22 decretos leyes en seis meses y medio por 20 del pp

Más de tres 'decretazos' al mes: Sánchez supera ya a Rajoy y molesta a sus socios

Unidos Podemos exige al Gobierno conocer los decretos leyes o amenaza con no apoyarlos como hizo con el de Industria. Dos decretos leyes de Fomento, sin apoyo suficientes

Foto: Sánchez supera a Rajoy en la aprobación de decretos leyes en apenas seis meses.
Sánchez supera a Rajoy en la aprobación de decretos leyes en apenas seis meses.

El Gobierno ha sufrido su primer aviso en el Congreso. El pasado jueves estuvo a un tris de perder la votación de un decreto ley de Industria que entre otras cosas prorrogaba el contrato de relevo, clave para las fábricas de coches. Pese a la retórica, en el último minuto el PP se abstuvo y dio oxígeno al PSOE. En sus primeros seis meses y medio, el Gobierno ha aprobado 22 decretos leyes, una fórmula reservada para situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad" pero que se ha convertido en la forma ordinaria de gestión. Sánchez lleva dos 'decretazos' más que Rajoy en el mismo periodo de tiempo al llegar a Moncloa. El abuso irrita incluso a Unidos Podemos y hace peligrar la convalidación de los próximos decretos leyes.

"La legislatura es como es". Un socialista se encoge de hombros para justificar la decisión de Sánchez de gobernar por decreto ley. Esa fórmula, prevista en la Constitución para situaciones de "extraordinaria urgencia y necesidad", ha sido el bastón de Sánchez ante la precariedad del grupo de 84 diputados del PSOE. Los decretos leyes entran en vigor al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Ministros y antes de un mes el Congreso debe convalidarlos o anularlos, pero en un primer momento no puede modificar nada. La oposición se encuentra con que lo toma o lo deja y semanas después de que el Ejecutivo se haya apuntado el tanto de medidas sociales.

El Gobierno agrupa cambios legales de distintas materias en un solo decreto, lo que baja la cifra


El pasado viernes en Barcelona el Gobierno aprobó tres decretos leyes: la subida de sueldos a los funcionarios, uno de ayudas a las comarcas mineras y una trasposición de una directiva europea sobre marcas. Desde que llegó a Moncloa, los decretos leyes se han sucedido. Ha habido trasposiciones de directivas europeas, poco polémicas de aprobar, pero también normas muy políticas: desde la exhumación de Franco a un decreto para combatir la burbuja del alquiler.

El Ejecutivo ha llegado a mezclar materias distintas en el mismo decretro ley. El pasado viernes, por ejemplo, el decreto ley que liberaliza el sistema ferroviario traspone también una directiva europea de marcas. Los 22 decretos en seis meses y medio (que incluyen un mes con poca actividad como agosto) equivalen a una media de 3,4 decretos al mes. La media por decretos leyes al año hasta ahora era de 14. En 2012, cuando Rajoy llegó al poder, aprobó 29 decretos leyes. En sus primeros 200 días en el poder aprobó 20 decretos leyes (dos menos que Sánchez) aunque pocos días después aprobó otros dos, por lo que estarían prácticamente empatados. Moncloa ha justificado que es normal que al llegar al poder un Gobierno apruebe más decretos leyes para poner en marcha sus medidas.

Hasta ahora, la oposición los ha ido apoyando, a menudo con el voto favorable de Ciudadanos y/o la abstención del PP, como se ha encargado de recordar el PSOE. Aunque el PP anunció una batería de recursos al Constitucional porque el Gobierno abusaba de una fórmula que exige que sea una materia urgente -en el decreto de exhumación de Franco, por ejemplo- pero luego no ha vuelto a ello.

En democracia, solo tres de los casi 600 decretos leyes aprobados han sido tumbados por la Cámara. La última vez fue en 2017, cuando el Congreso tumbó el decreto de la estiba de Rajoy. Lo que se suele hacer es pedir que se tramite como ley, con lo cual los diputados ya pueden introducir enmiendas. Pero con la parálisis legislativa por la fragmentación de la Cámara y el control de la Mesa por parte de la oposición en este momento eso condena las enmiendas de los grupos al limbo. PP y Ciudadanos bloquean iniciativas en la Mesa y otros textos están empantanados en comisión. Lo que no esté en el BOE en un primer momento corre el riesgo de morir. La ley de Memoria Histórica que el PSOE quiere enmendar para evitar que Franco vaya a La Almudena, por ejemplo, sigue en plazo de enmiendas porque la Mesa lo ha ido prorrogando.

Eso ha hecho que ni el Gobierno se fíe de la tramitación de los decretos como ley. El Ministerio de Transición Ecológica, por ejemplo, aprobó un decreto ley con medidas del sector eléctrico como la supresión temporal del impuesto del 7% para bajar el precio de la luz. Después, en el acuerdo presupuestario con Podemos incluyó otras medidas eléctricas como actuar frente a la retribución excesiva de la energía hidroeléctrica. Puede optar por introducirlo como enmienda en la tramitación como ley de ese decretazo pero fuentes parlamentarias dan por hecho que lo normal es que apruebe un nuevo decretazo. Sería el cuarto en la materia porque el de Industria que casi se cae también incluía algunas medidas del sector eléctrico y el de la minería del carbón del viernes afectaba a los derechos de emisión de CO2.

