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La AN confirma la multa a ANC por vulnerar la protección de datos de sus propios socios
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40.000 euros de multa

La AN confirma la multa a ANC por vulnerar la protección de datos de sus propios socios

Los magistrados también han confirmado la multa de 200.000 euros por recabar datos ideológicos de millones de catalanes mediante una encuesta previa a la consulta del 9-N

Foto: Concentración de apoyo a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell organizada por la ANC. (EFE)
Concentración de apoyo a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell organizada por la ANC. (EFE)

La Audiencia Nacional ha confirmado las multas de 200.000 y 40.000 euros impuestas por la Agencia de Protección de Datos a la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La primera de ellas responde a cómo la organización recabó datos ideológicos de millones de catalanes con una encuesta realizada los meses previos a la consulta del 9-N de 2014, sanción que también se impuso a Òmnium Cultural, mientras que la segunda se basa en que vulneraron la protección de datos personales de sus propios socios, lo que permitió que fueran publicados por el movimiento internacional de ciberactivistas conocido como Anonymous.

En una sentencia, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestiman el recurso planteado por ANC y confirma ambas sanciones, la primera de ellas por infracción muy grave y la segunda por infracción grave, considerando ambas resoluciones “conformes a derecho”.

Foto: Vista de una gran estelada durante la manifestación independentista convocada el 11 de septiembre. (EFE)

Vulneración de la protección de datos

La multa de 40.000 euros responde a un fichero de la ANC denominado “Associats” en el Registro General del Protección de Datos, carpeta que contiene datos personales de socios, colaboradores y simpatizantes que ofrecen información sobre su ideología, afiliación sindical o incluso situación económica y financiera. La sentencia de la Audiencia Nacional se remonta en este sentido a lo ocurrido el 5 de abril de 2014 en una Asamblea General celebrada por a ANC en Tarragona, acto en el que la organización puso a disposición de los asistentes una aplicación que les permitía acceder a través de Internet a sus datos personales contenidos en dicho fichero mediante la introducción de su DNI.

La iniciativa fue entonces aprovechada el 4 de septiembre por el grupo autodenominado 'Anonymous Cataluña', que publicó a través de su perfil en Facebook un conjunto de datos de socios de la ANC como los relativos a número de asociado, nombre y apellidos, DNI, correo electrónico, tipología de socio e incluso deuda. La ANC interpuso entonces una denuncia en la que expuso que el acceso a los datos pudo realizarse a través del archivo cens.ql, que era una exportación de la base de datos de socios de la ANC realizada por la Asamblea General de Tarragona el 5 de abril.

Foto: Corte de tráfico organizado por los CDR en la AP-7 a su paso por L'Ampolla. (EFE)

Para los magistrados, en las actuaciones ha quedado probada la falta de medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seguridad de los datos personales contenidos en el fichero, así como en la aplicación web puesta a disposición de los asociados para que pudieran verificar la posibilidad de participar en la misma, pues permitía acceder a dicho fichero mediante el número de DNI sin solicitar ninguna contraseña de acceso a los datos.

Esa falta de medidas de seguridad, asegura la sentencia de la Audiencia, posibilitó que un tercero no identificado accediera al perfil de los 53.818 asociados registrados en el momento del acceso, obteniendo los datos personales de todos ellos. El tribunal subraya además que en este caso la propia ANC ha reconocido su responsabilidad por la citada incidencia en el escrito de alegaciones.

Recabar datos ideológicos

En lo que se refiere a la multa de 400.000 euros por recabar "datos ideológicos" de millones de catalanes, los hechos se remontan a octubre y noviembre de 2014, cuando la organización visitó hasta tres millones de domicilios para que los ciudadanos respondieran a seis preguntas relacionadas con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de ese mismo año.

