Los 'contraobservadores' del juicio: el grupo de juristas que defiende la Constitución

Era marzo de 2018. La Universidad de St Andrews, en Escocia, expresó su apoyo a la 'exconsellera' Clara Ponsatí, profesora en el centro tras abandonar España junto al grupo de Puigdemont y el resto del Govern que decidió sustraerse a la acción de la Justicia española. En un comunicado, la institución dijo que había "argumentos legítimos" para pensar que estaba "siendo perseguida por defender sus ideas políticas". Aquel día surgió la 'resistencia' entre el profesorado español, una rebelión interna contra la idea de que es inevitable que ese mensaje cale fuera de España sin obtener respuesta desde otro prisma, un deseo de contraprogramar. Nació el Foro de Profesores, cuya última iniciativa va también a la contra.

Han promovido la unión de una treintena de catedráticos de derecho constitucional, penal, procesal e internacional que observarán "de manera objetiva e imparcial" el juicio del 'procés'. Un comité en el que se integran juristas de la talla del catedrático emérito de Penal Enrique Gimbernat. Se ha creado, explican, ante la evidencia de que, ya antes del juicio, estaba en marcha "una potente campaña de propaganda para desacreditar la Justicia y la democracia españolas". Por ello, han recurrido al reconocido prestigio de 24 juristas para realizar un seguimiento y posterior evaluación del cumplimiento de los estándares jurídicos de la causa del 'procés'.

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El juicio en sí mismo es una batalla del relato. El relato independentista, con un discurso de desacreditación de la Justicia y la democracia españolas, un mensaje traido y llevado por sus políticos, con el 'president' Torra a la cabeza, desde hace meses y que ahora cuenta con el altavoz del procedimiento, frente al propio desarrollo de la vista con sus garantías, sus límites, sus fases y sus turnos. Una vista en la que también tiene voz la Fiscalía y, con la voz, la oportunidad de expresar el mensaje contrario al difundido desde el mundo 'indepe' y que, casi de forma inevitable, ha ido calando a nivel internacional.

En ese escenario, la figura del observador internacional ha servido como peón. Muchas fueron las defensas que solicitaron la presencia de expertos presuntamente independientes en el juicio que arranca hoy su cuarta jornada. Junto a esta solicitud, entidades privadas, asociativas e incluso institucionales tomaron el testigo. Desde Amnistía Internacional hasta International Trial Watch, pasando por los parlamentos vasco y catalán, pidieron asiento en el salón de plenos para auditar la vista.

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El tribunal no proporcionó sitio salvo a las instituciones, las delegaciones de la Cámara Baja, y explicó su decisión con un mensaje muy claro. Las sesiones se retransmiten en directo, no solo a través de las televisiones sino también en 'streaming' por la web del CGPJ y, por ello —determinó el Supremo—, "la consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa. No existirá límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en 'streaming".

Compromiso con la unidad de España

Eso mismo es lo que decidió impulsar el Foro de Profesores. Este grupo de más de 200 especialistas del área universitaria europea nació de la necesidad de crear una plataforma de discusión, apoyo mutuo y difusión de ideas de todos aquellos que tienen en común un compromiso con la unidad de España, entendida como garante de los derechos de los españoles, y respeto al Estado de derecho, es decir, división de poderes, elecciones con sufragio universal y respeto al imperio de la ley. Tomando como base el texto que consideran sustento esencial del Estado, la Carta Magna, los miembros del Foro se presentan como unidos por un compromiso con dos artículos de la Constitución, el 1 y el 2: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y la nación española es patria común e indivisible de todos los españoles.

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"Durante mucho tiempo se ha dejado que la versión difundida desde ciertos sectores separatistas a los medios internacionales (incluso nacionales) transmitiera la falsa imagen de que España vivía en una semidictadura que justificaba la lucha armada (en otros momentos pasados) o la desobediencia civil e imposición de una legalidad alternativa. Esa no es la realidad: España es una democracia, imperfecta, como todas, pero moderna y perfectamente integrada en la comunidad internacional como miembro plenamente democrático", se presentan.

Conscientes de que sus esfuerzos comunicativos se encuentran "muy limitados por el aislamiento y el aparato propagandístico de los nacionalistas" y que, por otra parte, aquellos que se empeñan en atacar el Estado de derecho están muy organizados y orquestan su actuación para obtener el mayor impacto posible, quieren trabajar desde su entorno y posibilidades para resolver esa falta de organización y hacerse oír.

Opinión

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Gimbernat es solo uno de los 24 juristas que integran este comité ideado para la causa especial 20907/2017. En sus filas se encuentran también la catalana Teresa Freixes Sanjuán, Manuel Cachón Cadenas o Nicolás González Cuéllar. Ha establecido como metodología realizar una evaluación final e informes basados en el principio de competencia técnica, no de naturaleza política. "El comité no sigue instrucciones de ningún partido político ni de ninguna otra persona, institución o entidad", destacan.