El Gobierno rebajará los requisitos para la nacionalidad a los inmigrantes sin estudios

El ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado tiene prácticamente perfilado un proyecto de modificación del reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. El nuevo texto tiene como objetivo implantar una acreditación alternativa y dispensar de las pruebas relativas al grado de integración española a aquellos solicitantes que no sepan leer ni escribir o que presenten dificultades de aprendizaje. También se eximirá a aquellas personas que hayan estado escolarizadas en España.

En la actualidad, el procedimiento que regula la obtención de la nacionalidad incluye la obligatoriedad de superar una prueba que acredite el conocimiento de la Constitución y la realidad sociocultural española, así como de poseer un diploma de español de nivel 2 o superior expedido por el Instituto Cervantes, habitualmente centros privados autorizados por este. De esta última prueba solo están excluidas las personas que provengan de países donde el castellano es lengua oficial, pero no se proponen alternativas a aquellos que no sepan leer y escribir.

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Los cambios en el procedimiento saldrán adelante mediante un Real Decreto que modificará otro anterior que lleva en vigor tres años. El nuevo texto está pendiente de remitirse a dictamen del Consejo de Estado y, en su caso, elevarse posteriormente al Consejo de Ministros, como reconoce el Ejecutivo en una respuesta fruto de una pregunta escrita elevada por Unidos Podemos. El decreto actualmente en vigor, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, recibió numerosas críticas del tercer sector, principalmente, porque lo que antes era un derecho al que se accedía tras haberse cumplido los años necesarios de estancia legal continuada en España, desde octubre de 2015 se establecía un coste de entre 300 y 500 euros.

Durante los tres últimos años, los ingresos del Instituto Cervantes por la tramitación de estos certificados se acerca a los 16 millones de euros, de los cuales 11.335.035 provienen de las pruebas CCSE (conocimiento de la Constitución y la realidad sociocultural españolas) y 5.555.862 por la prueba DELE A2 de idioma. Se da la circunstancia, además, de que ni la red pública de Escuelas Oficiales de Idiomas, ni las escuelas para adultos ni las ONG que ofrecen cursos de español a migrantes están autorizadas para certificar los conocimientos de lengua, tratándose de una función exclusiva del Instituto Cervantes.

Si bien la prueba de conocimientos socioculturales puso fin a la discrecionalidad con la que anteriormente los jueces del Registro Civil podían evaluar el grado de integración de cada solicitante, desde el grupo confederal de Unidos Podemos entienden que se trata de un modelo de integración asimilacionista, "en el que para demostrar el conocimiento y la integración han de asumir la lengua, valores y otras denominadas señas de identidad".

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El propio contenido de las pruebas también suscitó críticas, al entenderse que los exámenes exigen un nivel de formación básica por encima del graduado en secundaria. Asimismo, versan sobre temas que, según denunció parte de la oposición en su día, alejados de la realidad y el día a día de la convivencia en sociedad, teniendo más similitud con un examen técnico de acceso a la universidad que con una prueba de conocimientos generales. Por último, el grupo confederal señala en su escrito dirigido al Gobierno "la dificultad para conseguir una fecha de examen, al no haber apenas fechas disponibles", lo que suponer alargar el procedimiento indebidamente.

La tasa de aprobados en la prueba de idiomas es del 76,95%, aunque hay una clara diferencia en los resultados por franjas de edad. Así, entre aquellos que tienen entre 18 y 31 años, el porcentaje de aptos asciende hasta el 89,31%, mientras que desciende al 70,97% en la franja de edad de 41 a 50 años y al 70,49% en la que comprende de 51 a 60 años. Estos porcentajes de aptos son mucho más elevados en la prueba para acreditar el conocimiento de la Constitución y la realidad sociocultural española, donde el 96,51% de los exámenes presentados son aptos.

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El número de personas extranjeras residentes en España que ha pedido nacionalizarse en 2017 en este país ha caído un 56% (hasta los 66.498) respecto al año anterior, y casi la mitad son menores de padre o madre español y nacidos en España. Del total de nacionalidades solicitadas, el 62% (41.180) fue por residencia y el 38% (25.200) por "opción", una modalidad que se ha dado a prácticamente todos los menores de 20 años, según la Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para obtener la "nacionalidad por residencia" es necesario haber residido en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

El país de nacimiento más frecuente en las adquisiciones de nacionalidad española fue España, según se desprende del INE, con 14.192 casos, el 21,3% (en su mayoría eran niños), seguido de Marruecos, con 9.334 (14%). Por comunidades autónomas, Madrid (con 18.158 casos) y Cataluña (con 17.591) concentraron el 54% de las adquisiciones de nacionalidad española en 2017, mientras que Cantabria (con 336) y Extremadura (con 352) fueron las regiones con menor número de adquisiciones de nacionalidad entre sus residentes.