Las 24 horas de Sánchez en BCN: satisfacción con los gestos y algo "más cerca" de los PGE

"Trabajo bien hecho, mensaje enviado, valentía y satisfacción". Es la sensación que recorre al Gobierno después de 24 horas en Barcelona, en las que se encadenaron dos reuniones de los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra y de sus equipos —que fueron tres, si se pregunta a la Generalitat—, una cena con los empresarios catalanes, un desayuno con la alcaldesa de la ciudad condal y una cita del Consejo de Ministros en una Casa Llotja de Mar blindada hasta las cejas pero que pudo discurrir con plena normalidad y aislada de las protestas de los CDR, que acabaron con 13 detenidos.

El Ejecutivo socialista considera que este 21-D, cuando se cumplía un año de las últimas elecciones autonómicas, ha sabido mantener vivo el hilo del diálogo sin perder "firmeza", guardando un difícil "equilibrio", que ha lanzado gestos de acercamiento al mundo soberanista, sin hacer "concesiones" ni salirse de los márgenes de la Constitución y que tiene algo "más cerca" poder sacar adelante sus Presupuestos de 2019. De camino, ha aprobado medidas baratas pero simbólicas y efectistas (cambio de nombre del aeropuerto de El Prat, condena del consejo de guerra que ajustició al 'president' Lluís Companys, 112 millones para carreteras). El coste, sin embargo, es el recrudecimiento de la tensión con PP y Ciudadanos, que acusan a Sánchez de haberse "humillado" y "claudicado" ante los independentistas. Los populares hablan de "traición" a España.

No se percibe autocrítica en la Moncloa. Más bien lo contrario. Este viernes, finalizada la reunión del Consejo de Ministros, de vuelta todo el Gabinete a Madrid sin incidentes, en el equipo del presidente se recordaba cuál era la situación hace muy pocos días. La "dejación de funciones" de los Mossos en el puente de diciembre, cuando recibieron órdenes del Govern para no impedir los cortes de carreteras y el levantamiento de las barreras de peaje de varias autopistas, encolerizó al Ejecutivo de Sánchez. Vio ahí la oportunidad de elevar el tono, redoblar los avisos a Torra, advertir de que actuaría con "contundencia" si se repetía el caos y amansar a los barones socialistas.

Mientras el Ejecutivo se congratula de los "frutos", PP y Cs hablan de "claudicación" y "traición a España". Sánchez se ha dejado pelos en la gatera

La Generalitat reculó y a partir de entonces la tensión fue rebajándose, día a día, hasta vislumbrarse la posibilidad de la entrevista Sánchez-Torra que tanto perseguía la Moncloa. Pero la negociación fue dura. Muy dura. No se cerró hasta cinco horas antes de que ambos se vieran en el palau de Pedralbes. "Pero todas las batallas las ganamos nosotros", se felicitaban en el Ejecutivo. Pero bajo esa lectura triunfalista subyacía un largo tira y afloja en el que las dos partes tuvieron que ceder. Sánchez también se dejó pelos en la gatera.

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La pugna por los símbolos

El Govern perseguía vender una "cumbre entre dos gobiernos". Tuvo la foto, pero no esa cumbre como tal. Sánchez y Torra, más sus equipos —los vicepresidentes Carmen Calvo y Pere Aragonès, y la ministra Meritxell Batet y la 'consellera' Elsa Artadi—, se vieron unos minutos al final, de pie, en la "despedida". La Generalitat habló de esta tercera imagen como una "reunión", mientras que el Gobierno insistía en que no la hubo porque solo fue un saludo protocolario. El Govern pugnó para que en esa foto los seis cargos aparecieran sentados, pero la Moncloa se negó. Aparecieron de pie, para evitar toda comparación con una cumbre entre dos Estados. La equiparación, sin embargo, fue automática para la oposición. "Si para destensar hace falta esa foto a seis, bien está. Ellos pedían muchas más cosas, y no las han conseguido", resumían quienes han estado más al día de la organización del dispositivo.

