Un ex alto cargo del PP y un juez provocador: cómo se frenó la exhumación de Franco

La exhumación de Franco ha entrado en vía muerta desde que un juez la paralizó al apreciar problemas en la licencia urbanística. Es probable que el Gobierno acabe ganando el permiso para trasladar los restos del dictador, pero también lo es que eso no suceda antes de las elecciones del 28 de abril. En el retraso hay dos personas clave con un pasado relevante. El primero es el autor del dictamen que ha servido al juez para suspenderlo: se trata de Enrique Porto Rey, ex director general de Urbanismo de Madrid con el PP y que dimitió tras un escándalo con su nombre. El segundo es el juez Yusti, un magistrado "provocador" al que le gusta dar la razón a los ciudadanos frente a la Adminsitración e hijo de un almirante franquista. Así se frustró —al menos de momento— el proyecto estrella de Pedro Sánchez.

Los Franco y la Fundación Francisco Franco han emprendido una cruzada judicial en todos los frentes contra cada paso de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. A los recursos en el Supremo —que ha advertido al Gobierno de que no mueva un hueso sin dar a los familiares la posibilidad de ir a la Justicia—, se han sumado una serie de recursos individuales contra la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial a la exhumación.

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Juanma Romero

En urbanismo, la acción es pública y cualquier ciudadano puede recurrir y hacerlo en cualquier juzgado. No hace falta demostrar un interés particular. Esos 17 recurrentes usaron como base el mismo informe pericial encargado por la Fundación Francisco Franco a los arquitectos José Ismael de la Barba y Enrique Porto. El informe destaca que retirar la losa no es una obra menor porque, entre otras cosas, puede poner en riesgo a los trabajadores. "La licencia carece de efecto porque el proyecto de Patrimonio tiene defectos, porque es para obra menor porque se cambia la ficha urbanística del Valle. Hay que levantar una losa de 1.500 o 2.000 kilos y no vale ir con un gato hidráulico. Hay que valorar qué hay debajo y es una obra mayor"; explican fuentes impulsoras de los recursos.

Enrique Porto, arquitecto y director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2006, es un viejo conocido del urbanismo en Madrid. Fue uno de los primeros encargados de la Operación Chamartín, responsable del PP de Urbanismo y director general con Esperanza Aguirre. Tuvo que dimitir tras un esçándalo con su nombre porque se vio que compaginaba su cargo con un despacho privado y, según las denuncias, contratar a su oficina permitía desengrasar planes urbanísticos atascados.

Uno de los firmantes del informe pericial dimitió en 2006 por un escándalo urbanístico en la CAM

El informe, de 35 páginas, afirma que "las obras prevén ejecutar un forjado sobre la losa existente y que se hará transitable el suelo creado, por lo que hay una afección clara sobre la seguridad e integridad de personas y bienes". Señala que el proyecto de Patrimonio "no tiene en cuenta la normativa municipal ni el Código Técnico de la Edificación" y que abrir la fosa de Franco "supone una alteración de las condiciones urbanísticas e intrínsecas de la edificación".

Ese documento ha servido al juez José Yusty Bastarreche, uno de los 17 a los que cayeron recursos similiares, a paralizar de forma cautelar la exhumación alegando que remover la losa puede poner en riesgo a los trabajadores y que exige un estudio más profundo. Yusty es un juez singular, "provocador", como lo definen quienes lo conocen. Es hijo de un almirante del Ejército franquista que aún tiene una calle en su honor en Canarias, y quienes lo conocen lo definen como abiertamente nostálgico aunque buen juez. Amante del mar, ha realizado varias veces travesías en el buque Juan Sebastián Elcano.

Cuando les toca el juzgado de Yusty, los abogados están encantados. Fue de los primeros en empezar a imponer costas al ayuntamiento

Pero además de sus simpatías hacia el franquismo, es un juez que suele dar la razón al ciudadano frente a la Administración —algo no tan frecuente en lo contencioso—. "Cuando les toca el juzgado de Yusty, los abogados están encantados. Fue de los primeros en empezar a imponer costas al ayuntamiento". De 66 años, el juez pertenece a la segunda promoción de la Universidad Autónoma de Madrid.

Su enemistad con Manuela Carmena viene de lejos. Él fue, por ejemplo, el que decidió suspender el acto en favor del referéndum catalán que Carmena había autorizado en otoño de hace dos años en un local propiedad del consistorio. También fue uno de los miles de firmantes del manifiesto de Libres e Iguales, una asociación contra el independentismo catalán. Pero además de firmar, Yusty insertó en la web un comentario en el que se ofrecía para lo que pudiera "ser útil", al tiempo que se presentaba como magistrado. Las carreras de Porto y Yusti se han cruzado de momento en favor de la Fundación Francisco FRanco y en contra del Gobierno de Pedro Sánchez.