COMPARECENCIA EN LA CASA LLOTJA DE MAR

El Gobierno niega cesiones y defiende que el pacto con Torra sí remite a la Constitución

El Ejecutivo subraya que no hay "seguridad jurídica", la expresión del comunicado conjunto con el Govern, sin respeto al "ordenamiento jurídico", que conforman la Constitución y las leyes

Foto: Pedro Sánchez, con su Gabinete, antes de la reunión del Consejo de Ministros en la Llotja de Mar, este 21 de diciembre. (EFE)
Pedro Sánchez, con su Gabinete, antes de la reunión del Consejo de Ministros en la Llotja de Mar, este 21 de diciembre. (EFE)

"Absolutamente ninguna cesión". El Gobierno es consciente de que la oposición de PP y Ciudadanos se ha recrudecido en las últimas horas y le llueven los disparos por lo que ven como una "claudicación" o un encuentro "vergonzante" de Pedro Sánchez con Quim Torra. Por eso niega que se haya salido de la parcela que marcó el presidente nada más llegar a La Moncloa, la del diálogo dentro de la ley. No cree que el hecho de que haya desaparecido del comunicado conjunto de la reunión la referencia expresa a la Constitución suponga ninguna concesión, porque la expresión que sí se incluyó, la "seguridad jurídica", sí remite inequívocamente a la Carta Magna, hasta tal punto que está recogida en ella, en su artículo 9.

Buena parte de la comparecencia posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes en la Casa Llotja de Mar de Barcelona —que durante horas se convirtió en un búnker que impidió cualquier asedio de la reunión por parte de los CDR— se centró en la valoración que el Ejecutivo hacía, a toro pasado, de la entrevista que Sánchez mantuvo con Torra y que discurrió en paralelo a la que protagonizaron los dos vicepresidentes, Carmen Calvo y Pere Aragonès, y la ministra Meritxell Batet y la 'consellera' Elsa Artadi, a la que siguió una foto de grupo, buscada por la Generalitat y que satisfacía sin embargo a La Moncloa porque esa imagen no proyectaba la idea de 'cumbre' de dos gobiernos o de reunión conjunta a seis.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunido en Consejo de Ministros, este 21 de diciembre en la Casa Llotja de Mar de Barcelona. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunido en Consejo de Ministros, este 21 de diciembre en la Casa Llotja de Mar de Barcelona. (EFE)

La otra parte de la rueda de prensa pivotó en torno a las medidas aprobadas, dos de las cuales son muy simbólicas para Cataluña: el cambio de nombre del aeropuerto de la capital —a partir de ahora se llamará Josep Tarradellas Barcelona-El Prat—, el rechazo y la condena al consejo de guerra que ajustició en octubre de 1940 al 'expresident' republicano Lluís Companys, y un desembolso de 112 millones de euros para mejorar las carreteras catalanas. Además, el Gabinete aprobó, como se esperaba, la subida del salario mínimo a 900 euros y el real decreto ley de alza del sueldo de los funcionarios de un 2,25% fijo más un 0,5% variable.

"No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico", y este lo conformazn la Constitución y los estatutos y las leyes, dice Batet


El documento que adoptaron los dos gobiernos tras su reunión del jueves en el palau de Pedralbes reafirma el compromiso de seguir "potenciando los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica". Fuentes del Ejecutivo reconocían ayer que la propuesta inicial hacía una mención expresa a la Constitución y a las leyes, mención que rechazaba la Generalitat. El punto de consenso fue esa referencia a la "seguridad jurídica".

Qué dice el artículo 9

"No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico está compuesto por todas y cada una de las normas jurídicas de que nos hemos dotado, empezando por la Constitución y los estatutos de autonomía y continuando por el resto de leyes y reglamentos que componen ese ordenamiento jurídico", aseguró Batet durante la comparecencia en la Llotja de Mar que compartió con la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.

Ni soflamas emocionales ni la aplicación perpetua del artículo 155 de la Constitución ayudará a encontrar soluciones eficientes

La ministra no se apeó de ese guion cuando fue repreguntada por los informadores. Sí añadió que esa expresión aparece en el artículo 9.3 de la Carta Magna, que dice así: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". A su lado, Celaá señalaba con firmeza: "Absolutamente ninguna cesión" al independentismo.