Del comunicado conjunto desapareció la referencia a la Constitución, pero el Gobierno entiende que sí está. El Govern no descarta la vía unilateral

El cuidado de los símbolos llegó a tal extremo que el equipo de Torra dispuso dos macetas de flores de Pascua amarillas tras los presidentes para lanzar un guiño a los independentistas encarcelados, pero los colaboradores de Sánchez, que habían inspeccionados los espacios de las reuniones en las últimas horas, ya se habían agenciado unas flores de Pascua rojas y colocaron una planta antes de la entrada de la mayor parte de los reporteros gráficos.

El comunicado final también supo a cesión para PP y Cs. Gobierno y Generalitat se comprometían a potenciar el diálogo, buscar una propuesta política que suscite un consenso mayoritario "en el marco de la seguridad jurídica". El Ejecutivo quería que sobre el papel se hablara de la Constitución y de la ley, pero Torra se negó, así que la solución intermedia fue esa expresión, "seguridad jurídica", más imprecisa o podría pensarse que insuficiente. Batet defendía este viernes que no había margen a la interpretación: no hay seguridad jurídica fuera del ordenamiento jurídico, que componen la Constitución, los estatutos de autonomía y el resto de leyes. "Absolutamente ninguna cesión", abundaba a su lado la ministra Isabel Celaá.

Para el Gobierno, que esta aseveración quedase plasmada en un comunicado conjunto era el compromiso "inequívoco" de que ERC y PDeCAT renuncian a la vía unilateral, aunque admitían que habría sido deseable que hubiera sido más "explícito". Pero la otra parte no lo ve así. El Govern, y así lo aseveró Artadi con rotundidad, no cree que haya otra salida más que la del referéndum de autodeterminación, y aunque "prioriza el diálogo", no descarta aún la vía unilateral. Para Sánchez, la única vía posible es la del reforzamiento del autogobierno vía reforma del Estatut, porque el derecho a decidir "no existe" ni cabe en la Carta Magna en modo alguno, y además hacen falta salidas "transversales" que generen consensos entre nacionalistas y no nacionalistas. Aquí no hay cambios, las posiciones siguen siendo igual de distantes.

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Reunión "muy positiva"

¿Qué se ha ganado? Para el Ejecutivo, que esa máxima grabada en piedra de "ley y diálogo" sobreviva, que su estrategia de apaciguamiento no muera a los seis meses de nacer y los puentes sigan fortaleciéndose, pese a que no haya avances tangibles. Una nueva demostración de talante. La propia portavoz, Isabel Celaá, señalaba que la reunión de Sánchez y Torra, "muy positiva", demuestra que el diálogo es el modo de "encauzar políticamente las relaciones con Cataluña y la salida del conflicto", porque no hay otra "receta", ni las "soflamas emocionales" de los soberanistas ni la "aplicación perpetua del 155", como quieren PP y Cs. El diálogo por el diálogo como mejor fórmula para la distensión y reconstruir las confianzas perdidas. Eso defiende el Ejecutivo socialista.

Moncloa reitera que no hay pactos "vergonzantes" y presume de sus medidas: renombrar El Prat, reparación de Companys y 112 M € en carreteras

"Lo que más nos ha impactado es que en Cataluña la gente pide a gritos que hablemos", señala un miembro de la delegación gubernamental que acudió a la cena con la patronal Foment, en la que los empresarios hicieron llegar ese mensaje. "Se trata de mantener un hilo y un equilibrio muy difícil entre firmeza y diálogo. Y ellos, los independentistas, han aprendido en cabeza ajena y no han cometido ni media ilegalidad. Pero si la hacen, por supuesto que actuaremos. La posición más fácil es la de las derechas, pero solo sirve para incendiar Cataluña y por ahí no vamos a ninguna parte. No hemos llegado a ningún acuerdo vergonzante", insistía un alto mando del Gobierno. "Las acusaciones de 'humillación', 'claudicación'... son ridículas —señala un responsable de la Moncloa—, porque el presidente ya ha dicho, y en sede parlamentaria, y muchas veces, que no se admitirá ninguna votación que quede fuera de la Constitución".

