Por qué Sánchez ahora (y antes Rajoy) han usado el secreto oficial para ocultar sus viajes

En materia de transparencia (u opacidad, depende de cómo se mire), Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tienen un par de cosas en común: han sido los primeros presidentes del Gobierno en ‘sufrir’ la Ley de Transparencia y ambos han recurrido a la Ley de Secretos Oficiales para ocultar los pormenores de sus viajes presidenciales. La negativa de La Moncloa a detallar el coste del desplazamiento de Pedro Sánchez a Castellón en avión oficial para asistir al Festival Internacional de Benicassim (FIB), incumpliendo así las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), se basa en una aplicación restrictiva del secreto oficial realizada por el anterior gabinete presidencial para ocultar la misma información. En este caso, Sánchez sí ha aceptado la herencia recibida de Rajoy.

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El origen legal

Aprobada hace cinco años, la Ley de Transparencia obliga al gobierno central, autonómico y local a rendir cuentas ante los ciudadanos sobre el uso del dinero de los contribuyentes o los documentos generados por la actividad pública, entre otras informaciones. Pero estos primeros años han puesto de manifiesto la reticencia de las administraciones a informar sobre sus decisiones.

Uno de los recursos utilizados más frecuentemente por los ministerios para bloquear la Ley de Transparencia ha sido la aplicación de la franquista Ley de Secretos Oficiales, cuya reforma propuesta por el PNV está bloqueada en el Congreso de los Diputados. Esta norma otorga al Gobierno –especialmente a Defensa– un amplio margen para clasificar de forma discrecional y genérica amplios ámbitos de la vida pública. Un ejemplo: a raíz de la publicación de los cables de Wikileaks en 2010, el Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por Miguel Ángel Moratinos, clasificó mediante un acuerdo secreto del Consejo de Ministros todos sus documentos, lo que motivó el cierre de los archivos de Exteriores a los historiadores españoles.

El conflicto de los viajes presidenciales

En octubre de 2015, la Fundación Civio envió una solicitud de información al Ministerio de Defensa en la que solicitaba la relación de personas que acompañaron a los miembros del Gobierno de Rajoy en los vuelos oficiales fletados por el Grupo 45 del Ejército del Aire. Tras la negativa inicial de Defensa, el Consejo de Transparencia dio la razón a Civio, pero Defensa llevó el caso a los tribunales. La Audiencia Nacional dictaminó que Defensa debía entregar esta relación, con la excepción de los viajes realizados por el Rey y el presidente del Gobierno, que están clasificados como secretos. No contentos con este fallo, Civio ha elevado el caso al Tribunal Supremo, donde se encuentra actualmente. Pedro Sánchez ha tomado esta interpretación legal y tres acuerdos de Consejos de Ministros de 1986 y 1994 para bloquear no solo el acceso al listado de sus acompañantes sino también los gastos de sus viajes.

¿Esta interpretación se ajusta a Derecho?

Para el Consejo de Transparencia, la institución administrativa encargada de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública, no. “Los gastos de viajes de los miembros del Gobierno [incluido su presidente] constituyen información de carácter económico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los Presupuestos Generales del Estado; es pues dinero público y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía”, establece en una de las resoluciones por los viajes de Pedro Sánchez. Asimismo, el CTBG dictamina que se han de identificar los acompañantes de los miembros del Gobierno en sus viajes oficiales, salvo el nombre de los escoltas y otros miembros de la seguridad de La Moncloa. Por todo ello, Transparencia ha censurado la pretensión de La Moncloa de “dotar la consideración de clasificada, con carácter general, la información sobre viajes del presidente del Gobierno”.

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Durante el mandato de Mariano Rajoy, varios ministerios sí publicaron los gastos de los viajes de los altos cargos a instancias de Hay Derecho y Access Info. Sin embargo, Presidencia no facilitó esta información detallada sobre el coste de los desplazamientos de Rajoy, escudándose nuevamente en los acuerdos de los Consejos de Ministros de 1986 y 1994.

A todo ello hay que sumar la recomendación aprobada por el CTBG para publicar las agendas de los responsables públicos, una medida que a día de hoy no se ha implementado en los ministerios. En una reunión reciente, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, aseguró que se pondría en marcha a lo largo de este trimestre. De esta forma, se aportaría luz a las reuniones de los altos cargos y se pondría coto a las reuniones secretas, como la mantenida por Pedro Sánchez con el filántropo George Soros o la del ministro de Cultura, José Guirao, con Jaime Botín para tratar la acusación de contrabando de un Picasso contra el banquero.

¿Por qué Presidencia no facilita los datos?

El CTBG tiene un importante defecto legal de fábrica denunciado reiteradamente por el propio consejo: no tiene capacidad inspectora ni sancionadora. Es como si un guardia civil detuviera a un conductor por exceso de velocidad pero, en vez de imponerle una multa y la retirada de puntos de su carné de conducir, el único castigo se limitara a una amonestación verbal. Todo ello se plasma en el lenguaje del CTBG en sus resoluciones: el consejo insta a su cumplimiento, pero no obliga a ello. Por tanto, en última instancia la publicación queda a voluntad de cada administración, siendo cada vez más las instituciones que optan por ignorar las resoluciones del CTBG sin acudir a los tribunales.

Reino Unido publica trimestralmente el detalle de los viajes de Theresa May, incluido el coste total y si ha sido acompañada por familiares o amigos

Esta es la razón por la que La Moncloa solo ha detallado un gasto protocolario de 283 euros por el viaje de Pedro Sánchez al FIB, volviendo a ampararse en la Ley de Secretos Oficiales –e ignorando de esta forma la resolución del CTBG– para denegar el resto de los costes, como el combustible, las dietas o la apertura del aeropuerto de Castellón.

¿Esta información se publica en otros países?

La primera ministra británica, Theresa May, publica trimestralmente el detalle de sus viajes internacionales. Entre la información disponible en su página web figura la fecha, el destino y motivo del desplazamiento; el modo de transporte y el coste del alquiler del avión; el número de acompañantes y si también se han desplazado su esposo u otros familiares y amigos, y el coste total del viaje.

Con algo menos de profusión, los comisarios europeos, incluido el español Miguel Arias Cañete, publican cada dos meses los gastos de transporte, alojamiento y manutención de cada uno de sus desplazamientos oficiales. Por ejemplo, uno de los últimos viajes de Cañete a Madrid tuvo un coste superior a los 1.200 euros para las arcas comunitarias. La Comisión Europea publica esta información desde hace un año como consecuencia de una campaña europea impulsada por Access Info.

Siguiendo el modelo de la Comisión Europea, la Generalitat Valenciana publica en una única página web los gastos de cada uno de los viajes realizados por sus altos cargos. Aparte del coste de los desplazamientos, también aparece información sobre las retribuciones y los obsequios que han recibido el presidente, los consejeros y los directores generales en el ejercicio de sus funciones.