LA RESPUESTA DE LOS NIETOS

Los Franco insisten en la Almudena y acuden al TS para que paralice la exhumación

La familia del dictador remite al Gobierno el escrito en el que subraya que el acuerdo del Consejo de Ministros es "nulo" y advierte de que pedirá al Supremo la adopción de medidas cautelares

Foto: Tumba de la hija del dictador, Carmen Franco, y del esposo de esta, Cristóbal Martínez-Bordiú, el pasado 14 de noviembre en la cripta de la Almudena. (Reuters)
Tumba de la hija del dictador, Carmen Franco, y del esposo de esta, Cristóbal Martínez-Bordiú, el pasado 14 de noviembre en la cripta de la Almudena. (Reuters)

La familia de Francisco Franco no señala por ahora ningún lugar alternativo a la cripta de la catedral de la Almudena. Se aferra al destino que los nietos decidieron y comunicaron en septiembre, y que el Gobierno veta por razones de seguridad y por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Pero confirma que acudirá al Tribunal Supremo y le pedirán la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de febrero que dio vía libre a la exhumación del dictador. Solo si los magistrados rechazan el recurso entonces dará una ubicación distinta, una puerta que hasta ahora no había abierto.

Los descendientes de Franco registraron este 7 de marzo en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que pilota la responsable máxima del expediente, Carmen Calvo, el escrito [aquí en PDF] con el que manifiestan su firme oposición a la salida del cuerpo del general del Valle de los Caídos y su enterramiento en un emplazamiento alternativo.

Los siete nietos, representados por el abogado Luis Felipe Utrera-Molina, entienden que el acuerdo del Consejo de Ministros por el que pone fin al procedimiento de exhumación y el traslado de los restos mortales es "nulo de pleno derecho por ser claramente contrario a la ley y lesionar gravemente sus derechos fundamentales, constituyendo una grave violación, entre otros, de los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad religiosa y a la intimidad personal y familiar" que consagra la Carta Magna de 1978.

La familia admite por primera vez que podría señalar un emplazamiento distinto, pero solo si el Supremo desestima el recurso y avala al Gobierno


También subrayan que el veto a la reinhumación en la cripta de la catedral de la Almudena —donde los Franco compraron una sepultura a perpetuidad— y la exigencia de que se señale un lugar alternativo viable —"a gusto del Ejecutivo", critican— "es igualmente nulo de pleno derecho", por atentar, insisten, contra derechos fundamentales. "No hay precedentes en la historia de España de ningún cadáver español respecto del cual el Gobierno imponga o condicione un lugar de inhumación a sus familiares, careciendo absolutamente de título legal alguno para ello", señalan.

¿Hay "derecho absoluto"?

A su juicio, además, se contravendría una disposición adicional que introdujo el Gobierno en el real decreto ley del pasado agosto. El texto decía que los familiares "podrán disponer sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación". Los Franco alegan que ese derecho no tiene "limitación alguna", siendo "gratuitas y carentes de rigor alguno las razones con las que se pretende justificar la insólita e ilegal" decisión del Ejecutivo de vetar la Almudena. El acuerdo del Consejo de Ministros ya alegaba que los descendientes no tienen "derecho absoluto" a decidir dónde se quedan los restos del dictador, porque el Gobierno ha de tener en cuenta las consecuencias de su decisión y ponderar los riesgos de seguridad.

El Ejecutivo había dado a la familia un plazo de 15 días hábiles para que dijese dónde quería que fuera trasladado su abuelo. Si no, decidiría el Consejo

El escrito notifica oficialmente al Gobierno socialista de Pedro Sánchez que los siete nietos interpondrán recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, "solicitando asimismo en dicho recurso la suspensión cautelar del citado acuerdo, del plazo concedido en el mismo para la designación de un nuevo lugar de reinhumación —del que los representados carecen todavía— y de cualquier otra "actuación administrativa que se dicte en ejecución del mismo" hasta que se dicte sentencia.

Los familiares advierten de que si se llevara a cabo la exhumación del Valle de los Caídos, el enterramiento del cuerpo deberá realizarse en la cripta de la Almudena, en la sepultura que tienen en propiedad. "Se hace constar [...] que la decisión de mis representados de no designar un lugar alternativo para la eventual reinhumación de los restos de su abuelo [...] en el plazo de 15 días concedido por el acuerdo citado [del 15 de febrero], no podrá ser interpretada en modo alguno como silencio o renuncia de sus familiares a designar el lugar de reinhumación que habilite al Gobierno a tomar esa decisión en su lugar".

El Ejecutivo, en su reunión del 15 de febrero, acordó conceder ese periodo de 15 días hábiles a la familia para que señalase un lugar alternativo a la Almudena y, si no lo indicaban o bien había discrepancia entre ellos, entonces el Consejo de Ministros diría dónde sería reinhumado el dictador. Esos 15 días caducarían a comienzos de la próxima semana, ya que comenzaron a contar a partir de la notificación del acuerdo, que se hizo efectiva el 18 de febrero.

Hasta que hablen los jueces

Pero aquí viene la novedad en el escrito, la puerta que no se había abierto hasta ahora: "Solo en el hipotético caso de que por parte del Tribunal Supremo se desestimase el recurso contencioso-administrativo que se anuncia contra el acuerdo del Consejo de Ministros [...], estos señalarán un lugar alternativo para que se lleve a cabo la reinhumación de los restos mortales de su abuelo, para lo cual deberá concedérsele un plazo razonable, habida cuenta de los requisitos que ha de cumplir dicho emplazamiento para que sea del agrado del Gobierno".

Es decir, que solo si los magistrados dan la razón al Gobierno, la familia comunicará qué lugar alternativo quiere, para lo que pide un tiempo "razonable" al Ejecutivo.

Los nietos advierten al Ejecutivo de que los restos de Franco no son de su "propiedad" ni un bien de dominio público del que disponga "a su antojo"

No obstante, los Franco subrayan al Gobierno que los restos del dictador "no son de su propiedad, ni contituyen un bien de dominio público del que pueda disponer a su antojo". Por tanto, si el TS reconociera el derecho del Ejecutivo a proceder a la exhumación, este deberá "proceder a la entrega de los mismos a sus familiares, absteniéndose en forma alguna sobre su traslado e inhumación sin la expresa autorización" de los nietos. El acuerdo del Consejo de Ministros sí permitía a los nietos a estar presentes en todo el proceso hasta su nuevo enterramiento.

Cola a las puertas del basílica del Valle de los Caídos el pasado 20 de noviembre, en el 43º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. (Reuters)
Cola a las puertas del basílica del Valle de los Caídos el pasado 20 de noviembre, en el 43º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. (Reuters)

Por último, los descendientes exigen al Gobierno que se abstenga de "realizar actuación alguna" para ejecutar la exhumación o adoptar alguna decisión relativa a los restos del dictador hasta que se pronuncie el Supremo sobre el recurso que anuncian y sobre las medidas cautelares que se van a solicitar. Es decir, piden que el Ejecutivo no dé más pasos para finalizar con el procedimiento hasta que hablen los jueces.

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