El Canal contrata un bufete por 600.000€ para afrontar un alud de demandas laborales
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el supremo se pronunció sobre los interinos

El Canal contrata un bufete por 600.000€ para afrontar un alud de demandas laborales

Los sindicatos aseguran que hay entre 700 y 1.000 contratos fraudulentos y apelan a la Inspección de Trabajo para que exija a la empresa pública que revele los datos que tenga

Foto: Sede central del Canal de Isabel II. (EFE)
Sede central del Canal de Isabel II. (EFE)

El Canal de Isabel II, empresa pública de gestión del agua de la Comunidad de Madrid inmersa en el caso Lezo, gastará 600.000 euros en contratar un bufete de abogados externo para hacer frente a la avalancha de demandas que está recibiendo el organismo en los juzgados de lo social por parte de sus propios trabajadores. En concreto, la empresa pública ha sacado a concurso el contrato para los próximos cuatro años, según argumenta en la licitación, por las "numerosas" denuncias de sus empleados "tanto temporales como indefinidos". Los letrados se harán cargo, como indica el pliego, tanto de labores de asesoramiento en materia legal como en competencias de la Seguridad Social o de la Inspección de Trabajo, así como estarán presentes en un virtual juicio que se lleve a cabo para la resolución de estos pleitos. "Estaba licitado desde hace meses (...) y se aplicará a esta y a otras muchas cuestiones", matizan desde el Canal.

Según ha podido saber El Confidencial, los juzgados de lo social de Madrid tramitan actualmente más de un centenar de demandas laborales de otros tantos trabajadores del organismo que consideran que su contrato de trabajo fue fraudulento. La representante de UGT en el Canal, Lucía Fonseca, habla de "decenas" de demandas, algunas de ellas resueltas, otras a la espera de juicio y unas cuantas más pendientes de recurso ante instancias superiores. Jaime Esteve, abogado laboralista, lleva más de medio centenar de casos en diferentes instancias judiciales. "El principal problema es la temporalidad", resume el letrado, quien asegura que de los 30 que ya han resuelto los tribunales tan solo ha perdido tres. "En la mayoría de resoluciones se está declarando a los trabajadores como indefinidos", afirma Esteve, que admite que el Canal está recurriendo todos los casos en los que las diferentes instancias fallan en su contra. "Yo también he recurrido los tres que he perdido", responde.

Foto: El consejero delegado de Indra, Javier de Andrés. (Indra)

El Supremo, por ahora, está dando la razón a los trabajadores. De momento, solo los casos de dos empleados del Canal han llegado hasta el alto tribunal. Un auto de la sala de lo social emitido el pasado 24 de enero dio la razón al demandante, un interino con contrato indefinido no fijo que reclamaba ser reconocido como indefinido sin más, con todos los derechos derivados de esta situación. El Supremo rechazó el recurso del Canal contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid que se decantaba por el trabajador, al entender que el empleador es una empresa pública y que no rige para ella la normativa al respecto que sí se aplica a la Administración.

"Al personal laboral que presta servicios por cuenta y orden de sociedades mercantiles públicas, independientemente de que su ámbito sea estatal, autonómico o municipal, no le son aplicables los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución española ni tampoco el Estatuto Básico del Empleado Público", arguyó el alto tribunal madrileño, cuya sentencia es declarada ahora por el Supremo doctrina unificada y servirá, según fuentes sindicales, para permitir que no pocos empleados de la institución de gestión hídrica con casos similares demanden por la misma vía. El otro auto del Supremo mencionado se inclina en el mismo sentido para un caso similar y va en contra de lo que defendía el Canal, que entendía que los empleados temporales que demandaban debían ostentar la figura jurídica del indefinido no fijo.

Empleados del Canal de Isabel II, en uno de los puestos de control del organismo. (EFE)
Empleados del Canal de Isabel II, en uno de los puestos de control del organismo. (EFE)

Esteve asegura que hay muchos trabajadores en el Canal que son interinos o que llevan hasta 15 años encadenando contratos temporales. "Tengo casos de empleados que han tenido 12 contratos cortos en 15 años", asegura el abogado, que reconoce que también representa a clientes que llevan más de diez 10 siendo interinos. Esta última figura, afirma, es la que más defiende el letrado. "No entiendo cómo, con estos dos pronunciamientos del Supremo y con las muchas sentencias de tres secciones distintas del TSJ de Madrid que concluyen que no debe existir la figura del indefinido no fijo en el Canal porque este es una sociedad anónima, el organismo de gestión hídrica se niega a hacer una regularización masiva al menos para los interinos que tienen más de tres años de antigüedad", se pregunta el abogado, que está seguro de que hay más compañeros suyos llevando otros casos similares, aunque confiesa ser incapaz de determinar el número exacto de contratos irregulares que existen.

