El Pacma enfurece a agricultores y ganaderos: "Buscan nuestra ruina"

Por primera vez en muchos años de activismo, el partido animalista Pacma ha logrado agitar el avispero lejos de las grandes ciudades, en pueblos de provincias donde sus siglas sonaban hasta hoy como algo exótico. A finales de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) suspendió cautelarmente la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma en base a un recurso interpuesto por el Pacma contra el Reglamento de Caza, el decreto que regula la actividad. Este miércoles, ese mismo tribunal apuntaló el ataque de los animalistas paralizando también la Orden de Caza, documento que especifica qué especies y cuántos ejemplares se pueden cazar, un hecho que obstaculiza la reanudación inmediata que preveía la Junta de Castilla y León. El Pacma califica ambas decisiones de históricas y advierte de que repetirá la operación en más autonomías hasta lograr la "extinción" de la caza.

Estas decisiones judiciales han levantado una enorme polvareda y no precisamente entre los cazadores. Alcaldes, agricultores y ganaderos se echan las manos a la cabeza ante lo que consideran "la ruina más absoluta" para sus pueblos y sus negocios si la jueza Ana María Martínez Olaya, presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, prolonga esta suspensión. En una autonomía mayoritariamente rural y empobrecida, los cotos de caza suponen un ingreso de dinero fundamental para los municipios, en algunos casos llegando a alcanzar el 50% del presupuesto anual. Para los agricultores y ganaderos la caza también es importante. A los primeros, les permite mantener a raya a la fauna salvaje, evitando que la superpoblación arrase sus cultivos. A los segundos, les permite controlar el posible contagio de enfermedades a su cabaña ganadera.

"Mi pueblo se está jugando la mitad del presupuesto con esto. Si se alarga y perdemos la actual campaña de caza el municipio va a quebrar, así de claro. Ya veremos si podemos pagar al secretario municipal", reacciona Susana Pardo, agricultora y alcaldesa pedánea de Mazuelo de Muñó, municipio de Estépar (Burgos), 643 habitantes. "Mazuelo tiene 42.000 euros de presupuesto más las subvenciones. El coto nos da 22.000 euros. Habrá que pensar en dejar de prestar servicios o arreglar las averías. Estamos ante un problema muy gordo, un ataque frontal a los pueblos. Están buscando nuestra ruina".

La Junta estima en 506 millones de euros y 8.000 empleos el volumen de negocio que genera la caza

La Junta estima en 506 millones de euros el volumen de negocio que genera la actividad cinegética en la comunidad, con 8.000 empleos vinculados a ella. Los pocos hostales, bares y restaurantes que resisten en los montes y llanuras castellanoleonesas dependen fuertemente de la visita de cazadores los fines de semana para sostener sus negocios de octubre a febrero y de abril a junio.

Las conclusiones son unánimes. "Si esto se prolongase tres o cuatro años, veríamos un éxodo masivo del mundo rural. Ya estamos sufriendo problemas de saneamiento ganadero porque se nos comen los cultivos. Una sola temporada sin caza es algo catastrófico", sostiene Aurelio Pérez, coordinador general del sindicato agrario COAG en Castilla y León. "Estamos preocupadísimos, el tribunal ha cometido un error de bulto. Ya hay ayuntamientos que no saben cómo harán frente a los gastos de personal y cómo mantendrán los servicios mínimos", subraya Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León.

Una consecuencia inmediata ha sido la suspensión de la subasta de animales prevista para este sábado en la Reserva de Caza de la Sierra de la Culebra, en Zamora. La decisión se toma "a la espera de tener una solución definitiva y de garantía que permita la práctica de la caza ya en la presente campaña". Eso supone la devolución de 65.000 euros de cupos de caza de lobo asignados en la anterior subasta. Solo en Zamora se estima en 200.000 euros directos lo que hay en juego. Hay ciertos cotos, como los de cabra montesa, donde se llega a pagar 30.000 euros por el aprovechamiento.

Laura Duarte, portavoz del Pacma, considera estos miedos exagerados. "No dudamos del impacto económico en determinados lugares de Castilla y León, pero la caza no es el sustento económico del mundo rural, sino la base del negocio de algunas personas que tienen intereses en esta actividad". Es más, Duarte rechaza de plano la tesis sostenida por alcaldes y agricultores porque lo realmente importante de cara al futuro es proteger el medio ambiente, no el problema inmediato del dinero no ingresado para el cual se deben estudiar alternativas.

