda por el PP, la investidura de Rajoy se produjo un mes después de las legislativas. Ahora, solo una mayoría clarísima de PP, Ciudadanos y Vox y una negociación exprés podría hacer que un nuevo Ejecutivo estuviera al mando antes del 10-J.

Dicho de otra forma, la exhumación y reinhumación de Franco pillará muy probablemente al Gobierno de Sánchez en funciones, sin apenas posibilidad de que otro Gabinete haya entrado en la Moncloa, siempre y cuando se produzca un cambio de color.

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Efe

Sin medios delante

Para el Gobierno, el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, al oeste de Madrid capital, permite garantizar las condiciones de "dignidad y respeto", y también la "digna sepultura exigida", y por descontado se garantiza, alegó la vicepresidenta, la "intimidad" de los familiares, que podrán estar presentes tanto en el momento de la exhumación —pueden demandar, si lo desean, un oficio religioso, y el Ejecutivo no se opondrá—, como en el del traslado y el posterior enterramiento. También el Gobierno cree que Mingorrubio, pese a lo afirmado por la familia, "no plantea problemas de orden público y de seguridad ciudadana, ya que se ubica en un lugar aislado, no integrado en el centro de un núcleo urbano", a diferencia de la Almudena, en pleno corazón de Madrid, "ni se encuentra anexo a puntos, edificios e instalaciones estratégicas y/o emblemáticas". El panteón donde descansa Carmen Polo es de titularidad estatal —pertenece a Patrimonio Nacional—, por lo que se aseguran así condiciones de "decoro" y "respeto". Fuera, por tanto, casi 44 años después de su muerte, de una "tumba de Estado". En la nueva ubicación no cabría una "exaltación" del franquismo.

El Gobierno considera que El Pardo ofrece condiciones de seguridad y también garantiza la "dignidad y respeto" de la sepultura

No se permitirá el acceso a los medios de comunicación y se adoptarán las medidas necesarias, dice el Gobierno, para evitar el uso de "medios de captación y reproducción de imagen y sonido". La operación, pues, se hará sin publicidad, puesto que no se trata de un "espectáculo", en palabras de Calvo. Además, se hará en "la mañana" del 10 de junio. Cae en lunes, por cierto, el día en que Patrimonio Nacional, el titular del complejo, cierra el recinto. Lo que no podría impedir el Ejecutivo es que las cámaras sigan fuera de la basílica el traslado del cuerpo y su viaje por la concurrida autovía A-6 hasta Mingorrubio. Una imagen histórica para la democracia española y que con seguridad dará la vuelta al mundo.

La vicepresidenta insistió en que el Gobierno no interfiere en las decisiones judiciales, aunque lógicamente sí respetará y acatará lo que los tribunales determinen, "como no puede ser de otro modo". Pero también, dijo, tiene que seguir con el procedimiento en marcha en la parte que le compete, y por eso decidió este viernes señalar día y hora y lugar de enterramiento. Fuentes del Ejecutivo apuntan que ven improbable que el Supremo acceda a la paralización que pide la familia, porque el expediente es "impecable" jurídicamente y porque la decisión, en cualquier caso, no es irreversible, ya que si los magistrados decidieran al final, cuando entraran a conocer el fondo del asunto, que Franco ha de volver al Valle de los Caídos, sus restos podrían ser devueltos a la basílica. En la Moncloa se remiten al caso del general golpista José Sanjurjo: un juzgado de Pamplona desautorizó la exhumación que se había llevado de su cadáver, pero posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sí avaló la salida del cuerpo de la cripta de la capital foral y dio la razón al ayuntamiento de la ciudad.

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No paraliza Yusty ni hace falta licencia de obras

En cualquier caso, señalan en el equipo del presidente y de la vicepresidenta, hay tiempo de sobra para que el Supremo decida si paraliza o no la exhumación de Franco. El pasado 8 de marzo, la sección cuarta de la Sala Tercera del TS admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los familiares contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero. Ahora, la Abogacía del Estado prepara las alegaciones, en las que defenderá que el expediente siga su curso.

El Ejecutivo insiste en que la única instancia judicial que puede suspender el procedimiento es el Supremo, si es que admite las cautelares

El Gobierno también había tropezado con la decisión del titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty, que suspendió de manera cautelar la licencia urbanística que concedió el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial —donde se halla el Valle de los Caídos— al Ejecutivo. La Abogacía del Estado ya la recusado a este magistrado por su falta de "imparcialidad", ya que ha vertido opiniones contrarias a la Ley de Memoria Histórica. En paralelo, los servicios jurídicos están intentando que las 17 impugnaciones que el "entorno" de los Franco han presentado en distintos juzgados para paralizar la exhumación se acumulen en una sola causa, petición sobre la que se tendría que pronunciar el primer juez que decidió sobre este asunto, y que no suspendió la licencia.

