Enganches ilegales, material inflamable, un bar... Así es la casa okupa que avala Navarra

La advertencia desde diferentes ámbitos ha estado presente durante meses. La ocupación ilegal del Palacio del Marqués de Rozalejo de Pamplona, de titularidad del Gobierno de Navarra, está poniendo en peligro no solo a los propios okupas, sino que las actividades y las obras que se están acometiendo pueden afectar a la propia estructura del inmueble y afectar a edificios colindantes. Y pese a ello, la actividad en su interior proseguía con el aval de su propietario. Esta madrugada, agentes de la Policía Foral han accedido al edificio con autorización judicial para que los técnicos del Servicio de Patrimonio pudieran inspeccionar su estado.

Y el informe emitido deja a las claras no sólo que “persisten los mismos riesgos” que se constataron en agosto del pasado año, cuando se procedió al desalojo del inmueble antes de permitir la nueva ocupación horas después, sino que se han “agravado” durante estos cuatro meses largos, donde se han realizado obras en su interior. Así, los técnicos han constatado la ampliación de la instalación eléctrica con "un enganche ilegal en fachada", la “acumulación de enseres, productos inflamables, bombona de butano y otro material inflamable”, la existencia de “huecos en zonas abiertas y accesibles a las personas sin protección adecuada, con riesgo de caída” o "el deterioro de la estructura accesible con riesgo para las personas”. Asimismo, se ha detectado que existe un servicio de bar dentro del inmueble, sin que cuente con los permisos necesarios para esta actividad.

La instalación eléctrica tiene un enganche ilegal en fachada, hay huecos en zonas abiertas con riesgo de caída y se ha deteriorado la estructura accesible

El Gobierno de Navarra ha hecho público el informe del estado que presenta el edificio en su interior, realizado en base a "una primera inspección visual" y a expensas de una comprobación “más detallada”, a raíz de la polémica que ha suscitado la intervención de la Policía Foral, que ha dividido a los socios del Ejecutivo de Uxue Barkos y ha provocado fuertes protestas en la calle por los okupas y simpatizantes, que han obligado incluso a la Policía Nacional a realizar diferentes cargas esta mañana a las puertas del Parlamento Foral cuando un grupo numeroso de personas trataba de acceder a la Cámara.

Los okupas han denunciado que la operación policial ha supuesto un “desalojo encubierto” del edificio, realizado con un montón de “irregularidades jurídicas”. Sin embargo, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha replicado que la intervención se ha llevado a cabo para inspeccionar el estado del edificio y ha negado que se haya procedido a “desalojar” el bautizado como gaztetxe Maravillas por los okupas, ya que en el momento en el que ha entrado la Policía Foral al inmueble, pasadas las 4.30 horas, no había nadie en su interior.

Se han producido incidentes con cargas policiales a las puertas del Parlamento de Navarra, a donde han intentado acceder los okupas y simpatizantes

La intervención en el palacio se sustenta, según ha informado el Gobierno foral para que la “opinión pública” conozca las motivaciones, en las denuncias vecinales trasladadas a finales de diciembre de que se escuchaban ruidos de obras en el interior del inmueble, lo que suscitó la “preocupación” del Ejecutivo, ya que estos trabajos “podían poner en peligro a los ocupantes, causar daños en elementos protegidos del inmueble y provocar desperfectos en edificios colindantes”.

Por ello, el 2 de enero solicitó al Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, donde se sigue el proceso judicial por delitos leves a raíz de la ocupación del inmueble, la autorización municipal para acceder al edificio con el fin de que técnicos del Servicio de Patrimonio examinaran su interior y constatar, en su caso, la “determinación, el alcance y las consecuencias” de las posibles obras que se estaban acometiendo. Dos días después, el tribunal autorizó el acceso de agentes del Área de Investigación Criminal y de la División de Información de la Policía Foral con técnicos del Servicio de Patrimonio para inspeccionar el inmueble, comprobar la veracidad o no de la realización de obras, y "adoptar las medidas que fueran precisas para eliminar o subsidiariamente disminuir dichos riesgos", debiendo el Ejecutivo adoptar las “prevenciones personales y materiales adecuadas para garantizar que las medidas que se ejecuten se mantengan en el tiempo”.

