impuesto de actos jurídicos documentados

El Supremo sofoca una nueva crisis de las hipotecas y rechaza la nulidad del fallo

La Sección Segunda determinó en varias sentencias que el impuesto debía ser abonado por las entidades y no por los consumidores, pero posteriormente se dio marcha atrás en un pleno

Foto: Foto: iStock.
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha descartado anular el polémico fallo del impuesto de las hipotecas. Los 28 magistrados de lo Contencioso se inclinaron el pasado noviembre por 15 votos a 13 en favor de la jurisprudencia tradicional, que obliga al cliente a asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). La Empresa Municipal de Rivas, sin embargo, decidió presentar batalla y reclamó la anulación de las resoluciones, ante lo que el alto tribunal admitió a trámite el incidente de nulidad y convocó un nuevo pleno con todos los componentes de la sala. Según informan fuentes jurídicas a El Confidencial, los magistrados han rechazado ahora dar marcha atrás en su decisión, ante lo que la Empresa Municipal de Rivas se prepara ya para acudir al Tribunal Constitucional.

Para entenderlo, hay que rebobinar y recordar lo sucedido en noviembre. La Sección Segunda determinó en varias sentencias que el impuesto debía ser abonado por las entidades y no por los consumidores. A continuación, en una decisión muy criticada, el presidente de la sala, Luis María Díez-Picazo, forzó la celebración de un pleno para examinar la cuestión, alegando que la resolución suponía un giro radical en el criterio hasta ahora sustentado y tenía, además, enorme repercusión económica y social. Por ello dispuso, con carácter urgente, dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar y llevar a este pleno de la sala, en el que participaron una treintena de magistrados, los recursos pendientes, "a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debía ser o no confirmado".

El pleno de la discordia arrancó el 5 de noviembre en medio de una enorme división y se cerró con una marcha atrás por 15 a 13 votos. En ningún momento se notificó a la Empresa Municipal de Rivas que iba a celebrarse, por lo que el afectado directo no pudo pronunciarse en contra. Además de este argumento, el recurso reproducía párrafos enteros de al menos dos de los votos particulares dictados.

Ahora acudiremos al Tribunal Constitucional para pedir amparo, porque se han vulnerado nuestros derechos fundamentales. El Supremo tenía este lunes la oportunidad de resolver a favor de la gente y no de la banca, y no lo ha hecho. Tenemos sentencias contradictorias sobre un mismo caso, y eso no puede ser. Las sentencias que son firmes para Rivas tienen que tener aplicación universal”, ha señalado este lunes el alcade de Rivas, Pedro del Cura, tras conocer la decisión de los magistrados.

El regidor ha asegurado además que si el Constitucional desestima el recurso de amparo, entonces acudirán a Estrasburgo. “Sería una vergüenza, una más, que tuviera que venir Estrasburgo a enmendarle la plana a la Justicia española porque no son capaces de hacer justicia en este país para la gente y se haga para los poderosos. Espero que no lleguemos a eso, pero en Rivas vamos a dar la pelea hasta al final por una Justicia para la gente”, ha concluido.

La reforma del Congreso

Días después de la polémica decisión judicial, el Congreso convalidó el real decreto-ley con el que se modifica la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que lo pague la banca cuando afecta a las hipotecas. El pleno del Congreso respaldó la norma con 205 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís, PDeCAT, Foro Asturias y UPN, entre otros) y 137 abstenciones (PP, PNV y EH Bildu), pero todavía se pueden presentar enmiendas al mismo.

Destaca en este sentido la enmienda presentada por el PP en el Senado para que la banca no tenga que hacer frente al impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) cuando conceda una hipoteca. La propuesta del partido pasa por establecer un tipo impositivo cero al impuesto cuando se trate de préstamos para primera vivienda, lo que permitiría así que ni la entidad ni el cliente tuvieran que enfrentarse al mismo. Una vez se discutan todas las enmiendas presentadas, la ley entrará en vigor con su publicación en el BOE.

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