El Gobierno, contra los Franco en el Supremo: "Ni indefensión ni perjuicio"

La Abogacía del Estado no quiere que el Tribunal Supremo paralice cautelarmente la exhumación de Francisco Franco. En un escrito de 25 páginas al que ha tenido acceso El Confidencial, los servicios jurídicos del Gobierno tratan de frenar el recurso interpuesto por la familia del dictador ante el alto tribunal, alegando para ello que "ni la continuación del procedimiento ni la ejecución del acto impugnado producen perjuicio irreparable alguno".

Según confirman a este diario fuentes jurídicas, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se reunirá el próximo lunes para decidir si paraliza o no la exhumación, una posibilidad que los servicios jurídicos del Gobierno tratan ahora de evitar tachando los argumentos de la familia como simples "hipótesis o suposiciones". Los Franco, por su parte, defienden que el proyecto de Moncloa "convertiría en papel mojado una eventual sentencia que declarase la ilegalidad del acuerdo impugnado, pues entretanto se habría producido la exhumación del cadáver en contra de la voluntad de sus familiares".

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La familia denuncia en su recurso "los reiterados anuncios por parte de miembros del Gobierno" de una inminente exhumación sin que "ni siquiera se haya tramitado en su totalidad el procedimiento administrativo establecido en el decreto"; una situación que, según defienden, vulnera sus derechos. La Abogacía del Estado, sin embargo, califica las palabras de los políticos como "cuestiones metajurídicas" que no deben tenerse en cuenta, asegurando además que las medidas adoptadas hasta el momento no causan "indefensión a los interesados, que han podido participar en todos los trámites del procedimiento y hacer uso de sus derechos".

Basándose en los anuncios efectuados desde Moncloa, los nietos sostienen en su recurso que “no es temerario presumir que se terminará llevando a cabo la exhumación del cadáver de Don Francisco Franco antes de existir un pronunciamiento firme en el orden jurisdiccional”, afirmación que la Abogacía del Estado rebate en su escrito. Los servicios jurídicos del Gobierno descartan de hecho cualquier argumento en el que se dé ya la exhumación por segura, pues "no sería la primera vez que proyectos mucho más complejos técnicamente que el aquí necesario (...) no llegaron finalmente a llevarse a la práctica".

La idea de que todavía puede suspenderse la exhumación se utiliza varias veces en el escrito, como cuando se abordan las razones por las que se va a enviar el proyecto al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial con la mayor celeridad posible: "Ello es una consecuencia de la declaración del carácter urgente de la exhumación y el traslado de los restos así como del procedimiento establecido por el Real Decreto-Ley 10/2018. Es cierto que cabe la posibilidad de que la exhumación y el traslado no se lleven a cabo y que, en consecuencia, devengan ineficaces el proyecto y la eventual autorización municipal del mismo".

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Otro de los aspectos que descarta el escrito es el de que el acuerdo para la exhumación de Franco implique en el proceso a las familias del resto de enterrados en el Valle de los Caídos: en sus conclusiones finales, los servicios jurídicos alegan que "tampoco cabe invocar la indefensión de terceros", argumentando además que "es una contradicción de sentido decir que el acto impugnado ciñe el procedimiento a Franco y, al mismo tiempo, que provoca indefensión a los familiares de personas".

De esta manera, la Abogacía del Estado pide al Supremo que rechace el recurso por la "inexistencia de 'periculum in mora", sosteniendo para ello que el acuerdo alcanzado hasta ahora solo implica "ordenar la realización de los trámites necesarios para poder adoptar una decisión que tenga en cuenta los elementos de juicio necesarios para ello". El escrito defiende por tanto que "los recurrentes le atribuyen, ficticiamente, un contenido decisorio que no tiene y que no pretende tener", y piden además al alto tribunal que entienda que "los intereses invocados por los demandantes deben ceder ante el interés general".