Urkullu perjudica a las defensas y revela que la presión callejera precipitó la DUI

El lendakari Iñigo Urkullu dio este jueves en el Tribunal Supremo un recital de concreción. Tanta, que su testimonio se volvió contra las defensas, responsables de su presencia en el juicio del 'procés'. Acudió a solicitud del 'exconseller' Josep Rull, pero su declaración, repleta de detalles, ofreció al menos dos datos esenciales que no favorecen a los acusados. Desveló, por ejemplo, que fue la presión de la calle la que empujó a Carles Puigdemont a dar marcha atrás en su intención de convocar elecciones anticipadas y habló de que, en aquellas fechas, se corrió el riesgo de aplicación del artículo 116 de la Constitución, que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio.

Urkullu diseccionó ante la sala su mediación, que no quiso calificar como tal. Usó la palabra "intercesor" o "enlace" y dijo que fue el 'expresident' el que le pidió que adoptara este papel. En julio de 2017 mantuvo un encuentro con Mariano Rajoy, el mismo que se resistió un día antes y desde la misma silla a reconocerle como la persona que trató de contribuir a un arreglo pactado. Hubo también una conversación telefónica. Todo para tratar de escapar tanto de la declaración unilateral de independencia como del 155. No fue posible.

Encontró en el 'expresident' Puigdemont "una actitud absolutamente receptiva" que le llevó a pensar que había logrado apagar el fuego de los días posteriores al referéndum del 1 de octubre. Eso lo dejó muy claro. Nunca medió o intercedió para que se permitiera la celebración de esa votación. Su entrada en escena se produjo 'a posteriori' y alcanzó su punto máximo de éxito en el acuerdo que se adoptó la madrugada del 25 al 26 de octubre. Pero, en horas, con España entera pendiente de la decisión, todo se rompió.

Mantuvo conversaciones con Puigdemont el día 26 por la mañana, una hora antes de la hora fijada en un inicio para comparecer ante los medios de comunicación. La declaración pública, no obstante, se pospuso hasta que a las 14:00 de ese día 26 de octubre llegó el fracaso. "Él me comunicó lamentando que las personas que estaban en la plaza Sant Jaume concentradas manifestándose se le estaban rebelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts Pel Sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa madrugada de disolver el Parlament y convocar las elecciones autonómicas, que era lo que yo le sugería para intentar evitar también la aplicación del artículo 155", explicó ante la sala.

El escenario del estado de sitio

Urkullu tampoco soslayó uno de los temas de especial interés para las defensas: si hubo una intención por parte del Estado central de reaccionar de forma proporcional a algo tan grave como una rebelión. Pese a indicar que Rajoy nunca le confirmó una intención real de aplicar el estado de excepción y sitio, la amenaza del 116 flotaba en el ambiente. "Téngase en cuenta que en aquellas fechas, en el mes de octubre, se hablaba incluso, se comunicaba, se hicieron planteamientos públicos de la suspensión de la autonomía catalana", indicó.

"Hubo también en esas fechas interpretación del riesgo incluso de la aplicación del artículo 116 de la Constitución, no solamente del 155, sino también del 116", expuso ante la sala en otro disparo a la línea de flotación de las defensas. Hasta explicó que la cuestión le preocupaba especialmente y que temió que las cosas siguieran de la manera que se estaban conduciendo. "Hice la observación de que todo se estaba yendo de las manos. Le dije que había que medir mucho los pasos que había que dar para evitar la fractura social", manifestó.

La otra figura del día fue el opuesto al elevadísimo grado de detalle de Urkullu. El exministro Ignacio Zoido no convenció en un relato lleno de lagunas y en el que echó balones fuera sin asumir, ni precisar ni muchas veces recordar aspectos básicos del dispositivo policial desplegado en Cataluña tras el 20-S y antes del 1-O. Eludió la responsabilidad sobre las cargas del día de referéndum, que correspondían a "los operativos", es decir, al personal policial. Acotó el número de efectivos desplegados a 6.000 y trató de defender que su actuación fue "proporcionada". "En ocasiones, para restablecer el orden, hace falta usar la fuerza", manifestó.

Responsabilizó a los Mossos d' Esquadra y su dejación de lo sucedido pero, ni siquiera en este punto, estuvo afortunado. La fiscal Consuelo Madrigal llegó a hacerle cuatro preguntas y no logró sonsacarle una afirmación contundente tampoco sobre esta cuestión, más allá de la difusa afirmación de que el dispositivo de la policía autonómica era "absolutamente insuficiente". "Había dudas", reconoció, pero el coronel Pérez de los Cobos, que coordinaba los cuerpos, decía que al final cumplirían. Todo pese al mayor Trapero, que "no era muy colaborador y planteaba algunas reticencias".