lleva el caso a la fiscalía

EFE denuncia casi un millón en contratos a un sindicalista que firmó el ERE de la agencia

La empresa pública denuncia en Fiscalía los contratos como consultor con un antiguo asesor de UGT que asesoró en el ERE. Se presentaba como responsable de negocio para Europa

Foto:  Carlos Ponce, ex responsable de Medios de UGT.
Carlos Ponce, ex responsable de Medios de UGT.

Carlos Ponce, uno de los sindicalistas de UGT que negociaron el ERE de la agencia pública de noticias EFE en 2012, empezó a facturar a la empresa meses después del acuerdo que incluyó bajas de sueldo masivas. A través de su empresa, Ponce llegó a facturar casi un millón de euros entre 2013 y 2018 por "asesoramiento, representación, gestión y desarrollo de proyectos de nuevas líneas de negocio en Asia y África", según distintas fuentes conocedoras del caso. La Agencia EFE acaba de denunciarlo a la Fiscalía. Ponce no ha querido hacer declaraciones a este diario y desde UGT afirman que en su día ya pidieron a la empresa que cortara su relación con él.

En verano de 2012, con el periodista José Antonio Vera como presidente, EFE acordó con los sindicatos un ERE que incluía bajadas de sueldo, prejubilaciones y reducciones de jornada masivas para evitar despidos. Uno de los negociadores por parte de UGT fue Carlos Ponce, entonces responsable de medios del sindicato para toda España y que antes estuvo en Telemadrid. Ponce no era trabajador de EFE, pero acudió como asesor y tuvo un papel destacado en la negociación. "Durante la negociación del ERE, vino un asesor de CCOO, uno de la federación de sindicatos de periodistas y por parte de UGT vino Carlos Ponce. Ese acuerdo lo firmó el comité intercentros y Ponce no formaba parte de él. La firma la hizo el comité, que tenía tres sindicatos", explica Ignacio García Sevilla, delegado de UGT en el comité intercentros. Ponce firma en el acuerdo final, aunque su rúbrica no era necesaria.

Fuentes de UGT destacan que Ponce cesó su relación con el sindicato poco después, en octubre de 2012. En enero de 2013, la sociedad de Ponce, Creatividad y Empleo SL (C&E), firmó un contrato de prestación de servicios con EFE. La empresa es "una consultora especializada en la gestión y desarrollo de proyectos en medios de información y comunicación a través de análisis sectoriales, relaciones institucionales y campañas de comunicación y publicidad".

EFE contrató a dedo a la mercantil por 41.250 euros trimestrales más 7.500 por objetivos y 8.750 por gastos. C&E se comprometía a "ofrecer propuestas de adaptación de los servicios y capacidades de la Agencia EFE a las diferentes necesidades y sensibilidades de cada cultura y a los diversos medios de difusión y/o plataformas de distribución disponibles". También debía "dirigir campañas de presentación, comunicación y publicidad " y "elaborar propuestas de relaciones contractuales entre EFE y cualquier empresa, organismo o institución pública o privada". Además de los pagos, la agencia pública se comprometía a reembolsar a la empresa de Ponce "los gastos razonables y necesarios por los viajes, alojamientos, manutención, seguros y otros gastos".

Concentración de periodistas de la agencia Efe. (EFE)
Concentración de periodistas de la agencia Efe. (EFE)

Vera recuerda cómo se gestó: "Se nos ofreció para un proyecto que nos parecía interesante pero que había que probar. Lo que se hizo fue un contrato mercantil para ver cómo funcionaba. Lo que proponía era conseguir recursos del exterior haciendo contratos de servicios donde EFE no tenía esa posibilidad". El entonces presidente justifica la valía de Ponce y el resultado de su trabajo —"tenía una preparación muy buena porque habla tres idiomas e hizo gestiones con clientes que no teníamos nosotros y le salieron muy bien"—, y no vio problema en que hubiera estado involucrado en el ERE: "En el ERE participó mucha gente. Nadie me dijo que tuviera ningún tipo de incompatibilidad desde el punto de vista legal. Si me lo hubieran dicho, no se hubiera hecho, ni se me hubiera pasado por la cabeza". En agosto pasado, y tras el cambio de Gobierno, la SEPI sustituyó a Vera por Fernando Garea, hasta entonces adjunto al director de El Confidencial.

