Puigdemont ocultó un informe interno que admitía corrupción masiva en la obra pública

La Guardia Civil descubrió el 2 de febrero de 2017 en un despacho de Infraestructures.cat, el organismo de la Generalitat encargado de centralizar la adjudicación de las grandes obras públicas, un informe interno elaborado por el Govern de Carles Puigdemont que admitía la existencia de graves irregularidades en la licitación de contratos durante la etapa de Artur Mas y ratificaba punto por punto las sospechas sobre la presunta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) mediante comisiones ilegales de constructores que luego eran recompensados con encargos millonarios. El informe fue terminado el 25 de octubre de 2016, en plena recta final del 'procés', pero el Ejecutivo independentista optó por meterlo en un cajón para que no trascendieran sus conclusiones.

Probablemente, nunca habría visto la luz si la Guardia Civil no llega a encontrarlo en la operación Pika, una de las últimas fases de la investigación contra el 3% que instruye en estos momento el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional y en el que ya están imputados el PDeCAT como sucesor directo de Convergència y también ex altos cargos del Govern como Germà Gordó. El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, estaba en la mesa de Pilar Matesanz, directora del Área de Contratación y Financiación de Infraestructures.cat, y habría sido elaborado por una comisión instructora en la que participaron, además de tres representantes del ente de la obra pública, altos cargos de las consejerías de Presidencia (dirigida por Neus Munté, del propio PDeCAT); Territorio y Sostenibilidad (encabezada por Josep Rull, uno de los más próximos a Puigdemont y también de la antigua CDC); Educación; Vicepresidencia y Economía y Hacienda, y Asuntos y Relaciones Institucionales y Transparencia.

La auditoría se centró en una muestra de 30 procedimientos de contratación tramitados por Infraestructures entre 2011 y 2015 que fueron escogidos de forma aleatoria. Por un lado, advertía de que los expedientes estaban fraccionados en el sistema interno de gestión, “planteando dudas sobre la integridad de la información recibida” por los encargados de la auditoría. De hecho, personal del ente de la obra pública catalana facilitó posteriormente trámites relacionados con las adjudicaciones que se encontraban fuera de los expedientes correspondientes. El informe llamaba la atención, asimismo, por el uso de plantillas y fórmulas genéricas para fundamentar decisiones que “requerían un grado de justificación más elevado”. “Las actas de las mesas de contratación analizadas son, en general, muy sucintas y, como se ha dicho, seguían modelos estándar”, señaló la comisión de expertos.

El informe hallado por la Guardia Civil también se detuvo en los procesos de valoración de las ofertas económicas y técnicas, el punto sobre el que pivotaban los amaños durante la etapa de Artur Mas. Los investigadores sostienen que Infraestructures.cat primó intencionadamente en las licitaciones de obra y servicios de ingeniería la parte técnica de las ofertas, cuya valoración depende de una evaluación puramente subjetiva, concediéndole a ese apartado hasta el 70% de la puntuación total del concurso, frente al 30% que otorgaba al apartado económico, que se basa en un criterio exclusivamente objetivo como es el precio. De ese modo, una manipulación de la valoración de la parte técnica era suficiente para condicionar el resultado del concurso. El sistema permitía incluso que una oferta muy cara terminara siendo la vencedora.

Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil sostienen que ese método habría sido utilizado masivamente por los gobiernos de Mas para amañar contratos a cambio de comisiones ilegales al actual PDeCAT y también de pagos directos a los principales implicados en la trama. La investigación interna escondida por Puigdemont aportaba nuevas evidencias que habrían permitido apuntalar las acusaciones contra muchos compañeros de partido y hasta la propia formación como persona jurídica. Las pesquisas se centran por ahora en medio centenar de adjudicaciones que habrían costado a las arcas públicas más de 200 millones de euros, pero los cifras son provisionales.

Por un lado, el informe admitía que la parte técnica se habría dividido recurrentemente en subapartados que consideraba “poco concretos y repletos de conceptos genéricos”, los cuales no ofrecían “ninguna ayuda para comprender qué es lo que se valora y cómo”. “No podemos considerar que los criterios de evaluación de las ofertas técnicas hayan estado suficientemente definidos a lo largo del periodo de estudio, dejando al técnico evaluador un amplio margen de subjetividad, al menos en lo que se refiere a la información que se publicita”.

