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Marchena comunica a Interior que el juicio del procés se celebrará cerca del 5 de febrero
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Marchena comunica a Interior que el juicio del procés se celebrará cerca del 5 de febrero

No descarta restrasos por las diligencias a practicar por parte del tribunal

Foto: Manuel Marchena en las cuestiones previas del juicio del procés. (EFE)
Manuel Marchena en las cuestiones previas del juicio del procés. (EFE)

El presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena ha comunicado al Ministerio del Interior que el juicio contra los políticos catalanes se celebrará en fechas próximas al 5 de febrero. En un oficio, pone en conocimiento del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que si se produce algún retraso sobre esta previsión, impuesto por la práctica de diligencias indispensables para el desarrollo de la vista, le será también comunicado con antelación precisa para que adopte las decisiones que estime oportunas para garantizar la presencia de los procesados que tengan que ser desplazados desde cárceles de Cataluña.

Durante esta semana, el tribunal en pleno debe deliberar sobre las peticiones de testigos que han efectuado los 12 procesados a los que se juzgará en el TS. Deliberar y decidir cuáles de ellos se admiten y cuáles se rechazan y argumentar en un nuevo auto los motivos que les han conducido a hacerlo. La fluidez o, por el contrario, dificultad que encuentren los magistrados en este último trámite será lo que determine si, finalmente, el pistoletazo de salida se lleva a cabo el día 5 o más tarde. Así, deben determinar si aceptar o rechazan solicitudes como la presencia en la vista del Rey, el expresident Carles Puigdemont o el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Esa jornada cae en martes y encaja, por ello, en la iniciativa del tribunal de no dedicar la semana completa a la celebración de la vista y reservar los lunes y los viernes para dar cabida a la gestión de otros asuntos de la Sala de lo Penal que deben continuar tratándose. En cualquier caso, el juicio más esperado del año no arrancará directamente con las declaraciones de los acusados. Podrá verse, eso sí, a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquin Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila en el banquillo de los acusados después de meses en los que, en el caso de los presos, la difusión de imágenes ha sido escasa. La última instantánea fue la foto de grupo efectuada en Lledoners antes de la Navidad.

Así, antes de que se dicte el señalamiento exacto del arranque del juicio, el tribunal determinará los testigos definitivos que comparecerán en el juicio. Además de Puigdemont, las defensas quieren escuchar la declaración de otra de las personas que no se encuentra a disposición de la Justicia en España, la dirigente de ERC Marta Rovira, cuyo testimonio pide el exvicepresident Oriol Junqueras. También quieren que comparezca el senador Ignacio Cosidó, autor del polémico mensaje en el que aseguraba que el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del CGPJ faciltaría controlar la Sala Segunda "por detrás". Reclaman también la presencia del diputado de ERC Gabriel Rufián.

Los magistrados tendrán que determinar, también, otras de las solicitudes planteadas por las defensas que han pedido, por ejemplo, la presencia de observadores internacionales en el interior de la Sala. Los procesados piden, además, que se habilite traducción simultánea para poder declarar en catalán y, algunas de las defensas, reclaman que acudan como peritos relatores especiales de la ONU para que informen sobre el derecho de autodeterminación.

El presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena ha comunicado al Ministerio del Interior que el juicio contra los políticos catalanes se celebrará en fechas próximas al 5 de febrero. En un oficio, pone en conocimiento del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que si se produce algún retraso sobre esta previsión, impuesto por la práctica de diligencias indispensables para el desarrollo de la vista, le será también comunicado con antelación precisa para que adopte las decisiones que estime oportunas para garantizar la presencia de los procesados que tengan que ser desplazados desde cárceles de Cataluña.

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