El reto de Marchena y el tribunal: ¿asumirán el escaño Junqueras, Rull, Turull y Sànchez?

El juicio del 'procés' y la campaña de las elecciones generales del 28-A transcurren paralelos pero, en ocasiones, se entrecruzan. Una de esas intersecciones se convertirá en otro de los retos del tribunal que juzga en estos días a los políticos independentistas y que preside el magistrado Manuel Marchena. Y no es un reto menor. Los siete jueces tendrán que decidir cómo proceder de cara a la designación como diputados nacionales de nada menos que cuatro presos preventivos, incluidos en los primeros puestos de las listas de sus respectivos partidos. Las defensas han convertido la vulneración de sus derechos politicos en uno de los puntales para futuros recursos en Estrasburgo.

ERC ha colocado a Oriol Junqueras a la cabeza para las generales mientras que el PDeCAT incluye como tres primeros nombres por Barcelona a Jordi Sànchez y los 'exconsellers' Jordi Turull y Josep Rull. Y el Congreso no es el Parlament de Cataluña, donde se reprodujo una situación similar tras las anticipadas autonómicas impuestas por el 155. Los reglamentos de ambas cámaras difieren, y en la nacional se exige una presencia física para adquirir la condición de diputado que en Barcelona se solventaba con una autorización escrita.

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La suspensión de funciones que impuso en la instrucción el juez Pablo Llarena no se extiende a esta circunstancia, como precisa el mismo 384 bis que esgrimió entonces. El artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice, en concreto, que se aplicará cuando sea "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes" y para "el procesado que estuviere ostentando función o cargo público". Es decir, para la función que ejercían, en pasado, y no la que ejercerán, en futuro.

Convertirse en diputado

El Congreso deja bien claro en su reglamento qué hay que hacer para convertirse en diputado. Hay tres condiciones ineludibles. El diputado que sea proclamado electo adquiere esa condición si presenta en la Secretaría General la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración electoral, cumplimenta su declaración de actividades en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y presta, en la primera sesión del pleno a que asista, la promesa o juramento de acatar la Constitución. Todo eso, de forma presencial.

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Así pues, sus señorías presos tendrán que reclamar al tribunal autorización para salir de prisión y acudir a la Cámara Baja al menos esas dos veces: recogida del acta y sesión constitutiva. La ironía de la tercera circunstancia no se le escapa a nadie. Tendrán que prometer o jurar acatar la Constitución, el mismo texto que se saltaron a la torera en la escalada de hechos que les han llevado tanto a la cárcel, al banquillo y a la amenaza de una condena de hasta 25 años en el caso de Junqueras.

La cuestión aún puede complicarse más si los diputados presos electos quieren integrarse en alguna de las comisiones del Congreso o reclamar acudir a todos o a algunos de los plenos. Debates como el de investidura resultan tan golosos que se hace dificil pensar que los diputados en reclusión no quieran estar presentes. Aquí entra el segundo toro que tendrá que lidiar el tribunal. El voto.

Imaginemos que los diputados electos y en prisión han sido autorizados a dar esos pasos previos que les convierten en los titulares de un escaño nacional. Como tales, deben votar. Y para hacerlo, solo hay dos formas. O estar o recurrir al sistema telemático. El reglamento se ocupa también de esta cuestión y prevé que se pueda hacer a distancia en algunas circunstancias, ninguna de ellas un encarcelamiento preventivo. Dice así: "El voto de los diputados es personal e indelegable". Nada de votar por persona interpuesta, como se decidió en el Parlament.

Opinión

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También dice que se computarán como presentes en la votación los miembros de la cámara que, pese a estar ausentes, hayan sido expresamente autorizados por la Mesa para participar en la misma. Y prevé la posibilidad de votar telemáticamente para "los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave". En cuanto a la asistencia, el encaje de bolillos que debe entretejer el Supremo incluye también la disposición de la regla parlamentaria: "Los diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del pleno del Congreso y de las comisiones de que formen parte". La norma se aplica, en cualquier caso, de forma bastante laxa y hay que remontarse a 1992 para encontrar una sanción de retirada de la retribución, que se impuso después de una inasistencia de dos años.

Los precedentes de una situación similar se cuentan con las manos y siempre llevan a diputados de la izquierda 'abertzale' y a la cámara autonómica vasca. Protagonistas más recientes, de los últimos noventa, fueron José Antonio Etxeberria y Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'. Ambos obtuvieron permiso de los tribunales competentes para la recogida de acreditación, pero luego se les negó la asistencia a plenos, en base a los delitos terroristas que se les atribuían. También se recuerda el conocido como caso Yoldi. Juan Carlos Yoldi pudo defender su candidatura a lendakari pese a cumplir prisión provisional. Pase lo que pase, la decisión que se adopte sentará precedente.