Así defiende la ministra Delgado la independencia judicial en el 'procés'

Defensa férrea de la Justicia española, de todos los procedimientos llevados a cabo y de los que tendrán lugar en los próximos días: concretamente el juicio del 'procés' que sienta en el banquillo a doce dirigentes independentistas catalanes a partir de este martes. Ese es el objetivo que persigue la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con la publicación este viernes de una tribuna de opinión en el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine' bajo el título 'En defensa de la Justicia española'.

En el texto, Delgado pone como ejemplo de la independencia judicial la sentencia que tumbó a Mariano Rajoy, además de señalar condenas como la del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, o la del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato: "La independencia y autonomía de nuestros jueces y fiscales respecto del Gobierno ha tenido reflejo en algunos de los casos mediáticos de los últimos años. Jueces españoles han condenado a prisión a un cuñado del Rey y a un exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Y la caída de Mariano Rajoy se debió a la falta de credibilidad que un tribunal dio a su testimonio en un caso de corrupción que afectaba a su partido. Esa sentencia fue la base de la moción de censura que aupó al presidente Pedro Sánchez", sostiene en el artículo.

La tribuna de la ministra llega días después de que el ministerio de Exteriores lanzara 'This is Spain', un vídeo para luchar contra la propaganda independentista en el extranjero. El vídeo promocional, realizado por el creativo Manu Cavanilles, busca difundir entre la opinión pública nacional e internacional la imagen de que España es una democracia consolidada y con un sistema de libertades homologables al de cualquier país europeo. Para ello, el vídeo cita el Democracy Index de la revista 'The Economist', que incluye a España como una de las únicas 20 democracias plenas del planeta, informe que Delgado también menciona en su tribuna. Con este tipo de acciones, el Gobierno busca contrarrestar el relato independentista fuera de España.

Este es el texto completo del artículo:

"El pasado 29 de diciembre se cumplieron 40 años de la entrada en vigor de la Constitución Española, el hito que puso fin a casi cuatro décadas de dictadura franquista. Una norma que nació con el apoyo de casi el 90% de los españoles y que ha supuesto un progreso democrático, institucional y económico sin precedentes en nuestra historia. Hoy, en pleno siglo XXI, España es una democracia moderna equiparable a cualquiera de los Estados más avanzados de la Unión Europea.

Se trata de una verdad basada en datos objetivos que, sin embargo, en los últimos tiempos, ha tratado de ponerse en duda por algunos sectores del independentismo catalán. Sectores que, negando las garantías constitucionales de nuestro sistema judicial, incluso han interpuesto demandas instrumentales en terceros países para sembrar la duda sobre la imparcialidad e independencia de nuestros tribunales.

Sin embargo, nuestros jueces y fiscales ostentan las más altas cotas de independencia y autonomía. Con sus limitaciones y sus problemas, la Justicia española se encuentra bien situada en la media de los países europeos. El funcionamiento de los juzgados y tribunales, así como el de su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, y el de la Fiscalía, está sometido de manera periódica a la evaluación de organismos internacionales. Y las recomendaciones de éstos siempre han sido atendidas por los sucesivos gobiernos.

"El ranking de ‘The Economist’ nos sitúa por encima de países a los que hace solo cuatro décadas mirábamos de lejos con envidia"

El Marcador de la Justicia de la Comisión Europea (Justice Scoreboard), el principal evaluador de la Justicia en la UE, así lo atestigua. Su informe de 2018 asegura que España se encuentra dentro de los estándares europeos sobre salvaguardas de independencia judicial. El documento subraya con carácter general la existencia de garantías legales, el régimen disciplinario de los jueces y su inamovilidad, entre otros aspectos.

Así pues, en caso de tener que acudir ante uno de nuestros juzgados o tribunales, cualquier ciudadano tendrá derecho a un proceso con todas las garantías y a un sistema de recursos equivalente al de cualquier otra democracia occidental. Además, en caso de que considere sus derechos vulnerados siempre podrá acudir al Tribunal Constitucional y, en última instancia, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuyas sentencias obligan a las autoridades españolas.

El Marcador de la UE también explica que, en España, el Gobierno no participa de ninguna manera en el nombramiento de jueces ni en su destitución. Tampoco puede proponer o rechazar candidatos. Esta imposibilidad de interferir en la Justicia supone un refuerzo a su independencia que nuestro sistema comparte con otros nueve Estados, entre ellos Francia, Italia o Dinamarca.

"Otro de los indicadores de calidad de la Justicia española son las escasas condenas ante el TEDH"

La independencia y autonomía de nuestros jueces y fiscales respecto del Gobierno ha tenido reflejo en algunos de los casos mediáticos de los últimos años. Jueces españoles han condenado a prisión a un cuñado del Rey y a un exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Y la caída de Mariano Rajoy se debió a la falta de credibilidad que un tribunal dio a su testimonio en un caso de corrupción que afectaba a su partido. Esa sentencia fue la base de la moción de censura que aupó al presidente Pedro Sánchez.

Otro de los indicadores de calidad de la Justicia española son las escasas condenas ante el TEDH, al que todos tienen acceso. Según sus estadísticas, la tasa de casos en los que ese órgano apreció una vulneración de derechos humanos en España fue de 0,1 por millón de habitantes. Se trata de la ratio más baja de todo el Consejo de Europa junto con Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Además de la UE y el Consejo de Europa, España también está sometida a la fiscalización de numerosos comités de la ONU.

Este 9 de enero se hizo público el Índice de Democracia elaborado por la revista británica ‘The Economist’. En su edición de 2018 España volvió a aparecer como una “democracia plena”, un club al que solo 20 de los 165 países analizados accedieron. Calificaciones como un 9,17 sobre 10 en ‘pluralismo político’, un 9 en ‘libertades civiles’ y notas siempre superiores al 7 en ‘cultura política’ o ‘funcionamiento del Gobierno’ apuntalan la excelencia de nuestro sistema constitucional.

"La caída de Mariano Rajoy se debió a la falta de credibilidad que un tribunal dio a su testimonio en un caso de corrupción que afectaba a su partido"

El ranking de ‘The Economist’ nos sitúa por encima de países a los que hace solo cuatro décadas, cuando nuestra Constitución echó a andar, mirábamos de lejos con envidia por sus consolidadas instituciones democráticas. Hoy podemos decir con orgullo que también nuestras instituciones, y entre ellas el Poder Judicial, se encuentran al más alto nivel.

España respeta y defiende el sagrado derecho de defensa de los políticos catalanes procesados. Pero no puede aceptar que se diga que sus autoridades reprimen las ideas o el voto. El Tribunal Constitucional español, como hizo el alemán en una reciente sentencia de diciembre de 2016, ha mantenido que, en nuestra ley fundamental, como en la de Bonn, no cabe un referéndum sobre la secesión de un territorio. Eso no significa que no haya una vía democrática hacia la independencia. Esa vía existe y está prevista en la Constitución: su propia reforma".