"Incumple el deber de sigilo": asociaciones de jueces cargan contra el jefe de la GC por Julen

Las declaraciones de la Guardia Civil sobre la muerte de Julen no han sentado bien a la judicatura. El director del instituto armado, Felix Azón, aseguró este miércoles a preguntas de El Confidencial que "estamos pensando en que no puede ser otra cosa [que un homicidio imprudente]", una afirmación que ha sido criticada con dureza desde la carrera judicial. Aunque Azón hizo hincapié en la palabra "presuntamente" a la hora de exponer su teoría, dos de las principales asociaciones de jueces consideran que "incumple el deber de sigilo", pues se trata de una investigación para la que una jueza de Málaga ya ha decretado el secreto de sumario.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha sido la primera en cargar contra las declaraciones de Azón. "Socava la confianza en la Justicia, por cuanto se trata de condicionar la decisión de la juez instructora encargada del caso que, a la sazón, es a quien corresponde legalmente calificar los hechos", han denunciado en un comunicado emitido la mañana de este miércoles. Según sostienen, el director de la Guardia Civil ha incumplido "el deber de sigilo" al hacer pública "información relativa a detalles de las investigaciones declaradas expresamente secretas de los que haya tenido conocimiento por razón de su cargo", ante lo que le piden que deje "trabajar a los jueces para que los familiares del pequeño fallecido puedan conocer los pormenores de lo sucedido".

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La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJD) mantiene una línea similar a la que expone la AJFV. Por el momento no han emitido un comunicado sobre las declaraciones de Azón, pero su portavoz Ignacio González explica a El Confidencial que se trata de unas palabras "inoportunas" que suponen "no respetar el secreto de sumario". La JJD apunta en este sentido a que el hecho de que Azón hable de un homicidio imprudente con la investigación todavía en marcha implica "no respetar la presunción de inocencia ni los derechos que asisten a los investigados", ni tampoco "el trabajo de los jueces".

Aunque El Confidencial también se ha puesto en contacto con la Asociación Profesional de la Magistratura, otra de las organizaciones mayoritarias de jueces, su portavoz ha señalado que no van a pronunciarse sobre esta polémica.

El posible homicidio imprudente

Tras el hallazgo del cuerpo de niño de dos años en el pozo de Totalán la madrugada del sábado, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga tomó las riendas del caso para determinar si existe una responsabilidad penal en la caída y fallecimiento accidental del pequeño. A falta de que avance la investigación, los hechos podrían encajar con un homicidio imprudente —tal y como ratificó este martes el director de la Guardia Civil—, un delito que puede ser castigado con penas de hasta cuatro años de prisión. En el foco de las pesquisas se encuentran el dueño de la finca donde se produjo el accidente y el empresario encargado de la obra del pozo.

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La investigación judicial está en manos de la magistrada María Elena Sancho, quien se centrará en establecer si la actuación de las personas vinculadas con la excavación pudo contribuir, de forma involuntaria, al accidente que acabó con la vida del pequeño. La Fiscalía y la jueza estudiarán para ello si existen indicios de irregularidades en la construcción y mantenimiento del pozo, aspecto que tratarán de aclarar tomando declaración a los dos sospechosos.

A falta de que comparezcan en sede judicial, ambos declararon en su momento ante la Guardia Civil y, según el propio Azón, su versión de los hechos apunta a que "no puede ser otra cosa" que un homicidio imprudente. De todos modos, desde la judicatura insisten ahora en que los investigadores no se preciten con sus conclusiones y, sobre todo, en que no las hagan públicas.