nuevo informe de la guardia civil sobre el 'procés'

Puigdemont ideó un plan para recaudar las pensiones de los catalanes con IBM y Deloitte

La Guardia Civil descubre que el Govern de Carles Puigdemont montó un organismo para quedarse con las cotizaciones de los trabajadores catalanes y gestionar el pago de todas las prestaciones

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (Reuters)
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (Reuters)

La Guardia Civil ha descubierto que el Govern de Carles Puigdemont diseñó un “sistema de cortafuegos” para apropiarse de las cotizaciones de todos los trabajadores de Cataluña tras la declaración unilateral de independencia (DUI). El proyecto fue desarrollado en secreto durante meses por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, bajo el liderazgo de la consejera Dolors Bassa, y habría contado con el apoyo de consultoras y tecnológicas como Deloitte e IBM, entre otras grandes compañías del sector, según recogen informes policiales a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Oficialmente, la estrategia del Govern pasaba por conseguir una “ruptura pactada con el Estado” para que la porción de la caja de la Seguridad Social que teóricamente pertenecía a los trabajadores, desempleados y pensionistas de Cataluña quedara de forma ordenada bajo el control de la Generalitat. A partir de ese momento, las empresas catalanas tendrían que abonar las cotizaciones de sus empleados a la seguridad social de la nueva república y esta se encargaría de gestionar luego el pago de las prestaciones por desempleo, los subsidios por incapacidad y las pensiones por jubilación que correspondieran a cada beneficiario.

Sin embargo, los investigadores han averiguado que Puigdemont centró todos sus esfuerzos en preparar un escenario mucho menos amistoso y que había permanecido oculto hasta ahora. Ese plan B partía de la hipótesis de una “desconexión forzosa” con el Estado y consideraba prioritaria la creación de una seguridad social catalana preparada para recaudar cotizaciones al margen de la Administración central para que, al día siguiente de la independencia, el nuevo país pudiera cobrar y pagar las prestaciones de sus ciudadanos.

La Agencia Catalana de Protección

Las pruebas de este plan fueron localizadas por la Guardia Civil durante los registros de la operación Anubis, el 20 de septiembre de 2017, en los despachos de varios altos cargos del Departamento de Trabajo, y las conclusiones de su análisis figuran en un nuevo atestado incorporado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona al que ha tenido acceso este diario. Según los agentes, los documentos revelan que el Govern empezó a trabajar al menos en octubre de 2016 en la creación de un organismo que asumiera todas las competencias de la Seguridad Social en Cataluña ante una ruptura unilateral con el Estado. El Ejecutivo de Puigdemont incluso le puso nombre: se llamaría Agencia Catalana de Protección Social (ACPS).

Gran parte de la información sobre esa nueva entidad pertenecía a David Franco, responsable del Programa de Transformación Digital de la Protección Social, encuadrado en el Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la consejería. Los investigadores hallaron anotaciones en una libreta de color naranja que indicaban que, un año antes de la consulta, Franco ya estaba coordinando la parte técnica de un proyecto para poner en funcionamiento la Agencia Catalana de Protección Social.

Las notas manuscritas también apuntan a que Deloitte asumió el desarrollo del organismo y se convirtió en la empresa encargada de “realizar el seguimiento de su despliegue”, según los informes policiales. Lo cierto es que el nombre de la consultora aparece en varias páginas de esa libreta descubierta en el Departamento de Trabajo. El propio Franco escribió de su puño y letra que Deloitte cobraría por ese servicio 197.508,50 euros IVA incluido. La Guardia Civil no especifica si el dinero llegó a pagarse.

El visto bueno del hombre de Junqueras

La libreta de Franco también desvela que la creación de la Agencia Catalana de Protección Social fue directamente aprobada y supervisada por Josué Sallent, uno de los 14 detenidos en la operación Anubis y mano derecha de Oriol Junqueras en el polémico Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, el ente público encargado de contratar, gestionar y mantener los recursos digitales de la Administración catalana, que jugó un papel decisivo en la organización del 1-O. La implicación de Sallent es la prueba de que el Govern concedió la máxima importancia a este proyecto, considerado una de las llamadas estructuras del nuevo Estado.

Junto a Deloitte, también aparecen en la libreta otras empresas que habrían estado involucradas en el proyecto. Una de ellas es Hewlett Packard (HP), que habría facilitado un centro de procesamiento de datos (CPD) para almacenar toda la información que necesitaba la Agencia Catalana de Protección Social para funcionar y ser efectiva. HP cobraría por el CPD 1.471.247 euros en 2017 y otros 2.357.561 euros en 2018. Los requisitos que debía cumplir el CPD demuestran que los planes del Govern rebasaban holgadamente las competencias autonómicas de la Generalitat. Franco escribió que el CPD de HP debía ser capaz de “gestionar datos de 300.000 afiliados al año, 3,2 millones de contribuyentes, 690.000 empresas (autónomos incluidos), un millón de jubilados y 5.000 jubilados al mes, además de los trabajadores públicos”. También tenía que estar listo para ser utilizado por “400 usuarios”, el número de trabajadores que supuestamente integrarían la plantilla de la agencia.

El desarrollo del nuevo organismo llegó a una fase muy avanzada. Los agentes encontraron en la libreta de Franco esquemas sobre los procesos del cobro de cotizaciones, el sistema de afiliación y los pagos de las prestaciones y pensiones. Según la Guardia Civil, IBM y en menor medida la consultora catalana Itteria fueron las compañías elegidas para desarrollar el 'software' que debía permitir a la Agencia Catalana de Protección Social gestionar todos los trámites con un elevado nivel de seguridad.