"No nos puede tratar así. Ni nos informan antes de aprobarlos. Les hemos dicho que basta". Una fuente de Unidos Podemos explica el hartazgo con la actitud de los ministros. No es tanto que se tramiten como decreto ley sino que los ministerios no les informan ni consultan en la redacción. El portavoz de Fomento de Podemos, Sergio Pascual, elevó el tono del disgusto. El domingo en twitter cargó contra uno de los últimos decretos, el ferroviario. De él dijo que su grupo no lo conocía y que iban a oponerse. "El Gobierno aprueba el decreto ley de privatización de nuestro sector ferroviario. Lo hace con absoluta opacidad con Podemos y esperando que pase 'desapercibido' en Navidad No lo hará. No dejaremos que una red pagada por todos acabe enriqueciendo a los de siempre".

El pasado jueves, la portavoz de Podemos en la materia, Yolanda Díaz, ya lanzó una crítica parecida desde la tribuna en el debate sobre la convalidación del decreto ley de Industria: "Señora ministra voy a comenzar diciéndole dos obviedades y lo lamento: su Gobierno cuenta tan solo son 84 votos y como sabe o debe saber a este grupo, que representa a cinco millones de votantes, le han llamado ustedes cuando el decreto ley estaba aprobado por el Consejo de Ministros. Segunda obviedad: en derecho no conviene abusar del decreto ley a modo de norma ómnibus. Aquí nos trae una norma técnica que regula las condiciones de refrigeración, una jubilación parcial, normas de la energía y de modificaciones del comercio minorista y de la cadena alimentaria. Esto no es serio. Tiene que estar fundada la urgencia en su tramitación".

Los socios de Sánchez prevén mostrar de nuevo su hartazgo acuando llegue a convalidación el decreto ley de medidas contra la burbuja del alquiler

Unidos Podemos quiere que el Gobierno se aplique en aprobar los Presupuestos y estire la legislatura pero no garantizan su apoyo a los decretos. Los de Pablo Iglesias se abstuvieron el jueves y dejaron al Gobierno pendiente de los votos del PP. En esa situación, el voto de Ciudadanos no era determinante y también decidió ponerse de perfil. Si el PP votaba en contra, el decreto de Industria caería. Al final, el PP se abstuvo y salvó a Sánchez de su primera derrota. El partido de Casado justificó que lo hizo por responsabilidad: sin ese decreto el 31 de diciembre dejaría de tener vigor el contrato de relevo, una fórmula muy utilizada por las fábricas de coches, una de las principales industrias del país.

La satisfacción en el grupo socialista era evidente. Ese día también lograron reeditar el "bloque de la moción de censura" para conseguir sacar adelante el objetivo de déficit para 2019. Pero el problema de los decretos leyes no ha terminado. Los socios de Sánchez prevén mostrar de nuevo su hartazgo a final de enero, cuando llegue a convalidación el decreto ley de medidas contra la burbuja del alquiler. Unidos Podemos considera que la norma no llega al mínimo que exige al no permitir a los Ayuntamientos limitar el precio del alquiler en zonas donde el precio esté desbocado. Es una de las exigencias de los Ayuntamientos del cambio.

El Consejo de Ministros ha enviado al Congreso 22 decretos leyes y solo dos leyes, una sobre un registro de pasajeros y la ley educativa para revertir los recortes del Gobierno de Rajoy. El resto, o bien son proposiciones de ley directamente de los grupos en el Congreso -así se ha aprobado ya una de cuidados paliativos que presentó Ciudadanos- o la tramitación como leyes de los decretos leyes.

El Gobierno de Rajoy ya superó con creces los números de Aznar y Zapatero en cuanto a drecretos leyes. Lo hizo especialmente en 2012, nada más llegar al poder. Entonces Rajoy tenía 186 diputados, 10 por encima de la mayoría absoluta, y podría haberlos sacado fácilmente como proyectos de ley. Además, la prima de riesgo, el paro y el déficit estaban desbocados y el PP justificó en la economía la urgencia de esas normas.

En 2015 Sánchez criticó que el Gobierno del PP abusara del decreto ley: "Rajoy ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas. Especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes. Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro Gobierno en democracia, convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar hurtando a los representantes del pueblo español".

El Constitucional ha criticado el uso partidista del decreto ley. En 2012 falló que "el concepto de extraordinaria y urgente necesidad que contiene la Constitución no es, en modo alguno, una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes, razón por la cual, este Tribunal puede, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada". Sin embargo, con los tiempos del Constitucional, pasan años hasta que llega la sentencia.

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