"No se puede abordar esto como un problema económico cuando lo que está en riesgo es el medio ambiente", sostiene. "Las consecuencias futuras de seguir permitiendo la caza pueden ser irreparables. El auto aprecia que por encima de todo están los intereses ecológicos. La caza no solo mata animales, también contamina los acuíferos por culpa del plomo, crea desequilibrios entre especies y genera cambios en los ecosistemas por el movimiento de las poblaciones. Hay que actuar de inmediato. Es mentira que la economía rural se vaya a hundir si no hay caza".

"Es mentira que la economía rural se vaya a hundir si no hay caza", sostiene el Pacma

El Pacma ha sabido aprovecharse de una ley anticuada y poco precisa para dar este golpe de efecto. Primero tuvo éxito recurriendo el Reglamento de Caza por falta de información clara sobre cómo se conservan las especies cinegéticas, cómo se controla su población y cuál es su distribución geográfica. Ahora ha logrado suspender la Orden de Caza, que especifica qué especies y cuántos ejemplares se pueden cazar. Hace varios años que no se efectúa un censo en Castilla y León, y ante la duda razonable de cuántos ejemplares hay y qué especies podrían encontrarse en peligro, la jueza Martínez Olalla ha paralizado cautelarmente la actividad. Este fallo es recurrible y en ningún caso firme.

"Esperamos que todo quede resuelto este mes", adelanta el coordinador de COAG. "Afortunadamente todos los partidos políticos y la Junta han reaccionado en el mismo sentido, todos entienden que la caza es fundamental para la supervivencia del mundo rural. Esperamos que se redacte y se presente una propuesta de ley clara y concisa que recoja las especies cinegéticas y regule la caza con claridad. La ley actual está mal hecha y es normal que si alguien la recurre el juez le dé la razón". La Junta le ha dado prioridad a la confección de esta nueva ley, que actualiza la de 1996 y ha de quedar aprobada antes de la disolución de las cortes autonómicas.

Todos los partidos de las Cortes autonómicas se han dado prisa por redactar y aprobar una nueva ley antes de la disolución previa a elecciones

Para el Pacma, este frente común para tumbar su acción judicial y ganar la batalla es un mal síntoma. "Prefieren proteger al cazador en lugar de a la fauna silvestre", se lamenta su portavoz. "Aunque yo no daría por seguro que esa ley implique la vuelta de la caza, porque el reglamento está suspendido por orden judicial". La clave estará en si el TSJCyL aprueba el recurso presentado por la Junta para levantar la suspensión. De lo contrario, el problema puede enquistarse mucho más.

La situación es, en realidad, muy tensa desde hace tiempo. En abril de 2018, una concentración de agricultores damnificados por la plaga de conejos en Castilla-La Mancha terminó con tensión y un herido por la acción policial cuando los manifestantes trataban de irrumpir en el Parlamento autonómico en Toledo.

Acusaciones cruzadas

Animalistas y gente del mundo rural se echan los trastos a la cabeza sobre quién es el responsable del actual desequilibrio de especies salvajes. Agricultores y ganaderos insisten en que el descenso de cazadores en los montes, producido en buena medida por el abandono de los pueblos, hace que especies como el jabalí, el conejo y el corzo campen a sus anchas. Incluso el lobo, que ya alcanza 2.000 ejemplares en Castilla y León. Por contra, los animalistas aseguran que la culpa es de los cazadores, que realizan sueltas incontroladas de ejemplares para luego poder darles muerte en los cotos.

En efecto, existen las sueltas y hay un negocio regulado en torno a ellas. Los animalistas también señalan la degradación de los hábitats naturales para argumentar que en realidad no hay superpoblación, sino un desplazamiento masivo de ejemplares hacia zonas donde pueden encontrar comida, entre ellas los núcleos urbanos que tantas alarmas está provocando.

Lorenzo Jiménez es alcalde de Villardeciervos, en la Sierra de la Culebra de Zamora, y es de los pocos alcaldes que se encuentra dividido. Por un lado, se reconoce conservacionista y poco amigo de la caza, pero por el otro entiende que es un negocio fundamental para la supervivencia de muchos municipios y familias al que es complicado encontrarle una alternativa. "Esto es más complejo que si unos tienen razón o no. En los pueblos tampoco podemos decir que seamos unos grandes gestores de la fauna silvestre. Cuando se autoriza una batida de zorros, por ejemplo, a los tres meses salen los sindicatos diciendo que hay demasiados conejos. Es lógico que si matas los zorros se disparen los conejos. Necesitamos regular mejor todo esto".

