La jueza tumba la denuncia de los Franco contra el arquitecto que trazó la exhumación

El juzgado de instrucción número 3 de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta por Jaime Martínez-Bordiu Franco —nieto del dictador— contra el director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, el arquitecto Victor Cageao, y otros altos cargos de la Administración —entre los que estaban Cristina Latorre, subsecretaria del Ministerio de Justicia; Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, presidente de Patrimonio Nacional, y Antonio Hidalgo, subsecretario de Presidencia—, por la firma del informe titulado 'Proyecto de actuaciones arquitectónicas en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos', que recogía los trabajos necesarios para llevar a cabo la exhumación de Franco aprobada por el Gobierno.

La familia del dictador denunció ante la Justicia una presunta prevaricación y usurpación de funciones públicas por parte de Cageao, afirmando que este "se hizo pasar" por director de esa área para agilizar el procedimiento de sacar a Franco, "a pesar de que en la fecha en la que firmó el proyecto carecía de tal condición". Sin embargo, la jueza descarta taxativamente en un auto al que ha accedido este diario ese supuesto. Más bien todo lo contrario: constata que Cageao "tenía legitimación" para firmar el trabajo y "en absoluto puede considerarse la existencia de indicios" de los citados delitos.

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Los denunciantes llegaron a ampliar su acusación a la subdirectora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, María Antonia González, por haber rubricado el nombramiento de Cageao al frente de la Dirección de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio, "vulnerándose el procedimiento legalmente establecido para proveer la plaza", que estaba vacante, según su escrito. La jueza, por su parte, afirma con rotundidad que el proceso administrativo por el que Cageao accedió a la misma era conforme a derecho. El arquitecto tomó posesión como director general el 2 de noviembre porque así se estableció en la resolución administrativa previa (del 15 de octubre).

Por eso, la magistrada insiste en que "no pueden compartirse las afirmaciones de los denunciantes relativas a que Cageao no estaba legitimado" para firmar el proyecto en el que se desgranaban los detalles de la exhumación, el pasado 14 de noviembre de 2018. Más bien todo lo contrario: "Estaba legitimado para hacerlo", zanja.

En el auto se detalla el proceso administrativo por el que Cageao reingresó en la función pública, abandonando un puesto en el Museo del Prado, en concreto en servicios especiales, al que accedió —por simplificar— a través de una excedencia. Después, el arquitecto solicitó a petición propia y desde esa situación de servicios especiales el reingreso como funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y le fue asignado como destino provisional la Dirección de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio.

En todo caso, el fallo de la jueza —que archiva la denuncia "al no revestir los hechos caracteres de infracción penal"— recoge la posibilidad de que el denunciante interponga un recurso en el plazo de tres días.