A la política de gestos acompañó la aprobación de tres medidas por el Consejo de Ministros dirigidas a Cataluña. Dos puramente simbólicas. De un lado, el cambio del nombre del aeropuerto de El Prat —pasará a llamarse Josep Tarradellas Barcelona-El Prat—, decisión comunicada (que no consensuada) a los ayuntamientos afectados, al Govern y a la familia del 'president' que, retornado de un largo exilio de 38 años, volvió a encabezar la Generalitat en 1977, y de cuyo fallecimiento se cumplen ahora 30 años. Se transmite un "mensaje de concordia, de entendimiento, de diálogo" y de "reconocimiento" de una figura tan emblemática como la de Tarradellas, subrayó Celaá.

Segunda medida: rechazo y condena del consejo de guerra que juzgó de manera sumarísima y ordenó el fusilamiento del 'president' Lluís Companys en 1940, y reconocimiento y reparación de su figura. No se anula su juicio, porque la reforma de la Ley de Memoria Histórica que lo permitiría sigue atascada en el Congreso. Y tercer gesto: una inversión de 112 millones para la mejora y el reacondicionamiento de diversas carreteras en suelo catalán.

El Govern desdeña los gestos

Acuerdos del Consejo de Ministros "sectoriales y estéticos", según los calificó Artadi. El Govern se queja de que el nombre de El Prat se cambia sin consenso con la Generalitat y no supone ir al fondo, que es que la Generalitat pueda gestionar una infraestructura estratégica. La reparación a Companys no es "nada nuevo", dijo la 'consellera', porque el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya hizo un pronunciamiento similar en 2009 y la ley no se ha modificado aún. Y la licitación de contratos de conservación de carreteras corresponde a obras presupuestadas en los últimos 10 años y nunca ejecutadas. Total, que para el Govern "no era necesario venir aquí a Barcelona, por el coste que ha supuesto el desplazamiento".

Los gestos de Sánchez no aplacan del todo la calle y son despreciados por el Govern. Los barones socialistas siguen mostrando su preocupación

En la Moncloa dicen no sorprenderse de la respuesta del Govern. Distintos interlocutores del Gobierno subrayan que los independentistas tienen que "hablar para su parroquia" y "contrarrestar" el discurso y las acciones de Sánchez.

En el equipo de Sánchez se definen, pues, como "razonablemente satisfechos". "El Ejecutivo ha hecho lo que tenía que hacer con una agenda por la que pocos apostaban hace muy pocos días", indicaban, señalando la montaña rusa de las últimas dos semanas, en las que la temperatura se ha ido reduciendo poco a poco. Así que a la postre se han "superado expectativas". La prueba más elocuente para la Moncloa son las manifestaciones "pocos numerosas" del jueves y el viernes por la mañana en Barcelona.

"¿Este es el independentismo que movilizaba a un millón de personas hace un año?", se preguntan retóricamente en el Gobierno, en el que recordaban que al final el impresionante dispositivo policial que se desplegó para evitar cualquier asedio a la Llotja fue más amplio del necesario, aunque no había otra alternativa vista la escalada de los CDR en los días previos. Precisamente Celaá agradeció el trabajo de todos los cuerpos de seguridad —Mossos, Guàrdia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil—, coordinados en una misma sala de mando. Pero hubo 13 detenciones, 77 heridos leves, cortes viarios, cargas y disturbios graves en las calles. Y el colofón de una manifestación soberanista, ya por la tarde, que congregó a 40.000 personas en Barcelona.

