Interior no se fía de los Mossos: enviará a Barcelona 1.000 agentes para evitar otro 1-O

El Ministerio del Interior está ultimando el diseño de un gigantesco dispositivo de seguridad para evitar que el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el próximo 21 de diciembre se convierta en otra trampa como la del referéndum del 1-O. Las Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan con la hipótesis de que los Mossos d'Esquadra no intervengan para disolver las protestas y los cortes de comunicaciones que han anunciado los sectores más radicales del independentismo para impedir que el gabinete de Pedro Sánchez pueda reunirse en la Ciudad Condal.

A falta de los detalles, que terminarán de perfilarse en los próximos días, Interior baraja ya el envío a Barcelona de 1.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en su mayoría pertenecientes a las unidades antidisturbios de ambos cuerpos, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al despliegue. Ya se ha comunicado el traslado de grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional con base en Galicia, Valencia, Navarra y Sevilla, y en las próximas horas serán activados agentes de otras demarcaciones. Asimismo, ya se ha efectuado un refuerzo de los servicios de información para tratar de anticipar los movimientos de los radicales y testar el apoyo con el que cuentan.

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Interior ha apostado por este despliegue —solo superado en número por los 6.000 agentes que integraron la operación Copérnico contra el referéndum— para que las Fuerzas de Seguridad del Estado dispongan de los efectivos suficientes para garantizar en solitario la seguridad de los ministros y el mantenimiento del orden público en las zonas por las que deberán transitar sus respectivas comitivas. El operativo se prolongará durante varios días, pero los momentos más delicados se concentrarán en una sola jornada, la del día 21. La prioridad es que los ministros puedan llegar hasta la Casa Llotja de Mar en la que se celebrará el Consejo, que no se produzcan incidentes en los alrededores del edificio durante el encuentro y que todos los miembros del gabinete sean luego evacuados sin que corra riesgo su integridad.

Interior desconfía de la respuesta que puedan tener los Mossos ante las movilizaciones que están preparando los autodenominados comités de defensa de la república (CDR) y otros grupúsculos independentistas violentos para tratar de boicotear el Consejo y demostrar que el Estado ha perdido el control efectivo de Cataluña. Preocupan también los nuevos grupos autónomos de acción rápida (GAAR), una derivación de los CDR que supuestamente se estructura en células independientes y que se ha puesto como meta forzar “un paro de país” el 21 de diciembre con protestas en puntos neurálgicos del territorio catalán.

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Por las características del Consejo, los radicales solo tendrían que impedir la asistencia de alguno de los 17 ministros del Gobierno o del propio Sánchez para apuntarse una gigantesca victoria, y para eso bastaría con que bloquearan los accesos hasta la Casa Llotja de Mar, justo el tipo de protesta que los CDR llevan más de un año ensayando con enorme pericia. El pasado sábado fueron suficientes 200 manifestantes para cortar una vía tan importante como la autopista AP-7. “Sería catastrófico que el Consejo no pudiera celebrarse”, admite una de las fuentes de Interior preguntadas.

Aunque el Govern de Quim Torra ha asegurado en los últimos días que los Mossos actuarán para evitar altercados, la credibilidad del presidente de la Generalitat ha quedado seriamente dañada con su apoyo continuo a la movilización contra el Estado. También hay dudas sobre la disposición que tendrán los agentes autonómicos para repeler a los violentos, después de haber sido duramente cuestionados por los partidos independentistas por cargar contra grupos ultra que pretendían atacar a militantes de Vox y PP en Girona y Terrassa (Barcelona). Los 'mossos' han amenazado a sus superiores con bajas médicas masivas el 21-D y están inmersos en su propia campaña de movilizaciones. Este mismo miércoles cortaron la Gran Vía para denunciar que sus responsables políticos les deben las pagas extraordinarias de 2013 y 2014.

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Ante las dudas sobre el papel que jugarán finalmente los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil tomarán la iniciativa del despliegue. Interior no quiere repetir los errores que se produjeron en la consulta secesionista de hace un año, aseguran las fuentes consultadas. En aquella ocasión, se dejó el éxito del dispositivo en manos de la policía autonómica. Su negativa a cerrar los colegios electorales en las horas previas al referéndum provocó que las Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieran que intervenir a la desesperada durante la propia jornada de votación para cumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El resultado fue dramático para la imagen de España en el exterior y reforzó el discurso victimista del independentismo. Lo último que quiere el Gobierno de Sánchez es que se repitan esas escenas por un acto que se celebrará en Barcelona por decisión exclusivamente suya y que además tenía como intención transmitir una sensación de normalidad. Con 1.000 agentes desplazados, eso ya parece imposible.

Pese a la desconfianza, en las últimas horas se han celebrado varias reuniones de coordinación entre Mossos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La más importante tuvo lugar el martes en el cuartel general de la policía autonómica en Sabadell, el Egara. Además de los Mossos, asistieron los máximos responsables de la Jefatura Superior de Policía y de la Comandancia de la Guardia Civil en la comunidad, así como los mandos de la Policía Municipal de Barcelona. También acudieron representantes de la Comisaría de Seguridad de Presidencia del Gobierno, que ha asumido la dirección del despliegue, como ya ocurrió con el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el pasado 26 de octubre.

Si los Mossos no actúan, Interior se hará cargo de la situación. Ni siquiera sería obligatorio que lo ordenara un juez ni tampoco hace falta ningún cambio normativo. Grande-Marlaska considera que la Ley 2/86 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado le faculta para ordenar la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, a pesar de que el mantenimiento del orden público es una competencia de los Mossos. Así lo advirtió el ministro en la carta que remitió al Govern el pasado lunes para reprocharle la pasividad que había mostrado la policía autonómica durante todo el fin de semana y advertirle de que, si no se garantizaba el orden público, actuarían las Fuerzas de Seguridad del Estado. La amenaza podría ponerse en práctica el 21-D.