Los policías se sienten estafados por el 'falso' título de la URJC y Cs lo llevará al Congreso

La sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer ayer por El Confidencial que pone en duda el grado obtenido por 200 comisarios en la Universidad Rey Juan Carlos ha puesto patas arriba la Policía Nacional. La mayoría de los sindicatos del cuerpo critican que el Ministerio del Interior firmara el acuerdo con el centro que permitió que durante dos cursos consecutivos altos mandos de la corporación obtuvieran una titulación universitaria que la ley les exigía para ocupar las plazas de mayor responsabilidad de la institución.

"Los compañeros se han sentido estafados", aseguran desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Su portavoz, Ramón Cosío, asegura que "la precaria carrera profesional" de los policías "exige tomar este tipo de atajos que, como se ve ahora, no son válidos". En el cuerpo, añade, los funcionarios han hecho una oposición y unos exigentes cursos en la Escuela de Ávila. Exigir una titulación paralela para cada uno fuera de la institución, a su juicio, es demasiado. "Lo que tendría que pasar es que esos estudios de Ávila sean homologados", entiende Cosío.

La Agrupación Reformista de Policías va más allá y califica de "tropelía" el curso que ha permitido a los comisarios conseguir el grado. Su portavoz, Luis Miguel Lorente, asegura que este "demuestra el clasismo que existe dentro del cuerpo" y "las argucias que se han llevado a cabo para favorecer a la clase dirigente policial". "Ahora queda conocer cómo se va a acometer la reestructuración desde la Dirección General de todos esos puestos ocupados por comisarios que no tienen la titulación requerida", subraya Lorente.

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Desde la Unión Federal de Policía (UFP), por su parte, califican la situación actual de "caótica". "El problema tiene difícil solución", asegura el portavoz de esta organización, José María Benito. La ley de personal, argumenta, es la que exige que los comisarios tengan la obligación de contar con un título universitario para ocupar determinados puestos de trabajo, y cambiar esto implicaría modificar la norma. "No sé si cesarán a los comisarios que no tengan la titulación o qué", duda Benito, quien considera que desde el principio el Ministerio del Interior lo hizo "muy mal" y que estas son las consecuencias.

Alternativa Sindical de Policía, que ha hecho de esta lucha su bandera, también se ha mostrado satisfecha tras la sentencia. "Era inadmisible que compañeros sin titulación ocupasen puestos que no les correspondían frente a otros que llevaban años cursando sus estudios", ha dicho la organización en un comunicado.

La ley, entiende el representante de UFP, tenía que haber contemplado la realidad de que había muchos funcionarios que ya estaban en el cuerpo y que no tenían titulación. Para esos casos, considera Benito, la norma debería haber permitido una excepción y que se valorara su trayectoria profesional por encima de si contaban o no con un grado. "Si al final se trata de que todos tengan título, empezamos con un problema de titulitis; es decir, que aquí vale más un título que una carrera profesional", considera el portavoz de la organización.

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A pesar de que la sentencia indica que el grado de la Universidad Rey Juan Carlos no puede considerarse grado porque la carga lectiva es insuficiente, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que aglutina a la mayor parte de mandos de la institución, considera que la resolución del Supremo no es suficiente para invalidar el mencionado curso, porque unicamente responde a un caso, el del recurrente. "En la práctica, habría que analizar caso a caso si han sido acreditados esos 180 créditos de forma individualizada", consideran desde el SPP, organización que, en línea con el SUP, "exige" a Interior que "de manera inmediata se ponga a trabajar para que de una vez por todas establezca el reconocimiento que corresponda a cada una de las actividades académicas que realizan los miembros de la Policía".

"No es aceptable que de manera reiterada se ponga en tela de juicio la formación de los policías en sentido amplio por la constante dejadez de los responsables de turno de la Dirección General, de la Secretaría de Estado y del ministerio", reclaman los dirigentes del sindicato de mandos, al que están afiliados gran parte de los comisarios afectados por la sentencia del Supremo, que a pesar de ser firme es posible que sea recurrida por la propia Universidad Rey Juan Carlos, que considera que el alto tribunal no ha reclamado documentación al centro y alega una posible "indefensión".

Así lo trasladó el centro ayer a través de un comunicado en el que anunciaba el recurso al entender que el mismo no ha sido parte ni ha sido informado. "En ningún momento de este proceso la universidad ha sido requerida para aportar la documentación que demuestra que el grado en criminología cumple con los 240 créditos exigidos", defendió la Rey Juan Carlos, que argumentó que el título siempre ha estado en regla y está aprobado por los órganos educativos competentes.

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El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, por su parte, se limitaron a poner el énfasis en que el Supremo únicamente resuelve un solo recurso en la mencionada sentencia. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que aún está estudiando la resolución, niega estar valorando movimiento alguno como reacción a la sentencia, con lo que los comisarios que actualmente ocupan plazas que exigen una titulación universitaria y obtuvieron esta última mediante el citado curso de la Rey Juan Carlos seguirán previsiblemente en sus puestos.

El curso 'online' de 60 créditos que permitió a dos centenares de comisarios obtener el grado en criminología se desarrolló solo durante dos ediciones, las de 2013 y 2014, ya que al año siguiente Educación censuró el seminario porque tenía insuficiente carga lectiva. La demanda para cursar las asignaturas previstas por la universidad y conseguir la titulación, sin embargo, era enorme, ya que cientos de inspectores jefe y comisarios que no tenían licenciatura alguna querían obtenerla de este modo para poder acceder a las plazas que la exigían, como establece la ley. La Rey Juan Carlos cobró a cada uno de los funcionarios que hizo el curso 3.000 euros en concepto de matrícula, con lo que las dos ediciones supusieron unos ingresos totales de 600.000 euros para las arcas del centro.

El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, por su parte, ha anunciado que dará la batalla en la Cámara Baja para aclarar toda la polémica surgida a raíz de la sentencia del Supremo. La portavoz del partido naranja en la comisión de Educación de la Cámara Baja y profesora universitaria en excedencia, Marta Martín, en concreto, tratará de averiguar en qué condiciones firmaron la Dirección General de la Policía y la Universidad Rey Juan Carlos el acuerdo que permitió a 200 comisarios obtener el grado en criminología con el citado curso 'online'.