En un momento dado, el contrato de Ponce llegó a oídos de los sindicatos, como cuenta García Sevilla: "En 2014, nos llegó en runrún de que Carlos Ponce había estado en EFE. Fuimos a hablar con la empresa. Nos dijeron: 'Funciona muy bien, tiene muy buenos contactos, es muy buen comercial, puede ser bueno para EFE porque estamos ampliando mercados'. Entonces les dijimos que eso no podía ser, que no tenía un pase. Que ni ética ni estéticamente tenía un pase que alguien que ha ejercido de asesor en un ERE, aunque solo haya sido de asesor, aunque su firma no haya sido necesaria para sacarlo adelante, cobrase de EFE". El comité, explica, pidió a la empresa que terminara con la relación: "Al poco, nos dijeron que se había dejado en suspenso. Que no compartían las razones pero que entendían nuestra desazón". Solo recientemente han conocido la existencia de los contratos.

Entre 2013 y 2018, facturó 41.250 euros trimestrales más 7.500 por objetivos y 8.750 por gastos, y reportaba directamente a la cúpula

Sin embargo, el contrato, que se había ido prorrogando conforme fue venciendo, cambió en 2015. Entonces, la empresa de Ponce pasó a facturar a European Pressphoto Agency (EPA), una firma con sede en Holanda que distribuye material gráfico y de la que EFE tiene la mayoría de las acciones. En ese nuevo acuerdo, EPA afirma que "está interesada en contratar a C&E como consultor para encargarle la dirección del desarrollo de negocio para Europa".

El contrato recoge que Ponce tiene "un proyecto de servicios comerciales llamado Building Bridges [construyendo puentes]" y que es "un servicio único, específico y exclusivo, basado en la explotación de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra". El importe del nuevo acuerdo era de 115.000 euros anuales más una comisión de hasta el 5% por cada contrato y unos gastos de hasta 2.000 euros mensuales (por encima de esa cifra, lo debía autorizar la cúpula de EFE).

En esa época, la agencia pública de noticias firmó polémicos contratos de patrocinio como el de Kazajistán. En ese acuerdo, EFE difundía noticias benévolas para el régimen kazajo. Fuentes de la empresa dudan de que Ponce aportase contratos a EFE. Pese a no figurar en el 'staff' y facturar a través de una sociedad en Holanda, se presentaba como responsable de negocio para Europa con sede en Fráncfort. En total, y según fuentes conocedoras del caso, Ponce ha facturado más de 900.000 euros en cinco años.

Los trabajos incluyen algunas generalidades. El resumen ejecutivo del "plan de desarrollo de negocio en Asia y Oceanía" tiene un 25% de su texto calcado de un estudio de la Universidad de Navarra de 2008, según un análisis con Turnitín realizado por este diario. En el documento aparece una cita a un trabajo de esos mismo profesores de la Universidad de Navarra pero de 2014, cuando procede de uno de 2008. Ese estudio se titulaba 'Opciones estratégicas de las agencias de noticias europeas: Reuters, France Presse y EFE'. En otro, apuesta por una alianza con Telefónica "como gran operador de redes y telecomunicaciones de participación pública", pese a que la empresa fue privatizada en los noventa.

El "plan de desarrollo de negocio en Asia y Oceanía" tiene un 25% de su texto calcado de un estudio de la Universidad de Navarra de 2008

Ponce no ha querido comentar sus contratos a este diario. Sí ha remitido una carta a los miembros del consejo de administración, donde hay cargos de varios ministerios y de Moncloa, en la que afirma que ha cumplido su tarea "de forma fiel y constante, siguiendo las órdenes directas de presidentes y directores generales". En la misiva, señala que los planes de colaboración con "actores de primer orden" como Telefónica o RTVE "estaban ya en marcha y con el apoyo decidido de su director general operativo". Entre sus logros, cita contratos con Kazajistán, Renfe y con ministerios de países bálticos y Hungría. Ha amenazado con demandas por la rescisión de los contratos ordenada por Garea, al que culpa de cercenar acuerdos. Este frenó los pagos y lo comunicó a la dirección de UGT. El caso fue elevado a la SEPI y finalmente denunciado a la Fiscalía.

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