Fuentes de la Moncloa también señalaron que no es necesaria una licencia de obras para sacar a Franco de Cuelgamuros. Se remite a lo que indica el propio real decreto ley del pasado agosto, y que convalidó el Congreso. Ahí se señala que el proyecto de exhumación se debe acoger a lo previsto en la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Este precepto dice que cuando es el Estado el que promueve "actos sujetos a intervención municipal previa y razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan", el ministro competente —en este caso ha sido la titular de Justicia, Dolores Delgado— podrá remitir al consistorio correspondiente del proyecto de obra, para que en un mes notifique su conformidad o disconformidad con la normativa urbanística en vigor. Ese paso ya está dado, y el Gobierno recabó del ayuntamiento sanlorentino su visto bueno.

"Instrumentos suficientes" para ejecutar

¿Y la Iglesia? Calvo subrayó que el Vaticano se ha pronunciado "formalmente" y ha insistido en que acatará la decisión de la "autoridad competente", que ella interpreta que es el Gobierno. El secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, sí le remitió el pasado mes una carta en la que reiteraba que la Santa Sede no se opone a que Franco salga del Valle de los Caídos, si bien admitía que existe una "controversia" que es objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo. La vicepresidenta esgrime por tanto ese plácet del Vaticano y también de la Conferencia Episcopal Española, presidida por Ricardo Blázquez, y de la Archidiócesis de Madrid. Pero el prior administrador de la abadía, Santiago Cantera, sigue encastillado, está alineado con la familia y ha reiterado que solo permitirá el acceso a la basílica si así lo autoriza el Supremo. No obstante, Calvo lanzó la advertencia: "En un Estado como el nuestro, el Gobierno tiene instrumentos más que suficientes para ejecutar los acuerdos del Consejo de Ministros". Herramientas que no concretó.

Calvo subraya que la decisión es "de obligado cumplimiento para cualquier Gobierno", no es reversible, salvo que se modifique antes del 10-J

La número dos remarcó que el acuerdo de este viernes no es reversible, de modo que habrá de ejecutarse, salvo que otro Ejecutivo llegue a tiempo para modificarlo. Fijada pues la fecha de la exhumación y el lugar de reinhumación, la decisión es "de obligado cumplimiento para cualquier Gobierno". "Solo cabe la modificación [del acuerdo] o la ejecución, no hay más que esto", planteó. Lo único que podría echar por tierra esta previsión del 10-J es, por tanto, que el Supremo suspenda de manera cautelar la operación.

Calvo declaró que le produce "satisfacción" el cumplimiento de las leyes, y en este caso, incidió, es eso lo que ha ocurrido, no es que el Gobierno haya dado "vueltas" hasta ponerle fecha a la ejecución. Explicó que podían haberse producido dos escenarios: uno, que la familia se hubiera hecho cargo de los restos del dictador, y en ese caso todo habría sido más rápido, y otro, que explorase al máximo las "garantías" que ofrece el Estado de derecho. Ha sido la sucesión de recursos y el agotamiento de los plazos administrativos legales lo que ha demorado una decisión que echó a andar el pasado agosto y que fue avalada por las Cortes. Ahora, todo queda en manos del Supremo y de lo que ocurra el 28-A. Todo puede suceder. Una maniobra que iba a ser sencilla, que pillaría "trabajando" a los periodistas en verano, se ha complicado hasta el extrema. Así que aún cabrían más piruetas.

El Ejecutivo impugna la comisión sobre la monarquía del Parlament con el aval del Consejo de Estado

El Consejo de Ministros de este 15 de marzo aprobó impugnar el acuerdo del Parlament de Catalunya por el que se creaba una comisión de investigación sobre la monarquía. 

La decisión ya fue adelantada a comienzos de esta semana por el Ejecutivo y se materializó este viernes, tras un informe favorable del Consejo de Estado, según explicó Carmen Calvo. 

El Gobierno acude al Tribunal Constitucional por su "radical discrepancia" por la decisión de la Cámara y por la "inexistencia de compejetencias" para hacer esta investigación por parte de un parlamento autonómico. La vicepresidenta recordó que ya llevó al TC una moción contra el rey Felipe VI aprobada por la Cámara catalana, en este caso contra el criterio del máximo órgano consultivo del Gobierno. El Ejecutivo, insistió, "no puede aceptar" que se "trate de investigar" la figura del jefe del Estado desde una comunidad autónoma. 

El 7 de marzo, el Parlament autorizó la creación de esa comisión con los votos de JxCAT, ERC, comunes y CUP, y la oposición de PSC, PP y Ciudadanos, informa EFE. El órgano pretende indagar sobre "las actividades delictivas o irregulares de personas vinculadas a la familia real, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña tras el [referéndum ilegal del] 1-O". 

La vicepresidenta también fue preguntada por la orden que la Junta Electoral Central (JEC) dio el pasado lunes al 'president', Quim Torra, para que retirara lazos amarillos y esteladas de los edificios dependientes de la Generalitat. Orden que el líder independentista ha incumplido. Calvo remarcó que "hay que cumplir" las resoluciones del órgano arbitral de los procesos electorales, y Torra por tanto "debe cumplirla" también. 

La JEC estudiará el próximo lunes el recurso de reposición del 'president'. "El Gobierno tiene que mantener en este caso la posición constitucional idónea que es cumplir con estas resoluciones, e instar a que se cumplan", señaló Calvo a los periodistas. No respondió si el Gobierno instará a la Fiscalía a que acuda al Supremo.