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México investiga la empresa del presidente del Betis por una supuesta deuda millonaria
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los denunciantes también contactaron a haro

México investiga la empresa del presidente del Betis por una supuesta deuda millonaria

Una empresa mexicana ha denunciado a Prodiel, presidida por Ángel Haro, y acusa a la misma de adeudarles 9,4 millones de dólares

Foto: El presidente del Betis, Ángel Haro. (EFE)
El presidente del Betis, Ángel Haro. (EFE)

La Fiscalía de México tiene en el punto de mira a Prodiel, la empresa del presidente del Betis Ángel Haro. El ministerio público del estado de Coahuila ha imputado a seis trabajadores de la multinacional sevillana en el marco de una investigación sobre el parque fotovoltaico de Villanueva, el mayor de Latinoamérica: Prodiel se encargó del desarrollo de este proyecto y subcontrató para ello a Codisa, una empresa que les acusa ahora de adeudarles más de nueve millones de dólares. Aunque desde la empresa de Haro aseguran a El Confidencial que "es una extorsión en toda regla", la Fiscalía ha pedido retirar el pasaporte a todos los investigados como medida cautelar.

Prodiel contrató a Codisa en marzo de 2017 "para el deshierbe y para actividades de movimiento de tierra", explican a El Confidencial desde la empresa mexicana. El trabajo, sin embargo, saltó por los aires en verano de 2017, tras lo que Codisa presentó una denuncia contra la multinacional sevillana en octubre de ese mismo año. Según aseguran a día de hoy, Prodiel les adeuda 9,4 millones de dólares, cifra que responde "a los trabajos que no quisieron pagar, a daños y perjuicios ocasionados al retener su maquinaria en el parque, a la quema de un tractor y al robo de un remolque". La Fiscalía investiga por el momento a la empresa del presidente del Betis por un posible delito de abuso de confianza equiparado, centrándose así en la supuesta retención del equipo de Codisa.

Foto: Parque fotovoltaico. (EFE)

Los denunciantes afirman además que sufrieron extorsión por parte de Prodiel, pero la Fiscalía no se ha pronunciado por el momento sobre este aspecto. "Los supervisores encargados de tramitar facturas y pagos con la anuencia de sus superiores exigieron a Codisa inflar facturas como condición para aprobarlas y tramitar sus pagos y la cantidad adicional se les entregará en efectivo", asegura la empresa mexicana en un comunicado enviado a este diario. De todos modos, desde Prodiel afirman que se trata de una estrategia basada en presionar a "sus empleados y directivos de clientes" para lograr un pago "sin sustento legal", por lo que a comienzos de este año respondieron a Codisa con una denuncia por extorsión.

A falta de que los tribunales tomen una decisión, El Confidencial ha tenido acceso a dos correos electrónicos enviados el pasado junio por Codisa al CEO de Prodiel, Miguel Somé, y a su presidente, Ángel Haro, en los que los denunciantes piden "concretar el pago de lo adeudado". Tras más de un año de choques con sus trabajadores en México, la empresa intentó llegar a un acuerdo a través de su directiva en Sevilla, pero no logró su objetivo. "El canal era y sigue siendo el arbitraje, por lo cual Prodiel, en apego a la cultura de legalidad que permea a todo su grupo a nivel global, se reitera en disposición de resolver cualquier diferencia por el referido medio y no a través de la extorsión mediática o por la vía penal", argumentan desde la multinacional.

placeholder Imagen de una planta solar fotovoltaica. (EFE)
Imagen de una planta solar fotovoltaica. (EFE)


La supuesta deuda de 9,4 millones

Codisa asegura que Prodiel le adeuda a día de hoy 9,4 millones de dólares, cantidad que la empresa divide a su vez en cuatro apartados: 4.385.375 de dólares por el tractor quemado y la retención de su maquinaria, 4.541.922 por los trabajos que realizaron en el parque, 2.566 por un remolque robado y 486.262 entre retenciones e intereses cobrados por sus acreedores. El grueso de lo reclamado se basa por tanto en las labores que realizaron en la planta fotovoltaica y en la supuesta retención de su maquinaria, centrándose por el momento la investigación del ministerio público en este segundo aspecto.