El representante de la CGT en el Canal, Mario Fernando Lucas, sí se atreve a dar un cifra. Calcula que hay entre 700 y 1.000 contratos laborales sospechosos de haberse suscrito en fraude de ley. Se trata, explica, de convenios de prácticas, por relevo, por obra y servicio que se van concatenando, etc. Admite que actualmente existe un gran caos, que es imposible establecer una cifra concreta y que por eso ha decidido acudir a la Inspección de Trabajo. El pasado 6 de marzo de 2018, cuenta, representantes de la CGT se trasladaron hasta este último organismo para presentar una reclamación con el fin de que el Canal informe sobre el tipo de contratos que están siendo demandados y la resolución judicial que están ofreciendo los tribunales a esas denuncias. "La mayoría las están ganando los empleados, lo que demuestra que había fraude de ley", valora Lucas, en línea con lo revelado por Esteve.

El Canal intervendrá en la Asamblea

Según Fonseca, la representante de UGT, el Canal ha trasladado a los sindicatos su intención de no resolver el problema de forma generalizada sino esperar a tratar cada caso de forma individualizada en la vía judicial. "Nos han dicho —explica— que cada empleado tendrá que demandar, porque el Canal no va a reconocer ningún fraude en contrato alguno". Así lo ratifican también a El Confidencial fuentes oficiales del organismo. Afirman que el Canal "acatará todas las resoluciones judiciales", pero que estas están siendo "contradictorias" hasta el momento. "Recientemente, nos ha llegado una sentencia del TSJ de Madrid que rechaza el criterio del Supremo, le dice que se equivoca y declara a una trabajadora indefinida no fija", arguyen desde el ente público. "La situación jurídica en esta materia está aún pendiente de una clarificación definitiva; hoy tenemos 32 procesos judiciales pendientes relacionados con la temporalidad de los contratos", entiende la cúpula del Canal.

Foto: La sede del Canal de Isabel II, cuando fue registrada por la Guardia Civil. (EFE)

El comité de empresa del organismo, tras reunirse con la dirección de recursos humanos del mismo, explicó en la misma línea que este departamento le había transmitido que "acatará" el alcance de la resolución del alto tribunal, pero que "no asumirá de facto que los contratos celebrados entre la empresa y los trabajadores se hayan realizado en fraude de ley". "Esto significa que hasta que un juez no sentencie que un contrato está en fraude, la empresa presume que está bien realizado", añadió el comité, que reconoció la "complejidad y variedad" de contratos que existen en el Canal, que explica a El Confidencial que "apenas hay tres personas" en la empresa pública que se encuentren en la misma situación que el demandante al que ha dado la razón el Supremo.

La polémica ha superado ya el ámbito laboral y ha saltado al político. El diputado regional de Ciudadanos Francisco Lara preguntó el pasado 26 de febrero en la Asamblea de Madrid al Gobierno regional "cuál va a ser la postura de la dirección del Canal sobre los trabajadores con contratos en fraude de ley después del auto de unificación de doctrina del Supremo". Fuentes parlamentarias anuncian que un representante de la empresa pública acudirá el próximo martes a la cámara autonómica para dar explicaciones al respecto.

Foto: Edmundo Rodríguez Sobrino.

Fuentes sindicales aseguran que el Canal lleva ya 1,5 millones de euros gastados en afrontar demandas de este tipo y se quejan también de que el organismo quiera ahora hacer una falsa regularización de sus interinos a través de la oferta de 700 nuevas plazas, parte de ellas teóricamente para consolidar esos contratos sospechosos. "En realidad, lo que quieren hacer es encubrir el fraude, porque obligas al interino a pasar un proceso selectivo; eso no es consolidación, es selección", consideran las mismas fuentes, que recuerdan también que otras empresas públicas como Aena, Correos o Tracsa ya han regularizado a sus interinos de forma legal.

Esteve asegura además que para presentarse a esa oferta de empleo público el Canal obliga a sus trabajadores a renunciar a una serie de derechos adquiridos que incluyen un seguro de vida y unos complementos salariales que en algunos casos pueden ascender hasta a 40.000 euros. Según explican desde el Canal, el auto del Supremo no afecta a las convocatorias de empleo público, "que seguirán su curso con normalidad". "Canal de Isabel II está trabajando por solucionar la tasa de temporalidad de la empresa fruto de la aplicación de las distintas legislaciones que restringían la convocatoria de plazas", subrayan las mismas fuentes.

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