Junqueras insiste: necesita un "mínimo" de tres semanas para preparar el juicio

El 'exvicepresident' del Govern Oriol Junqueras ha insistido en un nuevo escrito en que necesita más plazo para preparar el juicio del 'procés', cuyo inicio se ha señalado para el próximo 12 de febrero. Tras serle notificado el auto de admisión, alega que el tribunal que debe juzgarle ha acordado unir a las actuaciones abundantes documentos solicitados por las partes, muchos de ellos por las mismas defensas, por lo que cree necesario un plazo "mínimo" de tres semanas para prepararse de cara a la vista oral.

Alega en este nuevo escrito que debe analizar la nueva documentación aportada "debidamente" antes del inicio del juicio y considera que ese plazo de 21 días es imprescindible para su defensa. Se trata de la segunda ocasión en la que solicita tiempo, ya que la pasada semana, antes de conocer el día señalado para el arranque, ya reclamó este lapso entre la comunicación oficial de la fecha del juicio y el inicio efectivo "de conformidad con el derecho de la defensa y la necesidad de proteger las condiciones en las que esta se desarrolla".

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Este mismo martes, otros de los acusados -en concreto Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- se han unido a la solicitud con argumentos similares. Reclaman que se aplace el señalamiento "en tanto en cuanto no se reciba íntegramente la abundante prueba anticipada que ha sido admitida mediante auto de fecha 1 de febrero de 2019, otorgando un plazo de tres semanas a las partes para que puedan instruirse del contenido de dicha prueba, plazo que deberá empezar a contar una vez la totalidad de dichos documentos lleguen a la Sala, garantizando así el efectivo ejercicio del derecho de defensa de mis representados y el resto de partes"

La solicitud tiene escasas posibilidades de prosperar, después de que el alto tribunal se decidiera el viernes pasado por dilatar una semana el principio del juicio atendiendo, precisamente, al plazo necesario para que las partes se preparen de forma adecuada. En un inicio, barajaba arrancar este mismo lunes o el jueves como alternativa, aunque se optó por ofrecer más tiempo a las defensas.

Fuentes cercanas a Junqueras aseguran a El Confidencial que, pese a que se ha optado por no reflejarlo en el nuevo recurso de súplica presentado, el traslado desde la prisión de Lledoners hasta la de Soto del Real de Madrid ha tenido también repercusiones sobre el trabajo de defensa. Según han explicado, también influyen las limitaciones de tiempo para acceder al ordenador y las prevenciones sobre el material que manejaban los presos, que han pasado casi seis meses en prisiones catalanas.

En este sentido, también la defensa de los de de PdCat, que ejerce Jordi Pina, ha protestado por las dificultades de uso de los equipos informáticos. Sànchez, Rull y Turull precisan que desde su llegada el pasado viernes 1 de febrero a Soto del Real "se está impidiendo el acceso a los ordenadores en cuyo disco duro tienen grabados los miles de folios y archivos videográficos que integran el presente sumario, así como abundantes documentos de trabajo confidenciales".

Por ello, reclaman de nuevo su puesta en libertad para garantizar que puedan prepararse de forma adecuada para la vista dado que "impedir a los acusados el acceso a tales archivos informáticos cuando falta sólo una semana para el inicio de las sesiones del juicio, comporta una evidente y ya efectiva vulneración de su derecho de defensa y su derecho fundamental a la igualdad ante la ley".

Testigo protegido

El escrito no se limita a reclamar más días sino que, en él, se impugna el auto de admisión de prueba, que se conoció el viernes, en base a la regulación de Protección de Testigos y Peritos. La defensa de Junqueras, que ejerce el abogado Andreu Van den Eynde, explica que, pese a que lo solicitó en su escrito de defensa, no se le ha facilitado la identidad de uno de los testigos que quiere escuchar la Fiscalia, un miembro de los Mossos que declarará de forma reservada para proteger su identidad.

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En el escrito, dice que la ley establece que el órgano de enjuiciamiento debe revelar la identidad de los testigos cuya identidad se desconociera "en el supuesto de que alguna de las partes lo solicitara motivadamente", cosa que ha hecho esta defensa. Desliza, además, el argumento de que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) es especialmente sensible a estas cuestiones. Estrasburgo, dice, "está especialmente preocupado por la gestión que en el proceso penal debe hacerse respecto de testigos protegidos".

En un extenso auto de 145 páginas, el tribunal presidido por Manuel Marchena estableció este viernes que escuchará a unos 500 testigos, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el exministro Montoro. También numerosos representantes de la política catalana, como el presidente del Parlament, Roger Torrent, o la alcadesa de Barcelona, Ada Colau, además del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. En la resolución, el alto tribunal sentó las líneas del juicio y rechazó, entre otras cuestiones, reservar asientos en la sala para observadores internacionales.