4.200 millones en cotizaciones

Otros documentos intervenidos en el Departamento de Trabajo desvelan que el Govern preparó incluso un “plan de contingencia” o “sistema de cortafuegos” para que la seguridad social de la república fuera capaz de echar a andar ante un escenario de enfrentamiento abierto con el Estado. Estos papeles estaban en la mesa de otro alto cargo de la consejería, David Palanqués, encuadrado en la misma sección que Franco.

La exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa, hace dos semanas, en el juicio del 'procés'. (EFE)
La exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa, hace dos semanas, en el juicio del 'procés'. (EFE)

Los datos más relevantes aparecieron en una presentación PowerPoint que en una de sus páginas especificaba dos “medidas de choque” para llenar la caja de la futura Agencia Catalana de Protección Social en una situación de emergencia. La primera de esas medidas sería transferir a ese organismo las cotizaciones de todos los trabajadores públicos de las 233 entidades dependientes de la Generalitat, una solución que le reportaría unos 2.200 millones de euros anuales. La segunda medida era obligar a las 100 empresas privadas más importantes de Cataluña a hacer lo mismo con las cotizaciones de sus empleados, lo que según las estimaciones del Govern supondría la entrada en la Agencia de Protección Social de otros 2.000 millones anuales en cuotas. Por supuesto, la Seguridad Social del Estado se quedaría sin recibir esas cotizaciones.

Los documentos de Palanqués especifican que el sistema debía estar en marcha en julio de 2017, aunque el desarrollo completo no estaría concluido hasta enero de 2019. Según los informes de la Guardia Civil, IBM e Itteria fueron “responsables de su desarrollo para gestionar la afiliación, la cotización y el pago de las prestaciones sociales”, a pesar de que estas funciones eran competencia exclusiva de la Administración central.

La ley de creación de la agencia

El plan estaba lejos de ser una broma. El 7 de septiembre de 2017, solo unas horas después de que salieran adelante las leyes del referéndum y de transitoriedad, el Parlament de Cataluña volvió a reunirse para aprobar la ley que constituía oficialmente la Agencia Catalana de Protección Social. El trámite pasó desapercibido y aparentemente se atribuía al nuevo organismo un papel menor, pero sirvió para crear el armazón que contendría todas las aplicaciones y servicios que el Govern había desarrollado durante un año en el más absoluto secreto.

Votación de la ley de transitoriedad jurídica, la noche del 7 de septiembre de 2017. (EFE)
Votación de la ley de transitoriedad jurídica, la noche del 7 de septiembre de 2017. (EFE)

Un portavoz de Deloitte ha asegurado a este diario que “la compañía no ha trabajado nunca en la creación de la Agencia Catalana de Protección Social y tampoco tiene otros contratos de este tipo”. “Precisamente, hace dos años creamos una unidad interna de revisión para evitar este tipo de riesgos”, asegura este portavoz.

El censo de voluntarios del 1-O

El nuevo informe remitido por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona también aborda la creación del censo de voluntarios del 1-O, una de las aplicaciones que puso en marcha el Govern semanas antes de la consulta para impulsar la convocatoria, “destinada a conseguir los recursos humanos, a través de una bolsa de voluntarios, que eran necesarios para llevar a cabo el referéndum de autodeterminación, que en la hoja de ruta diseñada por el movimiento independentista catalán era el punto de inflexión que culminaba el proceso de ruptura con el Estado y suponía la justificación a la creación de un nuevo país”, apunta el informe policial. La implicación de voluntarios también tenía otra finalidad: aparentar que el 1-O había sido promovido y organizado exclusivamente por la sociedad civil, sin intervención de las autoridades.

La empresa que desarrolló el 'software' del censo fue la tecnológica estadounidense DXC, creada a principios de 2017 por HP. El Govern contactó con la compañía en mayo de 2017 para trasladarle el encargo. Según los investigadores, la Generalitat pagó por ese servicio al menos otros 161.315 euros. El 15 de septiembre de 2017, los organizadores del 1-O utilizaron nuevamente tecnología de DXC para descargarse los datos de todos los ciudadanos que se habían inscrito en el censo. La aplicación llegó a contener ese día información de hasta 44.563 identidades. De ahí salieron los presidentes y los vocales de las 2.815 mesas electorales que debía haber en Barcelona y las 2.566 del resto de Cataluña. “Estos registros, una vez descargados, fueron borrados”, apunta la Guardia Civil.

Actos de celebración del primer aniversario del 1-O. (Reuters)
Actos de celebración del primer aniversario del 1-O. (Reuters)

De las pesquisas se desprende que “el desarrollo de este proyecto [el censo de voluntarios] cayó bajo la responsabilidad del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de Dolors Bassa [una de los 12 dirigentes del 1-O que se sientan estos días en el banquillo del Tribunal Supremo], con Josep Ginesta Vicente como secretario general del Departamento y mano derecha de Dolors Bassa, quien encargó a Bernat Valls Fuster, director general de Acción Cívica y Comunitaria (DGACC), que se hiciera cargo del mismo”.

Otros cuatro altos cargos de la consejería participaron igualmente en la puesta en marcha de la aplicación. Se trata de Lourdes Sánchez Gallego, Marc Viñas Artola y los anteriormente citados David Franco y David Palanqués. Asimismo, por parte de DXC habrían participado en el proyecto Josep Oriol y Jordi Lázaro. Para coordinarse, los implicados habrían utilizado “canales de comunicación cuya intervención es muy difícil o imposible: WhatsApp, Telegram, mensajes que se autodestruyen, correos electrónicos que posteriormente se borran y además evitan decir o nombrar nada que pueda servir para identificar a personas o intenciones”, advierte la Guardia Civil. También se localizaron comunicaciones vía Signal.

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