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Imputan al alcalde soberanista de Palma por prevaricación por limitar los pisos turísticos
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la jueza pide el expediente de adjudicación

Imputan al alcalde soberanista de Palma por prevaricación por limitar los pisos turísticos

El Juzgado número 5 de Palma admite a trámite la querella contra el alcalde de la ciudad, Antoni Noguera, por la restricción presuntamente irregular del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares

Foto: Antoni Noguera, alcalde de Palma de Mallorca. (EFE)
Antoni Noguera, alcalde de Palma de Mallorca. (EFE)

El Juzgado de Instrucción número 5 de Palma de Mallorca ha acordado la imputación del alcalde de la ciudad, Antoni Noguera, perteneciente a la formación soberanista Més per Mallorca, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y/o urbanística por haber prohibido el pasado verano el alquiler de viviendas turísticas en los edificios plurifamiliares del término municipal y solo en unifamiliares en condiciones restrictivas, según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas.

La decisión es consecuencia de la admisión a trámite de la querella contra el primer edil que presentó la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) el pasado noviembre, al considerar que impulsó esa medida utilizando como justificación informes urbanísticos “completamente arbitrarios” con la “única intención de culminar un plan preconcebido para terminar con la vivienda turística en Palma”. La federación pidió que la Justicia investigara “los hechos para depurar posibles responsabilidades”.

Foto: El Gobierno central se desentendió en 2013, año en el que pasó la pelota a las CCAA. (Alberto Gamazo)

Por lo pronto, la titular del Juzgado, Ana San José Cabero, considera que hay indicios de delito. La jueza dictó un auto el pasado 6 de febrero en el que resuelve que los hechos denunciados por el bufete que ejerce la representación legal de Fevitur, Ius+Aequitas, “presentan características que hacen presumir la posible existencia” de la prevaricación que atribuía la querella a Noguera.

Además de acordar la imputación del alcalde, cuyo partido Més per Mallorca gobierna las islas en coalición con el Partido Socialista de Francina Armengol, la jueza también ha requerido al Ayuntamiento de Palma para que aporte diferente documentación relacionada con el proceso de licitación de los estudios urbanísticos que usó Noguera como base para articular la medida.

Foto: Playa de Palma de Mallorca. (EFE)

En concreto, según las fuentes consultadas por este diario, reclama al consistorio el “expediente administrativo relativo a la realización de cada uno de los informes que se confeccionaron por el Área de modelo de Ciudad y Urbanismo que se entregaron a Equip BCpN para llevar a cabo la Propuesta Inicial de Delimitación” de las zonas a las que afectan las restricciones al alquiler; “el expediente administrativo PM 2018/001 relativo a la convocatoria y adjudicación del contrato menor para la realización de la Propuesta Inicial de Delimitación Provisional” y “el expediente administrativo relativo al Acuerdo aprobado por el pleno Ayuntamiento de Palma en fecha 26 de julio de 2018, y la documentación de la delimitación provisional de las zonas aptas para la comercialización de las estancias turísticas en viviendas de uso residencial en el municipio de Palma, publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) número 93, de fecha 28 de julio de 2018”.

El punto 15 del código ético de Més per Mallorca dice que los “cargos que estén imputados por corrupción o por algún otro delito que vaya contra el ideario de la organización deberán de poner su cargo a disposición” del partido.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Palma de Mallorca ha acordado la imputación del alcalde de la ciudad, Antoni Noguera, perteneciente a la formación soberanista Més per Mallorca, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y/o urbanística por haber prohibido el pasado verano el alquiler de viviendas turísticas en los edificios plurifamiliares del término municipal y solo en unifamiliares en condiciones restrictivas, según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas.

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