En Villardeciervos, en la zamorana Sierra de la Culebra, dependen poco de la caza. El municipio ingresa 7.000 euros por su coto, una cifra modesta, y el alcalde asegura que las visitas de turistas para observar la naturaleza dan más dinero a los negocios locales que la caza. No obstante, la tónica general en municipios menos atractivos para el turismo es que la caza copa un porcentaje muy elevado de pernoctaciones y gasto en restaurantes, bares y tiendas locales.

Javier Faúndez es presidente de la mancomunidad Tierras de Aliste, alcalde de Trabazos y Senador del Partido Popular por Zamora. Los cotos de su municipio, que engloba a cinco pueblos y 967 habitantes, generan 30.000 euros. En su caso, como en otros muchos ayuntamientos, los derechos cinegéticos están cedidos a las juntas vecinales, que lo revierten en labores de siembra, desbroce y plantación de árboles o mantenimiento de caminos. "Prolongar esta suspensión sería demoledor para el comercio. Hablamos de algo tan sencillo como un apicultor que por culpa del odio que cierta gente tiene a la caza no puede vender su miel y no tiene dinero para vivir. El Pacma es un conglomerado de personas idealistas que no tienen contacto ninguno con el mundo rural, y piensan que es un paraíso venir 15 días al año a ver animalitos correr por los campos sin pensar en quién les alimenta todo el año, que son los agricultores perdiendo miles de euros en cosechas".

El Pacma son idealistas que quieren venir 15 días al año a ver animalitos correr por los campos

Faúndez va más allá y asegura que "ya hay agricultores en muchas zonas de Castilla y León que tiran la toalla y no siembran porque es tal el censo de caza mayor y de conejos que es inviable cultivar nada". La alcaldesa de Mazuelo de Muñó también es muy crítica: "Una cosa son los documentales en la tele y otra la realidad. Hay que vivir en el medio rural y ver los animales para opinar. En mi pueblo ahora hay corzos cuando nunca los ha habido. Hay gente vallando las viñas porque los animales se las comen. ¿Saben en el Pacma que los animales salvajes también comen? Yo soy agricultora y puedo decir que, si no se controla, la población de jabalíes o conejos arrasan tu trabajo. Es muy bonito querer ver a los animales corretear por el campo con el dinero de otros".

Desde el Pacma rechazan la acusación de urbanitas sin conocimiento rural. "Yo misma he vivido muchos años en un pueblo y conozco cuáles son los problemas de los entornos rurales, y no son justamente los que dicen los cazadores. No entiendo que nos ataquen cuando somos quienes más nos preocupamos del mundo rural", se defiende Duarte.

Terror a un contagio

Más allá del peligro para los cultivos, en Castilla y León todos temen por la expansión del jabalí, que ya es plaga en varios lugares de la península, animal que se convierte en perfecto portador de la fiebre porcina africana, capaz de arruinar la potente cabaña porcina castellanoleonesa. "Hablamos de un negocio de 7.000 millones de euros. Si sale un caso de peste porcina africana nos cargamos todo sector porque no podremos exportar", advierte el coordinador de COAG. Alemania y Francia ya han creado cordones sanitarios para protegerse de esa enfermedad que en Europa afecta a ejemplares principalmente de Rusia y Rumanía.

El gran problema de base en la guerra entre el Pacma y los representantes del mundo rural es que no existe posibilidad de entendimiento. Empresarios y algunos ecologistas están dispuestos a negociar un cupo de especies y ejemplares aptos para la actividad cinegética, pero los animalistas, con el Pacma a la cabeza, rechazan cualquier diálogo que entrañe matar un solo animal. "Tenemos capacidad de encontrar soluciones más fáciles e inmediatas que abatir animales para controlar las poblaciones, como es la esterilización, la devolución de especies a su hábitat o el vallado de carreteras para no poner en peligro vidas humanas", sostiene el partido. En el otro lado, la reacción vuelve a ser la misma: el Pacma no ha entendido nada.