El informe, emitido por los técnicos tras "once horas de trabajo", refleja que “persisten los mismos riesgos ya descritos de forma somera” tras el desalojo llevado a cabo el pasado 17 de agosto, constatándose además “el agravamiento de los mismos” en un inmueble en el que se realizan "actividades de reunión, cine y bar" –la existencia de un bar ilegal donde se sirven bebidas alcohólicas ha sido denunciada en diversas ocasiones durante estos últimos meses–. En concreto, tras verificar que los okupas “han realizado obras en el interior” del edificio, se advierte de que se ha ampliado la instalación eléctrica, que tiene un “enganche ilegal en fachada que se ha realizado al trenzado de la compañía de distribución”. A este respecto, se refleja que “el enganche pasa por dos fusibles en fachada” y “se acomete a cuadros sin protecciones diferenciales”, al tiempo que la instalación eléctrica “discurre desordenada por todo el edificio con secciones y empalmes inadecuados sin entubar y accesible a las personas”. Igualmente, se alerta de “la acumulación de productos inflamables” y de "huecos en zonas abiertas con riesgo de caída" para las personas. También se constata la “necesidad de completar apeos en puntos concretos del edificio no identificados” en el informe elaborado el 20 de agosto con motivo del desalojo del palacio.

Se han sacado del edificio bombonas de gas, colchones, una cámara frigorífica, perfilería variada, barriles de bebida... Era algo "imprescindible"

La inspección, a la que se han sumado con posterioridad un técnico de la Institución Príncipe de Viana y otro del Ayuntamiento de Pamplona, ha determinado la "existencia y agravamiento de riesgos para las personas y bienes", según ha remarcado el Ejecutivo de Barkos, que ha querido incidir en el hecho de que los trabajos se han prolongado durante once horas. Ante esta situación, se ha procedido a sacar del edificio "todos los bienes muebles en él existentes, como bombonas de gas, colchones, una cámara frigorífica, perfilería variada, placas de sobretecho, barriles de bebida...", ya que -como ha justificado– era algo "imprescindible". Todo este material ha quedado depositado en dependencias policiales a disposición judicial.

En todo caso, a pesar de constatarse el “agravamiento” de los riesgos que ya existían hace cuatro meses, el Ejecutivo foral rehúsa concretar si se tomarán medidas para evitar una nueva reocupación del edificio, y se ampara en que se “está a la espera” del resultado del informe técnico antes de adoptar las “decisiones oportunas”. A este respecto, el informe preliminar ha sido presentado ya en el Juzgado de Instrucción número 4 y en el Ayuntamiento de Pamplona, a la espera de que se elabore un informe completo sobre el estado del inmueble, y cuyo resultado determinará las medidas a adoptar.

El Ejecutivo de Barkos rehúsa concretar si se tomarán medidas para evitar otra reocupación del edificio: Está "a la espera" del informe detallado

El Palacio del Marqués de Rozalejo, ubicado en el casco viejo de Pamplona, lleva ocupado desde septiembre de 2017 por un movimiento okupa afín a la ‘izquierda abertzale’. El desalojo de agosto se saldó con numerosos incidentes en la calle y con 22 personas identificadas, entre ellas cuatro menores, en una jornada que concluyó con su nueva ocupación ese mismo día amparada por el Gobierno navarro. De hecho, el Ejecutivo foral solicitó que se suspendiera la orden de desalojo decretada por el juez en un auto en el que se acordaba el reintegro de la posesión del inmueble al Gobierno de Navarra, lo que llevó al titular del Juzgado de Instrucción número 4 a acordar el archivo de la causa abierta por la ocupación ilegal del edificio al sostener que la petición del gabinete de Barkos suponía “una tolerancia de la ocupación y, por tanto, los hechos no pueden considerarse constitutivos de delito”.

La intervención policial ha dividido al cuatripartito que sustenta el Ejecutivo de Barkos, con EH Bildu y Podemos que se han opuesto a esta actuación. Ambos partidos han presentado en el Parlamento Foral una propuesta de declaración institucional para dejar constancia de que el acceso al inmueble “podría haberse evitado si se hubiera retirado la denuncia contra miembros” del movimiento okupa, aunque el texto no ha salido adelante al sumarse Geroa Bai e Izquierda Ezkerra a la oposición en el rechazo a este pronunciamiento. Izquierda Ezkerra ha votado a favor del segundo punto, encaminado a mostrar el “apoyo al gaztetxe Maravillas y demás espacios de autogestión que cuentan con el apoyo de los movimientos populares y que desde las instituciones deben respetarse”, pero tampoco ha sido aprobado por el rechazo del partido de Barkos.

Momentos antes de que la Junta de Portavoces abordara esta iniciativa, en la calle, los okupas y simpatizantes han tratado de acceder sin éxito al Parlamento, que se encontraba acordonado por la Policía Nacional. A la puertas de la Cámara se han producido momentos de tensión e incidentes, con cargas policiales contra los concentrados, que habían iniciado sus protestas con una cacerolada y gritos a favor del gaztetxe desde primera hora de la mañana en las inmediaciones del Palacio del Marqués de Rozalejo y por las calles del casco viejo. Los okupas, que denuncian que los agentes han extraído diverso material del interior del inmueble, han convocado esta tarde una asamblea popular para acordar la respuesta a dar. Ellos intentarán volver a ocupar el edificio. El Gobierno de Navarra, por su parte, esperará al informe detallado para adoptar las “actuaciones oportunas”.