Sánchez cierra, siempre según sus colaboradores, una "semana positiva", en la que ha insistido en la necesidad del diálogo con Cataluña y demostrado que "hay que jugar cada partido hasta el último minuto". Esa apreciación tiene su derivada lógica en los Presupuestos de 2019. Fuentes del Ejecutivo reconocen que la aprobación de las cuentas sigue "muy lejos", pero ahora queda "algo más cerca" que antes. Es innegable que ha regresado un cierto optimismo a La Moncloa después de semanas en las que se daba por perdido ese propósito y se asumía incluso el coste de una derrota parlamentaria para visualizar, al menos, que no hay entente con los independentistas.

Pero a la bajada de tensión se suma un dato: los separatistas, junto con Unidos Podemos y el PNV, permitieron a Hacienda sacar en el Congreso este jueves su senda de déficit menos restrictiva, aun a sabiendas de que será rechazada por el Senado el próximo 27 de diciembre. La cúpula socialista ha venido defendiendo que sus socios de la moción de censura no quieren elecciones generales ya, y tumbar los PGE abocaría al final de la legislatura. Ahora, la posibilidad del superdomingo se aleja.

Los movimientos y la estrategia zigzagueante del Ejecutivo de Sánchez, sin embargo, sigue preocupando a los barones socialistas que se juegan su continuidad en los comicios del 26 de mayo. El malestar es cada vez más indisimulado. El botón de muestra, como en tantas otras ocasiones, lo fue el presidente aragonés, Javier Lambán. Le hizo este viernes esta advertencia al líder del Ejecutivo: no va a admitir "transacciones" con los secesionistas, a los que hay que combatir por la vía política, judicial y cultural. Incluso acusó a los gobiernos anterios y al actual de ser "pusilánimes" con el separatismo. La política de la distensión, creen los barones, no les ayudará en sus comicios. Y hay mucho poder sobre la mesa.

Subida del SMI y del sueldo a los funcionarios y más protección en el Código Penal para las mujeres

El Consejo de Ministras y Ministros de este 21-D aprobó dos medidas de fuerte impacto social para toda España, con las que ya se contaba. De un lado, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Un alza del 22,3%, la mayor en cuatro décadas. Influirá en 2,5 millones de personas.

De otro lado, el Gobierno aprobó un real decreto ley, que habrá de ser convalidado en el Congreso, que para 2019 establece una subida fija del 2,25% para todos los empleados públicos (de todas las administraciones: la estatal, la autonómica y la local), a la que hay que sumar un porcentaje variable que puede alcanzar el 0,25%, ligado a la evolución del PIB a partir de un 2,5%. Los empleados públicos contarán, además, con otro 0,25% de fondos adicionales cuyo reparto, en este caso, dependerá de la negociación de cada administración con sus organizaciones sindicales. 

5 millones de personas verán mejorar sus ingresos por la subida del SMI a 900€ y por el incremento salarial del 2,25% para empleados públicos que aprueba hoy el Consejo de Ministros. La recuperación debe llegar a todos y todas. Un país rico no puede tener trabajadores pobres. pic.twitter.com/jrIJjjH3Ng

 

Además, el Ejecutivo estudió este 21-D en Barcelona el informe elaborado por la Comisión General de Codificación, que recibió la encomienda de revisar la tipificación de los delitos sexuales después de la controvertida sentencia de La Manada. El Gobierno estudia considerar cualquier "comportamiento sexual" hacia una mujer que no cuente con su consentimiento un delito de agresión sexual sancionado con prisión, tal y como proponen los expertos, informa EFE. 

Como explicó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la Comisión de Codificación hace un "deslinde perfecto entre los tipos delictivos, afirmando que existen dos, la agresión sexual y la violación". En el primer caso, se trataría de un comportamiento contra la mujer sin su consentimiento, mientras que en la violación se tendría que producir penetración. Se eliminaría el tipo de abuso sexual, por el que fue condenada La Manada.