El informe también reconocía que, “si los contratos de evaluación no eran suficientemente concretos 'a priori', tampoco los informes justificativos incluidos en los expedientes de licitación se pueden considerar clarificadores”. Es decir, que se utilizaban argumentos vagos para argumentar por qué la oferta técnica de una empresa obtenía más puntos que la de otra, dificultando de ese modo la fiscalización de los trámites. Cualquier excusa valía para beneficiar al presunto donante ilegal de Convergència.

Incluso si en una primera lectura la valoración técnica de la empresa que debía ser favorecida no era suficientemente alta para garantizar que se llevara el contrato, era habitual que intervinieran en el proceso los máximos responsables de Infraestructures.cat, sus entonces presidente, Joan Lluís Quer, y su director general, Josep Antoni Rosell, colocados ambos por Mas, para realizar cambios en la puntuación de ese apartado. “Como ya se ha comentado anteriormente”, rezaba el informe escondido por Puigdemont, “la escasa o nula justificación de las puntuaciones finales y el amplio margen de subjetividad de los criterios dificultan la extracción de conclusiones categóricas. No se puede afirmar que las primeras puntuaciones fueran siempre más correctas que las definitivas, ya que se han encontrado algunos casos donde, claramente, la valoración inicial no era la adecuada; pero también se han encontrado donde no se puede compartir la puntuación final”.

En todo caso, el informe descubierto por la Guardia Civil en la mesa de Pilar Matesanz confesaba que no había ninguna forma de saber quiénes habían intervenido en la valoración subjetiva del apartado técnico, “al no ser posible trazar el itinerario que han seguido las valoraciones ni la documentación de las diferentes valoraciones del proceso”. “No es posible saber quién ni cuándo hizo variaciones, ni en qué sentido ni con qué justificación, más allá de comparar la inicial con la final”.

De los 30 concursos analizados al azar por la auditoría interna del Govern, 15 se referían a licitaciones de proyectos y estudios técnicos de obra. El informe subraya que, de esos 15, en 14 se impuso la empresa que había logrado la mejor valoración en la parte técnica, ya que las ofertas económicas eran siempre muy parecidas. No era ninguna casualidad. Un grupo de firmas de ingeniería pactó un reparto ilegal de los contratos de la Generalitat. La Guardia Civil lanzó el pasado noviembre un dispositivo específico contra esta rama del 3% bajo el nombre de operación Colusorium, tras descubrir que estas empresas se habían concertado con los responsables de Infraestructures.cat para manipular las licitaciones de estudios y proyectos de obra a cambio de nuevas donaciones al actual PDeCAT.

No es casual que una de las principales compañías implicadas en esta derivada del 3% sea la consultora de ingeniería Audingintraesa. Joan Lluís Quer fue su presidente hasta 2011. De un día para otro pasó de dirigir esa empresa a sentarse en la cúspide de Infraestructures.cat. Supuestamente, vendió sus participaciones en su antigua sociedad. Pero la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han concluido que, en realidad, nunca se deshizo de ellas.

Ese cartel o pacto colusorio permitía a las empresas implicadas coordinarse para presentar ofertas económicas muy similares, por lo general, con un 9% de descuento sobre el precio inicial del contrato. De ese modo, conseguían condicionar la puntuación del apartado económico. Los competidores con propuestas más caras quedaban descartados automáticamente y los que hacían una rebaja superior al 9% quedaban eliminados por baja temeraria. Así, la trama también se garantizaba que el precio final de adjudicación era suficientemente alto como para generar un margen de dinero negro que luego servía para hacer las donaciones ilegales a Convergència.

El método era insuperable. El 70% de la puntuación del concurso correspondiente al apartado técnico era manipulado por los máximos responsables de Infraestructures.cat aprovechando la enorme discrecionalidad que les concedía el proceso. Pero si eso no era suficiente para que se impusiera la empresa previamente seleccionada, el cartel también expulsaba del sistema las compañías que no fueran corruptas pactando con antelación sus respectivas ofertas económicas para adulterar el otro 30%. Aparentemente, todo era legal. El proceso parecía tasado y daba la sensación de ser transparente. Pero tras esa imagen se ocultaba un mecanismo perfectamente engrasado para amañar cualquier tipo de contrato, por millonario que fuera. Dirigentes del Govern lograron describir cómo funcionaba la mafia del 3% en un informe, pero Puigdemont prefirió ocultárselo a los catalanes.