El Gobierno congela la sucesión del ducado de Franco para presionar con la exhumación

Carmen Martínez-Bordiú no es duquesa de Franco. A pesar de que el 'Boletín Oficial del Estado' publicó el pasado 4 de julio la transmisión del título, el Ministerio de Justicia tiene congelado desde entonces el siguiente trámite. La ministra Dolores Delgado no ha remitido a Zarzuela la 'real carta de sucesión' con la que se hace oficial la transmisión una vez que la firme Felipe VI, y no lo hará antes de las elecciones, según fuentes conocedoras del caso. La congelación de la sucesión llega cuando el Gobierno está intentando, sin éxito, una negociación de última hora con la familia Franco para que acepte la exhumación del dictador.

Un día antes de dejar el cargo, el último ministro del Justicia con el PP, Rafael Catalá, firmó la sucesión del ducado de Franco. Tras la muerte de Carmen Franco, el título nobiliario pasaba así a Carmen Martínez-Bordiú. El Gobierno del PSOE se encontró el relevo hecho. Aunque en público anunciaron que intentarían anular el ducado, en privado algún cargo respiró aliviado por no tener que firmarlo.

Sin la 'real carta de sucesión' no hay título. Catalá no completó el trámite y Delgado lo ha congelado

Pero el trámite no estaba completo. Una vez en el BOE, Justicia debe enviar al Rey la 'real carta de sucesión' que, una vez firmada por Felipe VI, hace efectiva la sucesión. Así consta en el BOE. En la orden, Catalá dispone que "previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Franco, con Grandeza de España, a favor de doña María del Carmen Martínez-Bordiú Franco, por fallecimiento de su madre, doña Carmen Franco Polo". Ese trámite suele demorarse un par de meses, pero desde entonces han pasado ocho y no ha ido todavía.

Fuentes conocedoras del procedimiento explican que esa real carta de sucesión se fabrica en un papel especial y va firmada por la ministra de Justicia y por Felipe VI tras el pago de un impuesto de unos 2.750 euros. Hasta que el noble no tiene esa carta, no está legalmente en la posesión del título. En la carta, de unos tres folios, el Rey afirma que sirve "para que os podáis llamar y titular duquesa de Franco como yo desde ahora os titulo duquesa de Franco". Luego se inscribe en el elenco de títulos. El de Carmen Martínez-Bordiú no está en ningún registro de los nobles porque hasta que el Rey no lo mande no está.

Ni el Ministerio de Justicia ni la familia Franco quisieron el jueves comentar esta situación, que convierte el ducado en una palanca más de negociación entre el Gobierno y los Franco en un momento en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca a la desesperada un acuerdo para poder exhumar al dictador antes de las elecciones del 28-A.

La pasada semana, un intermediario se reunió con el abogado de los Franco para ofrecerles enterrar al dictador en el cementerio de El Pardo, donde tienen en uso un panteón que es propiedad de Patrimonio, si renunciaban a inhumarlo en la catedral de la Almudena, en pleno circuito turístico de la capital. El Gobierno les ha ofrecido seguridad junto a la sepultura para evitar profanaciones y que la exhumación se produzca con una misa y en presencia de los familiares y no de forma clandestina.

Pero el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera Molina, declinó la oferta. La familia y la Fundación Francisco Franco han emprendido una ofensiva judicial con la que, de momento al menos, están consiguiendo retrasar la exhumación. El Tribunal Supremo avisó al Ejecutivo de que no moviera una losa sin permitir que la familia recurriera —algo que el jueves anunciaron que harían—, y un juez de lo contencioso de Madrid ha suspendido cautelarmente la licencia urbanística.

Pero el Ejecutivo ha agitado distintos resortes con los que presionar. A la familia, con el ducado y la posible expropiación del Pazo de Meirás; a la fundación, con la ilegalización, y a la Iglesia, con las inmatriculaciones de bienes y con el IBI de inmuebles no religiosos. Pero el tiempo corre en su contra. Las Cortes están disueltas y aunque el Gobierno no está en funciones hasta después de las elecciones y ha anunciado que gobernará "hasta el último minuto", los tribunales van ralentizando sus iniciativas.