El veto del PP a Podemos en la renovación del CSN deja el regulador en manos de Ribera

La renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha saltado por los aires. El Partido Popular comunicó el pasado miércoles por la noche al Ministerio de Transición Ecológica que rompía las negociaciones. Los populares ya no quieren ni escuchar hablar de que Podemos tenga el quinto puesto de consejero, el que desempata y para el que los de Pablo Iglesias habían pensado en Francisco Castejón, histórico ecologista y físico nuclear, como adelantó este diario. La renovación queda en manos de Teresa Ribera, porque la ley le permite imponer los nombramientos si no hay acuerdo parlamentario, pero el ministerio ya abordó con retraso la negociación y ahora está sin plazo, sin aliados y sin forma de evitar la bronca. El CSN, mientras, no tiene ni cinco consejeros y su presidente fue reprobado.

Las negociaciones y los pactos políticos en tiempos de multipartidismo son muy complejos. Ocurrió con el Poder Judicial y está pasando con el de Seguridad Nuclear. El organismo regulador depende del Congreso y la ley establece que sus consejeros deben nombrase por tres quintos de la Cámara. El presidente tiene rango de ministro y los cuatro consejeros de secretarios de Estado. Una vez nombrados tienen un mandato garantizado de seis años. Dos de los consejeros -uno de ellos, el presidente- agotaron su mandato en diciembre y otros dos lo hacen el 22 de este mes. Además, uno de los que estaba en el descuento se ha jubilado por lo que solo hay cuatro consejeros.

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Ángel Collado

El ministerio que dirige Teresa Ribera arrastró los pies en la renovación y buscó una opacidad total. Cuando por fin se puso a negociar, se aproximó a PP y Podemos. Hasta ahora, el PP tenía tres consejeros y dos el PSOE por la renovación de 2015 (antes el equilibrio era dos populares, dos socialistas y uno de CiU). El PSOE planteó reequilibrar las fuerzas de acuerdo con el mapa parlamentario. El PSOE tendría dos consejeros (uno de ellos el presidente), el PP otros dos y Podemos el quinto. La renovación era en teoría urgente, entre otras cosas porque el Congreso pidió por unanimidad que el presidente, Fernando Martí, en ningún caso prorrogara su mandato más allá del pasado diciembre. En esa fecha se cumplieron los seis años desde que llegó al cargo directamente de la secretaría de Estado de Energía con el PP.

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Ciudadanos ni se ha sentado a la mesa. Podría haber intentado buscar un consejero pero el partido de Albert Rivera ha presentado una proposición para que todos estos cargos no dependan de los políticos y, como hizo con el Poder Judicial, ni entra al juego. Además, ha pedido una comparecencia para escuchar cómo ha sido una negociación a puerta cerrada.

El PP inicialmente entró a negociar. Pensaba argumentar que la renovación podía salir igual sin ellos y que no iba a dejar el CSN en manos de PSOE y Podemos. Pero cuando este diario desveló que el consejero propuesto por Podemos es un histórico antinuclear —a la vez que físico nuclear del Ciemat—, en Génova alguien pensó que les iba a costar caro el acuerdo y la cúpula dio orden de no pactar nada con Sánchez. Oficialmente, las relaciones entre Sánchez y Casado están rotas.

El plan inicial de llegar a un acuerdo a puerta cerrada y tener una vista de trámite en la Cámara días después, ya es imposible

Ahora queda en manos del Gobierno. La ley establece que si el Congreso no aprueba por tres quintos a los candidatos del Gobierno tiene un mes para buscar una mayoría alternativa de tres quintos para nombrar otros consejeros. Sin el PSOE esa mayoría es muy improbable, así que en teoría la ministra Teresa Ribera puede mandar sus nombres al Congreso aunque no salgan. Es lo que hizo el PP en 2015 con Javier Díes, el único consejero al que le quedan años de mandato. Pero el plan inicial de llegar a un acuerdo a puerta cerrada —la negociación está siendo sin ninguna transparencia— y tener una vista de trámite en la Cámara días después, ya es imposible. Esa vista de guante blanco sí fue posible hace seis años cuando PSOE y PP pactaron consejeros de perfil muy político como Fernando Martí y Cristina Narbona.

El Gobierno puede optar por renovar de facto a Fernando Castelló, que fue propuesto por el PP hace seis años. Bastaría que no nombrara a su sustituto y seguría prorrogado Junto a Díes, dejaría dos cargos de consejeros a propuesta del PP, el reparto inicial previsto por el Ejecutivo. Pero los candidatos sufrirán previsiblemente un duro examen en el Congreso. Sobre todo, si el Gobierno opta por perfiles políticos y no técnicos. Según 'El Mundo', una de las candidatas al puesto de consejera es la diputada socialista Pilar Lucio. Ese es el perfil que Ciudadanos puede destrozar en la comisión. En tiempos de bipartidismo, PSOE y PP pactaban comparecencias tranquilas pero eso se ha acabado.

Ribera ya dejó pasar el mes de diciembre, cuando expiraba el mandato de dos de los consejeros, y si quiere renovar a los otros dos en plazo, los nombres tienen que ir al próximo Consejo de Ministros. En el periodo más importante de su historia, cuando debe informar del cierre nuclear escalonado, el regulador nuclear parece abocado al caos. Tiene un presidente reprobado por el Congreso y ni siquiera los plenos están formados ya por los cinco consejeros que fija la ley porque se ha jubilado Jorge Fabra.