El Gobierno niega cesiones y defiende que el pacto con Torra sí remite a la Constitución

Su voz, en ese punto, no quedó recogida por el micrófono, pero esa línea de defensa estuvo presente a lo largo de la comparecencia. Cuando se citó a Batet y Celaá las duras palabras de los líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, la portavoz respondió que una nueva intervención de Cataluña "no aporta ninguna respuesta política, en este momento", salvo que detrás se esconda un "afán de recentralización". El Ejecutivo, pues, defiende "la Constitución en su integridad", texto que consagra la España de las autonomías.

Así pues, Celaá resaltó que la cita de ayer en Pedralbes fue "muy positiva", en tanto que el Ejecutivo siempre ha buscado "espacios de diálogo" y considera que "no existe ninguna otra receta". "Ni soflamas emocionales [de los independentistas] ni la aplicación perpetua del artículo 155 de la Constitución ayudará a encontrar soluciones eficientes. El diálogo dentro de la Constitución es lo que nos llevará a vehicular y encauzar el conflicto de Cataluña", añadió Celaá. Por su parte, la titular de Política Territorial insistió en que el Gobierno jamás aceptará el derecho de autodeterminación que reclaman los soberanistas porque "no existe ese derecho y no cabe en nuestro ordenamiento jurídico", además de que "no resuelve el problema de fondo", porque se trata de llegar a "acuerdos transversales" que representen a una "mayoría de la sociedad catalana".

El Gobierno niega cesiones y defiende que el pacto con Torra sí remite a la Constitución

Malestar del Govern

Durante la rueda de prensa sí se oían gritos procedentes de las protestas en las calles aledañas del exterior. Batet y Celaá subrayaron que es positivo que se pueda reunir el Consejo de Ministros fuera de Madrid en cualquier lugar del territorio —ya lo hizo en Sevilla y las siguientes citas serán en Alicante y Mérida—, y eso es "compatible" con las manifestaciones y el ejercicio de la libertad de expresión, siempre que se produzcan de manera "pacífica".

El cambio de El Prat es un mensaje de "concordia" hacia Cataluña. También es simbólico el rechazo de la condena al 'president' Lluís Companys

Fueron tres los guiños que el Gobierno dirigió a Cataluña durante su reunión de este viernes en Barcelona. De un lado, la redenominación del aeropuerto de la ciudad condal. Su nueva marca es Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Una medida que fue comunicada a la Generalitat y a los dos municipios afectados, además de a la familia del 'expresident', que regresó del exilio en 1977 y falleció en 1988. Es un mensaje de "concordia, entendimiento y diálogo", así como un "reconocimiento" a quien fue el primer jefe de la Generalitat con la reinstauración de la democracia. El cambio de nombre, sin embargo, ha irritado al Govern de Torra porque no ha sido pactado con él. Celaá respondió que, tras haber evacuado consultas, el Ejecutivo considera que cuenta con un "nivel de acuerdo más que razonable" para proceder a la redenominación. Un plan que llega a los 30 años del fallecimiento de Tarradellas.

El Gobierno niega cesiones y defiende que el pacto con Torra sí remite a la Constitución

Segunda medida simbólica. La aprobación de una declaración que rechaza y condena el consejo de guerra que ordenó el asesinato del 'president' Lluís Companys en 1940, al término de la Guerra Civil. El Gobierno proclama formalmente su "reconocimiento" y la restitución de la "dignidad" del dirigente republicano, y responde a la petición de la familia. La Ley de la Memoria Histórica de 2007 ya declaró ilegítimas las sentencias franquistas y el Congreso aprobó en septiembre de 2017 una moción socialista que declaraba nula de pleno derecho la condena a Companys.

El Consejo de Ministros lo que hace ahora es tomar conocimiento de la aprobada por el Parlamento y darle mayor fuerza. Pero no declara nulo el juicio que acabó con la vida del 'president' republicano. Batet explicó que para ello hace falta modificar la Ley de Memoria, reforma que ahora está tramitándose en las Cortes, aunque está paralizada por la obstrucción de PP y Ciudadanos. Celaá anunció además la creación de una comisión de trabajo para la rehabilitación de siete científicos de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sancionados por el franquismo.

También el Gabinete aprobó la licitación de contratos por valor de más de 112 millones de euros para la conservación, explotación y acondicionamiento de varias carreteras dependientes del Estado y que discurren por las cuatro provincias catalanas, para mejorar la seguridad vial en ellas.

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