tacha de "libelos" los argumentos de la defensa

La Fiscalía saca la artillería: trazaron "un plan criminal" y violento de "gran alcance"

"Desde el punto de vista de la unidad territorial, Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos. Ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino de todos", han defendido

Foto: Los fiscales, Javier Zaragoza (i) y Fidel Cadena (2i), durante el juicio del 'procés'. (EFE)
Los fiscales, Javier Zaragoza (i) y Fidel Cadena (2i), durante el juicio del 'procés'. (EFE)

Un plan criminal en el que participaban las autoridades legítimas del Gobierno de Cataluña. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha contraatacado hoy tras las alegaciones de las defensas que desgranaron en la primera jornada una ristra de presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales de los políticos catalanes que se sientan en el juicio del 'procés'. El fiscal Javier Zaragoza ha sacado desde primera hora toda la artillería y ha asegurado que los argumenos de los abogados son "libelos". Si se vulneró algún derecho durante esos días de octubre fue el que ampara a "la mayoría silenciosa de Cataluña, una mayoría del censo que no participó en la votación", y también los de "todos los ciudadanos españoles a intervenir en una votación que les afectaba muy directamente".

La Fiscalía saca la artillería: trazaron "un plan criminal" y violento de "gran alcance"

"Este es un juicio en defensa de la democracia y el orden constitucional", ha asegurado rotundo, en una introducción a su informe que ha dado muchos titulares, como cuando ha sostenido que los doce investigados trazaron "un plan criminal" de "gran complejidad y alcance". Según ha argumentado, "actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune" y las movilizaciones de la población que alentaron la ANC y Òmnium se emplearon "como instrumento para presionar y hacer claudicar al Estado". Además las dos organizaciones independentistas y los doce líderes del 'procés', Zaragoza ha cargado durante su intervención contra los Mossos d'Esquadra, el tribunal alemán que descartó extraditar a Puigdemont por rebelión e incluso los 120 catedráticos españoles que criticaron su acusación en un manifiesto.

El fiscal, primero en intervenir en un bloque dedicado a las presuntas violaciones de derechos constutucionales, ha defendido la causa ya desde sus inicios y ha descartado que el ejercicio de la actividad política, uno de los puntales de los argumentos de las defensas contra el procedimiento, lo pueda todo. "Solo se ha actuado cuando se han quebrantado los límites", ha dicho a la vez que descartaba que la política pueda servir como "patente de corso" para todo.

Así, ha destacado que no justifica "excepciones criminales" y que los políticos catalanes están sujetos al mismo Código Penal que el resto. "El legitimo ejercicio de la política no justifica acciones como expulsar la Constitución y el Estatuto del ordenamiento jurídico y sustituirlo por una legalidad paralela", ha dicho. Tampoco "planificar y ejecutar un proceso de segración al margen de los procedimientos legales ni desobedecer de forma reiterada y contumaz al Constitucional, ni convocar a miles de ciudadanos para retener y tener secuestrada a una comisión judicial so pretexto de un ataque a Cataluña, ni incitar, llamar o agitar a miles de ciudadanos que como muros humanos han protegido las urnas y los centros electorales sabiendo que se les abocaba al enfrentamiento violento con las fuerza policiales".

La falta de justificación se extiende también -ha dicho- a la acción de los Mossos. "No justifica sustraer a un cuerpo como los Mossos, con 17.000 hombres armados, al margen de la ley ni justificar un referendum prohibido por el TC para imponer un modelo de organización política al resto de la ciudadadanía ni destinar fondos públicos para financiar el proceso ilegal", ha remachado. Una postura en la que después ha incidido el fiscal Fidel Cadena, segundo en intervenir, quien ha dicho que "los mossos se pusieron completamente al lado de la rebelión". El Ministerio Público considera crucial el papel de los mossos para que los investigados sean condenados por rebelión y no por sedición, que exige el uso de la violencia. A la hora de abordar este aspecto, Cadena ha apuntado también a la ANC y Òmnium: "Los líderes de las organizaciones están ahí porque son el fundamento jurídico de la violencia".

Sobre el "derecho a la autodeterminación"

Zaragoza ha respondido además a los argumentos de las defensas sobre "el derecho de autodeterminación de Cataluña", pues considera que "carece de cobertura normativa nacional e internacional". Más allá de nuestra Constitución, el fiscal ha puesto como ejemplos los casos de Italia y Alemania, que prohibieron celebrar un referéndum de independencia en Véneto y Baviera por ir contra su legalidad. "Despues de estos ejemplos es necesario reconocer y aplaudir la cultura democrática de los ciudadanos de Baviera y Véneto, que acataron las resoluciones de sus tribunales constitucionales", ha ironizado el fiscal.

Los fiscales Fidel Cadena (d) y Javier Zaragoza (i) durante el juicio del 'procés'. (EFE)
Los fiscales Fidel Cadena (d) y Javier Zaragoza (i) durante el juicio del 'procés'. (EFE)

Fidel Cadena, por su parte, ha subrayado que "no hay una soberanía catalana, hay una soberanía española y está proclamada por la Constitución". En respuesta a las defensas que sostienen que votar es una acción democrática, Cadena ha recordado que "no hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional"y que "desde el punto de vista de la unidad territorial, Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos; ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino de todos". Una situación que, según ha afirmado, se repite en toda Europa: "A nadie se le ha ocurrido calificar a Alemania o Italia de estados opresores".

El Rey, Puigdemont y Rovira

En lo que se refiere a la petición de las defensas de que declare Felipe VI, Zaragoza se ha mostrado tajante: "El Rey está exento de declarar y así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero tenemos el enlace y vídeo de su declaración tras el 1-O, eso está en la causa", ha argumentado. Una línea similar a la que ha mantenido a la hora de descartar las declaraciones de Carles Puigdemont y Marta Rovira, también solicitadas por las defensas, recordando en este sentido que "son procesados rebeldes" y su comparecencia "quebrantaría todas las normas procesales".

En su intervención, el fiscal ha cargado además contra la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en Alemania, que en julio decidió extraditar a España a Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos y no por rebelión, opción que el Supremo rechazó. "El tribunal alemán creyó que podía enjuiciar los hechos. Entró a examinar cuestiones que entran en el fondo del asunto y se produjo una intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles", ha sostenido Zaragoza.

Respecto al manifiesto de más de 120 catedráticos y profesores de Derecho de toda España que rechazaron en noviembre la acusación por los delitos de rebelión y sedición a los líderes independentista, Zaragoza ha puesto en duda su valor: "No sé de dónde saca la defensa que hay 120 catedráticos en España, en realidad lo firman un 15% de los catedráticos de España y no los de más autoridad ni prestigio académico".

El único fin es cuestionar la Democracia

En opinión de Zaragoza, lo que se pretende desde las defensas es "crear una visión distorsionada realidad con el exclusivo fin de desprestigiar y desacreditar a la Justicia española y sus instituciones y cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho. Y para ello -asegura- no hay nada mejor que "denunciar una vulneración de derechos fundamentales" que a su juicio parece "tan ridícula como injustificada".

"Ni la ruptura de la legalidad constitucional ni la ejecución de acciones delictivas tan graves que han supuesto una agresión importante al orden constitucional pueden legitimarse al amparo de los derechos fundamentales cuya infracción se invoca. Se pretende transformar en víctimas a quienes han fracturado el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico con el único instrumento aceptable utilizar en una sociedad democrática, que es la aplicación de la ley", ha remachado.

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