Según explican los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso en su sentencia, la encuesta se llevó a cabo por correo postal y con 30.000 voluntarios que se dividieron por áreas geográficas para ir "casa a casa". Los encuestadores “cumplimentaban los formularios de aquellos ciudadanos que así lo deseaban" y, cuando no les abrían la puerta pero consideraban que podían tener cierta "receptividad" al movimiento independentista, "se preveía la posibilidad de entregar el folleto o depositarlo en el marco de la puerta para que lo remitieran por correo”, explican los magistrados. "Su finalidad principal era (conforme a programa de formación de los encuestadores) llegar a todos los lugares del país, escuchar a la gente, no convencerla, acercarse a los indecisos con argumentos de un país nuevo y mejor, desvanecer temores".

La asociación creó para ello un fichero en el que recogía las respuestas recibidas tanto por correo como por los voluntarios, entregándose las mismos en 20 locales que tenía la entidad repartidos por toda Cataluña. Tras tener conocimiento de los hechos, la Agencia de Protección de Datos abrió entonces una inspección y accedió a la aplicación donde figuraban un total de 82.814 encuestas, que incluían tanto respuestas como datos personales de los encuestados. La Audiencia Nacional sostiene en este sentido que la organización podía asociar los datos a un domicilio concreto, “por lo que se puede llevar a cabo la identificación sin grandes esfuerzos y no es posible apreciar la disociación en los términos previstos [en la Ley de Protección de Datos]”.

Las seis preguntas de la encuesta

1. Si Cataluña fuera un estado tendría entre 8.000 y 16.000 millones de euros más. ¿Cómo piensa que se deberían gastar?

a) Mejorar las infraestructuras (carreteras, aeropuertos)

b) Mejorar los servicios del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones)

c) Bajar los impuestos

 

2. Si construimos un país nuevo estará en nuestras manos decidir cómo deben ser los servicios públicos. ¿Qué piensa que es más prioritario?

a) Blindar el sistema sanitario público de calidad.

b) Mejorar la enseñanza y todo el sistema universitario.

c) Garantizar una vivienda digna para todos.

 

3. Construir un nuevo país nos permitiría partir de cero y renovar la democracia. ¿Qué le parece más prioritario?

a) Regular los sueldos de los políticos y la acumulación de cargos.

b) Evitar la corrupción con mucho más control.

c) Exigir transparencia para saber cómo se gasta nuestro dinero.

 

4. Cataluña forma parte de la UE desde 1986 y paga más de lo que recibe: si es un estado independiente, cumple todos los criterios para seguir siendo miembro de la UE. ¿Qué le parece más importante de la relación Cataluña-Europa?

a) Tener el euro.

b) Asegurar las relaciones comerciales con los demás países europeos. 

c) Ya decidiremos si queremos o no continuar en la UE.

 

5. Los principales partidos que impulsan la consulta reclaman que, en el nuevo país, el castellano sea oficial, además del catalán. ¿Qué opina? 

a) Es normal, muchos catalanes tienen el castellano como primera lengua.

b) El catalán ha de tener un estatus de lengua nacional y el castellano ha de ser protegido para que nadie pueda ser discriminado por motivos lingüísticos.

c) Lo más importante es que en Cataluña se hablen el máximo de lenguas: el catalán, el castellano y muchas más.

 

6. Y una última pregunta, ¿Irá a votar el día 9 de noviembre?

a) Iré a votar y ya tengo decidido mi voto.

b) Iré a votar y ya decidiré mi voto.

c) No iré a votar.

La Audiencia Nacional ha confirmado las multas de 200.000 y 40.000 euros impuestas por la Agencia de Protección de Datos a la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La primera de ellas responde a cómo la organización recabó datos ideológicos de millones de catalanes con una encuesta realizada los meses previos a la consulta del 9-N de 2014, sanción que también se impuso a Òmnium Cultural, mientras que la segunda se basa en que vulneraron la protección de datos personales de sus propios socios, lo que permitió que fueran publicados por el movimiento internacional de ciberactivistas conocido como Anonymous.

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