Los tentáculos de Villarejo: de la base de datos del CGPJ a información de Hacienda

Las resoluciones adoptadas en los últimos días por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón abren una nueva ventana al universo Villarejo de lo más inquietante. Las últimas imputaciones dictadas por el magistrado, además de dibujar el mapa policial de los colaboradores del excomisario exponente de las cloacas del Estado, amplían el foco sobre su red de influencia hasta el punto de dejar claro que hay pocos sitios a los que no llegara. Del archivo de datos del Consejo General del Poder Judicial a la Agencia Tributaria pasando por información bancaria.

El caso más preocupante es el que afecta a la base de datos promovida por el CGPJ para agilizar las consultas de los Juzgados de España en el marco de sus instrucciones. La Audiencia Nacional ha imputado por revelación de secretos y/o cohecho al responsable de coordinar esta aplicación que, en definitiva, supone una ventana a la vida de las personas.

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Magistrados de todo el territorio realizaron en el último año más de 40 millones de consultas a través de este portal, denominado punto neutro judicial, y a través del que es posible conocer la situación financiera, fiscal, penitenciaria e incluso relativa al tráfico, de la gente. La herramienta deja rastro, ya que para acceder es necesario identificarse e incluir un número de procedimiento (sumarios o diligencias previas). Cada consulta refleja, mediante firma digital, quién accedió a la información, pero todas las consultas se acompañan de la identificación del investigado, que ha sido apartado cautelarmente de sus funciones hasta que se esclarezca su situación, y que es, precisamente, el responsable del certificado de seguridad.

Fuentes de su defensa informan a El Confidencial de que la versión en la que se escuda este trabajador del CGPJ es precisamente esa. Asegura que no accedió a datos por orden de Villarejo o de sus colaboradores, sino que figura en las consultas bajo sospecha a consecuencia de su labor, lo mismo que figura en todas. En cualquier caso, el auto menciona también delitos de cohecho y queda por esclarecer si recibió dádivas a cambio de presuntos servicios prestados. Una cosa está clara, fue un funcionario de la Administración de Justicia quien accedió a los datos que demandada el expolicía de la Tándem.

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En otras de las piezas del procedimiento y solo 24 horas antes, el Central 6 de la Audiencia Nacional determinó otra retahíla de imputaciones entre las que llama poderosamente la atención la de una persona vinculada con la Agencia Tributaria. "Se ha podido comprobar cómo dicho comisario junto a un número indeterminado de colaboradores, cuyas funciones y responsabilidades se encuentran pendientes de determinar, accedieron sin justificación alguna que les diese cobertura, a datos tributarios y movimientos bancarios", rezaba ese auto.

El funcionario de la AEAT Antonio Chaparro Luque, ahora jubilado, está investigado en concreto por suministrar "la información tributaria del modelo 347 de Balder Ip Law correspondiente al ejercicio 2013, modelo que fue encontrado con motivo de las entradas y registros verificadas en el procedimiento en poder de la red delictiva de José Manuel Villarejo".

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"Un número indeterminado"

"Un número indeterminado de colaboradores", una frase que ya evidencia la magnitud de la red en la que figuran numerosos ex altos cargos policiales y policías de nivel inferior, algunos de ellos retirados que realizaban pequeñas tareas para lograr que el excomisario dispusiera del bien más preciado en un negocio privado que le ha reportado ingresos millonarios: la información.

Entre los investigados del ámbito policial destaca la situación, cada vez más comprometida de Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO), que ha pasado a figurar en varias de las nueve piezas que ahora mismo abarca el caso Villarejo. En otras aparecen el inspector Antonio Bonilla Martínez. Antonio Serrano García, Manuel Novoa Martínez, Juan José Díez Álvarez, inspectores jefes, algunos ya retirados. El comisario Salamanca es otro de los afectados. Y por encima Eugenio Pino, que fuera número dos del Cuerpo y ha quedado alcanzado de plano en la investigación sobre el operativo encubierto para recabar documentación de Luis Bárcenas. Los tentáculos de Villarejo llegan a todas partes.