La jugada de riesgo de Sánchez: el cortejo a Torra por los PGE marcará la campaña

Tramitar unos Presupuestos Generales del Estado no es algo sencillo. La ley establece que se deben presentar antes de finales de septiembre para, en condiciones normales, aprobarlos en tres meses y que entren en vigor en enero. Por eso el movimiento de Pedro Sánchez de llevarlos a la Cámara a mitad de enero es una jugada política de alto riesgo. Si, como es previsible, superan los primeros trámites, irán al Senado a mitad de marzo y después tienen que regresar al Congreso en abril, a menos de dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, y con el juicio por el 1-O como telón de fondo, en el que Vox participa como acusación. Entonces se jugará el apoyo decisivo del independentismo, que puede dar a Sánchez el billete definitivo hasta 2020 en Moncloa... pero por el camino habrá marcado las municipales y autonómicas y ya sin posibilidad de convocar el superdomingo.

El pasado 7 de enero, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, anunció su intención de renovar su juramento a la bandera española después de las elecciones de mayo como muestra de responsabilidad. El PP ha elegido una bandera de España como fondo para el lema de su convención del próximo fin de semana: 'España en libertad'. Las elecciones andaluzas se jugaron en ese tablero y las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo van por ese camino. Los primeros mensajes de los candidatos del PP a la alcaldía de Madrid y la comunidad han sido sobre la unidad de España y el separatismo catalán. La oposición ha olido sangre en el flanco independentista del PSOE y no va a parar de golpearlo.

En ese contexto, al que hay que añadir el juicio del procés, el PSOE necesita el apoyo de los partidos independentistas a los presupuestos. La intención de los socialistas es hablar de medidas concretas contenidas en los Presupuestos, de su mayor inversión, incluso de cómo mejora la financiación catalana, pero no entrar en la negociación política que pide el independentismo. Los barones aceptan que el Gobierno ceda en temas económicos —como hizo Rajoy con el PNV—, no en asuntos políticos. Pero eso no será sencillo. E incluso si no hay cesiones fuera de las cuentas ese será el debate público.

El PDeCAT pide una negociación política, justo lo que los socialistas dicen querer evitar

Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso y uno de los más moderados del partido de Puigdemont, participó el lunes por la noche en un acto organizado por la revista 'Mongolia' en Madrid. Era una entrevista celebrada casi en familia, ante una veintena de personas entre las que estaba, significativamente, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

Campuzano no aclaró nada sobre las cuentas públicas —"vamos a ir viendo estos días"—, pero sí dejó claro que el independentismo exige hablar de Cataluña, no solo de dinero. "Inevitablemente, son espacios que convergen. Hay que abordar el principal problema político que tiene España, que es la relación de Cataluña con España, ese es el elefante en la habitación". Campuzano detalló que, por la mañana, en la reunión de la ejecutiva del PDeCAT celebrada en Waterloo, Puigdemont planteó "una comisión de seguimiento del diálogo del 21 de diciembre", el día en que el Consejo de Ministros se reunió en Barcelona, o un "espacio político donde se pueda discutir el problema" catalán. El independentismo sigue reclamando una negociación bilateral.

Hasta abril, los independentistas tienen multitud de fechas para hacer descarrilar las cuentas. En el PSOE asumen que hasta el final habrá suspense

Si la foto del 21-D en Barcelona ya dejó heridas/rasguños/daños en el PSOE, esto es otro nivel. Los socialistas confían en que a los soberanistas les será difícil tumbar las cuentas por las medidas sociales y la mejora de la financiación autonómica, y cada vez más en el Congreso se da por hecho que los Presupuestos pueden salir. Pero es probable que el voto definitivo penda de un hilo hasta el último segundo. El portavoz del PDeCAT dejó claro, eso sí, que si esto puede derivar en un dolor de muelas para Sánchez no es un asunto personal. "Si yo viviera en Madrid, probablemente sería del PSOE", concedió.

La tramitación tardará meses y los independentistas tienen muchos días en el calendario para hacer descarrilar las cuentas. El Congreso vota las enmiendas a la totalidad a mitad de febrero. Después, el 12 y 13 de marzo, se votan las cuentas por secciones. Si ahí caen, Sánchez aún tiene margen para convocar el superdomingo electoral. Si los presupuestos sobreviven, irán al Senado, donde la mayoría popular vetará las cuentas públicas. Posteriormente, el Congreso puede levantar ese veto, pero hace falta mayoría absoluta. Si algún grupo independentista se abstiene, se abre un plazo de dos meses para levantar el veto por mayoría simple. Quien esté aburrido de escuchar sobre los presupuestos, que sepa que esto no ha hecho más que empezar. La negociación con Podemos que empezó en agosto fue solo el calentamiento.

Si la mayoría del PP los veta en abril en el Senado, el Congreso tiene dos meses para levantarlo

Una larga tramitación, hasta que en abril vuelvan del Senado, no solo impregnará toda la política nacional sino que afecta al calendario del adelanto electoral para las generales. La fecha de marzo está descartada y principios de abril es el tope para convocar el superdomingo (las generales hay que convocarlas con 54 días de antelación). Así que Sánchez prácticamente ya se ha garantizado llegar a otoño en Moncloa. Que los presupuestos lleguen con vida a abril depende de ERC y PDeCAT, partidos a los que tampoco les convence el superdomingo de mayo. Entre tanto pueden ir viendo cómo se desarrolla el juicio del procés.

Los Presupuestos tienen otros problemas de procedimiento. Dos de los impuestos —tasa Google y tasa Tobin— son de nueva creación y requieren una ley aparte. El Gobierno las enviará al Congreso la semana que viene y Hacienda confió en que tengan "una tramitación ágil". En realidad, PP y Ciudadanos controlan el calendario en la mesa y no ven ningún motivo para correr. Entre otras cosas, porque son nuevos impuestos complejos de implantar.

Fuentes del PP explican que serán necesarias comparecencias de expertos. Francisco de la Torre, portavoz de Hacienda de Ciudadanos, coincide en que es un "tema tremendamente complejo y con efectos colaterales negativos. Google ha anunciado que prioriza una inversión en Portugal y no en Madrid. Es como para pensárselo". El Gobierno prevé recaudar 2.050 millones con esos gravámenes, aunque como en realidad el Presupuesto no entrará en vigor antes de la mitad del año el gasto en la práctica también será menor. En una época de política de montaña rusa, esos detalles parecen menores.