El Gobierno ordenará el viernes exhumar a Franco del Valle de los Caídos

El 15 de febrero es el día. Este próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará el acuerdo motivado para sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero la exhumación no será inminente porque el Gobierno estudia conceder 15 días adicionales a la familia para que designe un lugar alternativo a la cripta de la catedral de la Almudena, el espacio que ellos indicaron y al que el Ejecutivo se niega por razones de seguridad.

La orden de preparar el acuerdo final fue dada esta misma mañana por Pedro Sánchez a la vicepresidenta, Carmen Calvo, desde cuyo departamento se ha conducido y supervisado todo el expediente, según confirmaron fuentes de su entorno. Todos los lunes se reúne el núcleo duro del Gabinete —el propio Sánchez y su jefe de Gabinete, Iván Redondo; Calvo, el secretario de Organización y titular de Fomento, José Luis Ábalos, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver— con la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra. Fue en la cita de este lunes en la que el mandatario socialista trasladó la orden a su escudera.

El acuerdo motivado de exhumación estaba al caer porque fue el 22 de enero cuando concluía el periodo final de alegaciones para las partes, y a partir de ahí el Gobierno tenía que analizarlas todas y tomar una decisión. Al final, se acumularon cuatro escritos: el de la familia Martínez-Bordiú Franco, representada por su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina; los benedictinos que cuidan del Valle de los Caídos —el prior administrador, Santiago Cantera, se ha opuesto desde el principio a que los restos salgan de la basílica—, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Todas en un sentido similar, según confirmaban en la Moncloa.

Fue en la mañana de este lunes cuando el presidente del Gobierno dio la orden de preparar el decreto a su número dos, Carmen Calvo

El Ejecutivo se niega a que el dictador vaya a parar a la cripta de la catedral de la Almudena, y está dispuesto a defender con uñas y dientes su decisión. Recibió un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid en el que desaconsejaba que se enterrara a Franco allí por razones de seguridad, al tratarse de un espacio en pleno centro de Madrid, a dos pasos del Palacio Real. Los descendientes, sin embargo, en su escrito de alegaciones, insistían en la Almudena, porque la afluencia de público prevista (unas mil personas diarias) no entrañaría riesgos de seguridad, ya que sería muy inferior al de otros eventos que se celebran en la ciudad, como los partidos de fútbol o las visitas al Museo del Prado, y porque consideran "despreciable el riesgo de disturbios de orden público de carácter ideológico".

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La intervención del Supremo

En su escrito de 55 páginas, los Franco denunciaban las "múltiples irregularidades" del expediente del Gobierno, así como "el incumplimiento por la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid de la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria". El Ejecutivo regional envió un informe favorable a la exhumación a la Moncloa, porque el dictador lleva 43 años enterrado en el Valle de los Caídos, y se considera que a partir de los primeros cinco tras la inhumación lo que quedan son restos, y no un cadáver. La familia reprochó a la Comunidad de Madrid "haber obviado la condición de cadáver embalsamado". Los descendientes también cargaron contra el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que dio el visto bueno al proyecto de exhumación elaborado por Patrimonio Nacional, que es el titular del Valle de los Caídos.

El proceso aún podría sufrir un nuevo retraso si la familia acude al Supremo y este autoriza suspender los trámites hasta entrar al fondo del asunto

El Gobierno rechazará por tanto todas las alegaciones presentadas. El Consejo de Ministros aprobará este viernes el acuerdo motivado de exhumación. Pero, como confirmaron fuentes del Gabinete, dará 15 días a la familia para que indique otro lugar de enterramiento distinto a la Almudena. Ese plazo no estaba previsto inicialmente en el decreto ley que el Congreso convalidó en septiembre. Se decía que en la resolución del expediente el Ejecutivo indicaría, en su caso, el punto de inhumación. En todo momento el Gobierno ha insistido en que el proceso era y es "garantista". Y es la razón que ahora da para conceder este tiempo extra.

Sin embargo, Sánchez podría encontrar un nuevo obstáculo en sus planes, puesto que muy probablemente la familia acudirá al Tribunal Supremo para que suspenda el procedimiento. Si los magistrados acceden a esa petición, la exhumación podría paralizarse durante meses. Y teniendo en cuenta que la fecha de las generales puede estar muy cerca, el presidente podría someterse al examen de las urnas con el dictador aún en el Valle de los Caídos, en una "tumba de Estado", como reiteradamente la ha definido Calvo. Fuentes próximas a la vicepresidenta reconocen que el procedimiento está siendo "muy complejo administrativamente", por las zancadillas que están poniendo los Franco, pero también remarcan que está siendo "muy escrupuloso".

Lastra confirmó este lunes desde Ferraz que arranca la fase última del expediente. Este próximo 15 de febrero “finaliza la tramitación, pero pasamos a la segunda parte”. La de la complicada operación de sacar al cuerpo de Cuelgamuros. Si es que es posible antes de ir a las urnas.