La Fiscalía se querella contra Shakira por delito fiscal y le exige una fianza de 19 M
Consideran que cometió hasta seis delitos contra la Hacienda entre 2012 y 2014
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La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra la cantante Shakira ante los juzgados de Esplugues de Llobregat en la que le acusan de seis delitos contra la Hacienda pública, para lo que sostienen que la artista habría simulado que residía en países con tratamientos fiscales favorables entre 2012 y 2014, cuando en realidad vivía "en España de manera habitual". El Ministerio Público pide por ello que declare como investigada y le exige una fianza de 19.417.292,73 euros, "cantidad que comprende las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública [14,5 millones] más un tercio". La querella se dirige además contra un abogado con domicilio en Nueva York que supuestamente habría ayudado a la artista a crear un "entramado societario" para defraudar.
La Fiscalía sostiene en este sentido que Shakira vivió todo el 2012 y parte del 2013 en Barcelona, tras lo que se compró una casa en Esplugues de Llobregat en la que todavía reside junto a Gerard Piqué. "La querellada permaneció de manera efectiva en España 243 días en 2012, 212 días en 2013 y 244 días en 2014 y se ausentó de este país, por los motivos indicados anteriormente [el programa 'The Voice' en Estados Unidos], para atender sus compromisos profesionales y de ocio", explica el Ministerio Público en su escrito.
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La cantante, sin embargo, manifestó en multitud de ocasiones que "tenía residencia fiscal en Bahamas y presentó un documento de verificación de residencia", evitando así cumplir sus obligaciones fiscales. Como respuesta a esta versión de Shakira, la Fiscalía asegura que "durante los años 2012 a 2014 la querellada no estuvo ningún día de presencia física [en Bahamas] y no consta que presentara declaración de impuesto de renta y patrimonio, ni declaración de ningún otro tipo de impuesto", cifrando por tanto la cantidad defraudada en 14,5 millones de euros.
En lo que se refiere al abogado contra el que también se dirige la querella, la Fiscalía le define como "consejero legal global de la querellada", para lo que "tuvo firma autorizada en cuentas bancarias de algunas sociedades y fue quien en nombre de la querellada contactó directamente con el despacho PricewaterhouseCoopers para el asesoramiento legal en España". Sobre el supuesto papel que jugó PwC en el entramado, el Ministerio Público explica que "en estos momentos se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional en el mantenimiento o reestructuración de este entramado societario en los ejercicios 2012, 2013 y 2014".
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La Fiscalía abrió en 2017 diligencias para investigar a Shakira a raíz de un informe remitido por la Agencia Tributaria que alertaba de que la cantante habría evadido el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) entre los años 2011 y 2014, simulando presuntamente que durante esos ejercicios residió más de seis meses al año en países con una fiscalidad favorable.
El dilema alrededor de la residencia de Shakira no es nuevo, pues la investigación mundial de los Paradise Papers, que publicó El Confidencial junto a 'La Sexta' en España, ya reveló el pasado enero que la cantante administra desde 2007 la Malta Tournesol Limited, sociedad radicada en la homónima isla mediterránea y en la que la cantante colombiana figura con domicilio en Bahamas. Su abogado, Ezequiel Camerini, admitió entonces a este periódico que la artista vive en Barcelona, pero justificaba que como "artista internacional ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida profesional, estando siempre en total cumplimiento de las leyes de todas las jurisdicciones en las que reside". La querella de la Fiscalía, que está pendiente de admitirse a trámite en los juzgados, desmiente ahora esta versión.
La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra la cantante Shakira ante los juzgados de Esplugues de Llobregat en la que le acusan de seis delitos contra la Hacienda pública, para lo que sostienen que la artista habría simulado que residía en países con tratamientos fiscales favorables entre 2012 y 2014, cuando en realidad vivía "en España de manera habitual". El Ministerio Público pide por ello que declare como investigada y le exige una fianza de 19.417.292,73 euros, "cantidad que comprende las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública [14,5 millones] más un tercio". La querella se dirige además contra un abogado con domicilio en Nueva York que supuestamente habría ayudado a la artista a crear un "entramado societario" para defraudar.