Junqueras se considera "preso político" y lanza guiños a Sánchez desde el Supremo

Oriol Junqueras ha arrancado este jueves su declaración con un alegato, una vez más, alejado del plano jurídico o de defensa técnica. Como si el tribunal fuera el Parlament o el Congreso de los Diputados, se ha lanzado a un mitin que ha abierto manifestando que se considera "preso político", recalcando que el juicio en su contra también lo es y reivindicando que se le acusa por su ideas. Estos argumentos le han servido para justificar su decisión de no contestar a las acusaciones y, sobre todo, a la Fiscalía. A quien sí se ha dirigido es a los partidos políticos en general y al PSOE en particular. Y a su público.

"No voy a renunciar a mis convicciones democráticas, me encuentro en situación de indefensión porque estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político. Considero que me debo a mis votantes y por eso no contestaré a las preguntas de las acusaciones", ha sido su afirmación textual. Las urnas en la calle eran, según su versión, un plus de democracia alejado infinitamente de lo ilegal. "Votar no es un delito, impedirlo por la fuerza, si lo es", ha asegurado.

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Así, ha sido su abogado Andreu Van den Eynde el que ha estrenado el interrogatorio. El fiscal Javier Zaragoza, que traía preparada una batería de cuestiones que iban a prolongar su declaración durante toda la jornada, no ha podido efectuarlas. El interrogatorio no ha sido tal y ha pasado a convertirse en un alegato infinito al pacifismo y el espíritu de diálogo. "Somos buenas personas", "no somos enemigos de nadie ni de nada", "intentamos explicarnos ante todo el mundo", "la democracia se resuelve con más democracia", ha dicho en distintos tiempos. Cuando el tribunal ha ordenado un receso, Junqueras ha respondido incluso con un "lástima, ahora que íbamos lanzados".

Se ha pintado como una persona y un político pacifista, que rechaza la violencia, y defiende, por encima de todo, "los valores". "Las acusaciones retuercen la argumentación", ha indicado desde la silla colocada en la sala para los procesados que pasarán a declarar y llevando, por primera vez en el juicio, una corbata negra. "Trabajar para la independencia de Cataluña no es delito, nada de lo que hicimos lo es", ha indicado. Ha dicho incluso: "Amo a España", proclama que ha lanzado antes de reivindicar un acuerdo entre iguales.

También ha aprovechado para hacer varios guiños al PSOE y ha indicado que su propuesta de abrir una vía de diálogo sigue "vigente". "Tratamos de sentarnos en una mesa en la que la silla del oponente está siempre vacía", ha reprochado a los de Pedro Sánchez y al PP de Rajoy, recordando las negociaciones en otros países como Escocia o Canadá. En su opinión, esa es la única manera de sacar 'el conflicto' del terreno judicial donde, es evidente, no está cómodo. "Esto no se resuelve poniendo a gente en la cárcel", ha insistido. "Para nosotros, el derecho a la autodeterminación es la aplicación del principio democrático".

"El debate debe ser preservado", ha reiterado evidenciando una y otra vez que no entiende por qué este asunto le ha llevado ante un tribunal cuando siempre debería haber permanecido en la arena politica. "El bloque constitucional debe asumir el derecho a la autodeterminación", ha seguido hilando su discurso, más dirigido a la bancada parlamentaria del Congreso que al tribunal del 'procés'. Se ha disculpado además por su "pasión" en la declaración, que ha justificado por la emoción que le produce poder hablar tras más de un año sin poder hacerlo. Hasta se ha referido al debate presupuestario de ayer, recordando otros que fracasaron en el Parlament.

La declaración se produce coincidiedo con un desembarco masivo de ERC en Madrid. Han viajado desde Cataluña más de 20 integrantes de la formación, a los que se sumarán los grupos en pleno del Congreso y el Senado. Primeros espadas como el 'vicepresident' Aragonès y el 'president' del Parlament, Roger Torrent, estarán acompañados de todos los 'consellers' del partido. No faltarán Joan Tardà y Gabriel Rufián. Todos seguirán las palabras del dirigente desde un espacio habilitado en un hotel cercano con el símbolico nombre de Catalonia.

Entre el público, el diputado nacional Joan Capdevila y el autonómico Marc Sanglas. PDeCAT no alcanza, ni de lejos, este desembarco. Han acudido la 'consellera' de Presidencia y Portavoz del Govern, Elsa Artadi, el 'conseller' del Interior, Miquel Buch, y el diputado Eduard Pujol. No acudirá el 'president' Quim Torra, tras la polémica sobre si hubo saludo o desaire. Por la CUP, asistirá el diputado Vidal Aragonès.

Citado 30 veces por Fiscalía

La Fiscalía le acusa de ser el "jefe de la rebelión". El Ministerio Público se refiere a él en una treintena de ocasiones. Le coloca, ya en 2012, en el acuerdo para la transición nacional que sentó como prioridad la convocatoria de un referéndum a partir de 2014; también le vincula con el impulso de la votación del 1-O, a través de la acción de su vicesecretario Josep Maria Jové, al que se incautó otro de los documentos que se repiten en la instrucción, el denominado 'Enfocats', que la Fiscalía califica como "una exhaustiva guía del proceso".

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"El plan independentista contemplaba nítidamente la alternativa de la vía unilateral y el llamamiento a la ciudadanía para oponerse a la respuesta del Estado", dice el escrito de acusación, en que se le piden 25 años por rebelión y malversación. La Fiscalía también le sitúa en "múltiples reuniones celebradas entre los años 2015 y 2016", siempre de forma reservada, para discutir aspectos relativos al proceso de independencia. Lo mismo pasa con la presentación de la pregunta del referéndun y la firma de su resultado, en la propuesta para la ley que articuló la consulta y en el control de los procesos electorales.

Asegura que, de manera consciente, realizó múltiples llamamientos públicos a la movilización de la ciudadanía, "pese a la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos", y que estuvo presente en la reunión en que los Mossos avisaron de una alta probabilidad de que se produjera "una escalada de violencia". A pesar de ello, se dio instrucción al cuerpo policial de que facilitara el 1-O. Otra de las patas de la acusación es su participación en la malversación por uso de fondos públicos para alimentar toda la estructura de la ruptura. La propia Conselleria de Vicepresidencia asumió parte del coste de cartas y tarjetas censales.