En lo que se refiere a los trabajos efectuados, desde Sevilla explican que "en cumplimiento y respeto a la obligación contractual con Codisa, Prodiel ha consignado en la Dirección General de Consignaciones 43 millones de pesos [2.249.394 dólares], que es la cantidad que legalmente tenía que pagar Prodiel a Codisa por las obras realizadas". Representantes de la empresa mexicana confirman este depósito, pero al mismo tiempo apuntan a que se negaron a cobrarlo porque implicaba poner punto y final a la batalla judicial y renunciar al resto de la deuda.

El principal punto de discusión se centra en la retención de la maquinaria, polémica ante el que ambas partes mantienen versiones distintas. "Los directivos de Prodiel y Novamper ordenaron bloquear el acceso a todo el personal de Codisa impidiendo la continuidad de los trabajos dentro del parque y dolosamente retuvieron el equipo y maquinaria que Codisa ingresó al parque para la ejecución de los trabajos, no permitiéndole sacar dicho equipo y maquinaria durante tres meses y medio lo que generó a Codisa daños y perjuicios por mas de 4,3 millones de dólares", sostienen en este sentido desde la empresa mexicana.

Representantes de la constructora sevillana, sin embargo, explican lo ocurrido de forma distinta. "Las afirmaciones de Codisa son falsas en cuanto a la retención de la maquinaria, la misma no fue retenida dentro del parque como afirma Codisa, lo cierto es que el acceso es negado a cualquiera que no tiene una actividad o razón justificada para entrar en el parque", argumentan. Prodiel reconoce por tanto que en septiembre de 2017 se impidió entrar a los trabajadores de la empresa subcontratada pese a tener maquinaria en su interior, pero descartan que dicha medida pueda considerarse una retención.

A falta de que los tribunales tomen una decisión al respecto, el juez mantiene por el momento a seis trabajadores de Prodiel imputados por estos hechos: Gonçalo José Dos Santos Franco, Carlos Alberto Duffey Gutiérrez, Gaetano Silipigni, Pedro Antonio Ramos Arjona, Ramón María Rico Morales y Luz María Morgado, para los que el ministerio público ya ha pedido la retirada de sus pasaportes como medida cautelar.

Prodiel presenta una denuncia por extorsión

A comienzos de 2019, después de que medios locales de México se hicieran eco del conflicto entre ambas empresas, Prodiel presentó una denuncia por extorsión ante la Fiscalía General de la República. "Codisa inició de manera paralela una serie de actos que si se observan de manera aislada parecieran amparadas por la legalidad, un mero ejercicio de la libertad de protesta y expresión que en México existe; sin embargo, una minuciosa revisión de los mismos, nos muestra de manera indiciaria un hecho con apariencia de delito de extorsión", sostienen en la misma.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el constructor sevillano alega una serie de acciones que Codisa habría llevado a cabo contra ellos en los últimos dos años. Los hechos a los que Prodiel hace referencia van desde supuestos bloqueos en las entradas al parque hasta la publicación en medios mexicanos de noticias que buscan "desprestigiar a la empresa". De esta manera, el constructor sevillano ha iniciado una batalla judicial paralela, por lo que todo apunta a que la pelea entre Codisa y Prodiel está lejos de terminar.

La Fiscalía de México tiene en el punto de mira a Prodiel, la empresa del presidente del Betis Ángel Haro. El ministerio público del estado de Coahuila ha imputado a seis trabajadores de la multinacional sevillana en el marco de una investigación sobre el parque fotovoltaico de Villanueva, el mayor de Latinoamérica: Prodiel se encargó del desarrollo de este proyecto y subcontrató para ello a Codisa, una empresa que les acusa ahora de adeudarles más de nueve millones de dólares. Aunque desde la empresa de Haro aseguran a El Confidencial que "es una extorsión en toda regla", la Fiscalía ha pedido retirar el pasaporte a todos los investigados como medida cautelar.

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