PROS Y CONTRAS DE LAS DISTINTAS FECHAS

De los 300 millones presupuestados a los 130 del 26-J: los costes de un adelanto electoral

Más allá de los cálculos electorales de unos y otros, las diferentes fechas que se han puesto sobre la mesa tienen pros y contras, tanto en términos de coste económico como logístico

Foto: Un votante selecciona las papeletas antes de votar en Aravaca, Madrid, en las últimas elecciones generales. (EFE)
Un votante selecciona las papeletas antes de votar en Aravaca, Madrid, en las últimas elecciones generales. (EFE)

Este viernes, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará si convoca o no elecciones anticipadas. Todo apunta a que se adelantarán los comicios después de que el Congreso de los Diputados devolviese al Ejecutivo los Presupuestos Generales del Estado, por segunda vez desde 1978, dejando sin oxígeno la legislatura. Tras deslizarse ya el pasado lunes la fecha del 14 de abril, en las últimas horas ha cogido fuerza la opción del 28 de abril, después de Semana Santa.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha apresurado a alertar que todo aquello que no suponga un superdomingo electoral, esto es, hacer coincidir las elecciones generales con las europeas, autonómicas y municipales ya convocadas para el 26 de mayo, supondría un gasto extra, según sus cálculos, de 200 millones de euros para las arcas públicas. Las otras cuentas de los populares son que el efecto arrastre de las municipales, donde la formación cuenta con una implantada estructura, les beneficiaría para las generales. Albert Rivera, por su parte, insiste en que los comicios se celebren "cuanto antes", evitando mencionar un superdomingo.

Podemos, por su parte, desliza su preferencia antes del 26 mayo al oponerse a que Sánchez gobierne por decreto, como sí apoyan Izquierda Unida o Compromís para sacar adelante algunas de las medidas sociales estrella de la legislatura que se quedarían en el tintero. Desde En Comú Podem priorizan que al menos se apruebe en Consejo de Ministros el decreto sobre vivienda para regular los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, que estaría ya avanzado y prácticamente consensuado entre la confluencia catalana y el Ministerio de Fomento. El PNV, por su parte, quiere que se retrasen lo máximo posible los comicios para salvar el traspaso competencial.

Unas elecciones generales en mayo no solo propiciarían una polarización entre bloques —sobre todo después de la foto que protagonizaron Casado, Rivera y Abascal en la manifestación unionista del pasado domingo en Colón—, que busca Podemos, sino que también cortarían la posibilidad de que se escinda de Podemos para las generales una "izquierda amable" que permita al PSOE pactar con Ciudadanos. Un extremo sobre el que advirtió Pablo Iglesias a los suyos en referencia a la nueva plataforma electoral de Íñigo Errejón, antes del último consejo ciudadano estatal, convocado de urgencia para tratar la crisis interna del partido.

La mayoría de barones socialistas se oponen frontalmente a que coincidan sus elecciones autonómicas con las generales. Consideran que afectaría negativamente a sus intereses la vinculación con el PSOE de Pedro Sánchez tras haber abierto vías de diálogo con las formaciones independentistas, asustados tras los resultados en Andalucía, con una campaña enmarcada en el conflicto territorial. No es lo que concluyen las encuestas de Moncloa, donde se defiende que la marca PSOE tiene más tirón que los barones. Una posición con la que se alinea una parte del PSPV, e incluso el portavoz en las Cortes valencianas, Manuel Mata, señalaba que “hay elementos para considerar un posible adelanto electoral en la comunidad, pero siempre en clave botánica”, en referencia al pacto de gobierno PSOE, Compromís y Podem.

Más allá de los cálculos electorales de unos y otros, las diferentes fechas que se han puesto sobre la mesa tienen pros y contras, tanto en términos de coste económico como logístico y técnico. Formaciones como Coalición Canarias han alertado ya sobre las complicaciones que generaría, tanto en los votantes como en los organizadores, que el electorado de las islas tuviese hasta siete urnas. Y es que a las papeletas del Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo, el municipio y el Parlamento autonómico, se añadirían las de los consejos insulares en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, o los cabildos insulares en las siete islas canarias con Administración propia. En Euskadi, se sumarían también las papeletas para las Juntas Generales.

Las complicaciones logísticas afectarían también al sistema de correos para el 'mailing' electoral, hasta el punto de que, según fuentes populares, se podría generar un bloqueo si no se realiza conjuntamente. Esto es, en un superdomingo electoral, porque con apenas tres o cuatro semanas de diferencia entre ambas citas electorales no darían a basto para realizar los envíos las tres firmas que se han dedicado a proporcionar este servicio en otros procesos.

El coste económico de celebrar los comicios generales en una fecha distinta al 26-M sería de unos 130 millones de euros, según el gasto promedio de las elecciones de 2015 o la repetición de 2016. La partida principal a la que se destinaron 60 millones fue la de administraciones públicas, seguida de los 46,4 millones destinados a gasto de correos; 13,9 millones para difusión del escrutinio provisional y telecomunicaciones, y 12,5 para logística electoral.

Paradójicamente, los Presupuestos que ha tumbado el Congreso contemplaban una partida de 302,9 millones de euros para financiar procesos electorales y subvencionar a partidos políticos. Una cantidad que no solo estaba destinada a las elecciones municipales, autonómicas y europeas, sino que también se adelantaba a la eventualidad de que pudiesen celebrarse también elecciones anticipadas tanto al Congreso y al Senado como al Parlamento de Cataluña. Para mantenimiento y adquisición de material destinado a los procesos electorales, el Ministerio de Interior contemplaba una partida de 176,8 millones, muy por encima de los 102,6 del año anterior. A ello se sumaban otros 61,7 millones para estudios y trabajos relacionados con procesos electorales, que irían destinados principalmente para el CIS, como explicó recientemente su director, José Féliz Tezanos, durante una comparecencia en el Congreso.

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