frente a la inoperancia de los gobiernos del pp

El verdadero giro de Casado: enmienda a Rajoy y Aznar con la defensa del español

El Grupo Popular propone ahora una ley que nunca promovió desde el poder con el fin de garantizar "el ejercicio del derecho constitucional de uso del castellano en toda España"

Foto: Pablo Casado a su llegada a Fitur esta semana. (EFE)
Pablo Casado a su llegada a Fitur esta semana. (EFE)

El Grupo Popular ha llevado al Congreso la primera enmienda escrita al pasado de sus gobiernos, los de Mariano Rajoy y de José María Aznar, al proponer una ley que nunca se atrevieron a plantear cuando estuvieron en el poder. "Promover una legislación básica que garantice el ejercicio del derecho constitucional de uso del castellano en toda España" es uno de los principales compromisos adquiridos por Pablo Casado en la última Convención Nacional que viene a corregir la debilidad, dejadez o inoperancia de los ejecutivos del PP en la materia desde 1996.

La misma mañana en que el expresidente del gobierno autonómico balear y senador, José Ramón Bauzá, anunciaba su marcha por la "política lingüística" del partido, en la dirección del PP no daban crédito al pretexto esgrimido por su exdirigente y al momento elegido para anunciar la dimisión. En fuentes de la sede de Génova recordaban que Bauzá no tuvo empacho alguno en ser nombrado senador por designación de la Cámara regional hace tres años y medio y que solo le ha horrorizado esa política cuando a cuatro meses de las elecciones sabe que no le iban a mantener el escaño. Además, insistieron en los mismos medios, la rectificación del 'nuevo PP' había quedado clara en la asamblea del fin de semana, e incluso se plasmaba ese mismo día en forma de proposición no de ley registrada en el Congreso.

"Casado, e incluso Feijóo, zanjaron la cuestión", añadían en fuentes de la sede de Génova después de reconocer que la inoperancia en la defensa de la lengua común les había hecho mucho daño, primero en Cataluña desde la etapa de Aznar y ahora en Baleares. El primero dejó hacer a Jordi Pujol durante su mandato y Rajoy tampoco se atrevió a intervenir para hacer respetar a la Generalitat los derechos lingüísticos de los ciudadanos, ni en la educación ni en ningún ámbito.

Ciudadanos supo sacar partido electoral de ese abandono del PP en la defensa del castellano en Cataluña y ahora son los movimientos ciudadanos que hacen frente a la imposición del catalán en Baleares los que se presentan como plataforma para la irrupción de la coalición de Actúa Baleares y Vox en la Cámara regional. Bauzá no se ha lanzado al vacío, sino al agua y para nadar a favor de la corriente.

El fichaje de una figura de peso y prestigio en Palma de Mallorca como es el exjefe de Estado Mayor del Ejército, Fulgencio Coll, para las municipales en la capital balear es ya la mejor cabeza de puente que tienen los de Santiago Abascal en la isla para hacerse hueco a costa de populares y riveristas.

Méndez de Vigo junto a su antecesor José Ignacio Wert, durante la colocación de un retrato de este último en la sede ministerial en 2017. (EFE)
Méndez de Vigo junto a su antecesor José Ignacio Wert, durante la colocación de un retrato de este último en la sede ministerial en 2017. (EFE)

Visto el panorama, Casado fuerza un giro que permita a su partido recuperar la credibilidad perdida al no acertar en la defensa de los derechos lingüísticos al no hacer cumplir a la Generalitat los fallos de los tribunales en la materia ni a imponer las competencias de la alta inspección del Ministerio de Educación. Por ese departamento han pasado Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Pilar del Castillo en la etapa de Aznar (1996-2004) y José Ignacio Wert e Íñigo Méndez de Vigo en el último gobierno del PP (2011-2018) sin haber podido o sabido poner freno al arrinconamiento del castellano y la propaganda nacionalista en el sistema educativo catalán.

"Nosotros aprobaremos una ley que garantice la enseñanza en castellano en toda España y erradique el adoctrinamiento nacionalista y el dogmatismo de la izquierda". Esa es la frase que el presidente del PP incluyó en su discurso de clausura de la Convención Nacional dentro del capítulo de grandes compromisos con la sociedad para las próximas citas electorales.

En el texto registrado en el Congreso para su debate en pleno, el Grupo Popular esgrime como competencia constitucional la obligación de la Administración central de intervenir directamente en la tutela del castellano como "lengua vehicular" en vez de delegar todo a los gobiernos autonómicos como pretende Pedro Sánchez dentro de sus concesiones al gobierno de Quim Torra.

Y sigue la proposición de ley del PP: "Un Estado de Derecho no puede permanecer impasible ante la vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en cualquiera de los ámbitos en que esta se produzca. Es inadmisible que los ciudadanos vean defraudados sus derechos, obligados a acudir a los tribunales de Justicia frente a las administraciones que hacen uso partidario de las lenguas para abanderar postulados ideológicos de segregación, exclusión y enfrentamiento".

En una enmienda a la práctica política de los gobiernos del PP, Casado promete ahora una reforma educativa que garantice "el derecho a la enseñanza del castellano y en castellano en toda España en el marco de un bilingüismo o plurilingüismo integrador".

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