temen la 'mala imagen' que están dando

La ANC y Òmnium intentan retomar las calles frente a los 'radicales' CDR

Las asociaciones tradicionalmente 'hermanadas' con el Govern para agitar el árbol del 'procés' han perdido protagonismo ante los comités populares

Foto: Corte de tráfico organizado por los CDR en la AP-7 a su paso por L'Ampolla. (EFE)
Corte de tráfico organizado por los CDR en la AP-7 a su paso por L'Ampolla. (EFE)

Las luchas cainitas han vuelto a renacer en el seno del independentismo catalán en las jornadas previas a la crucial fecha del 21 de diciembre, cuando se prepara la gran movilización del soberanismo. Ese día se cumple un año de las últimas elecciones autonómicas y el Consejo de Ministros se reúne en Barcelona, por lo que se quiere montar una monumental bronca en las calles para visualizar, internacionalmente, el conflicto. Pero a pesar de tener todos un objetivo común, los soberanistas no se ponen de acuerdo en cómo conseguirlo. Así, el motivo de este recrudecimiento de las luchas intestinas es el protagonismo que cada uno de los sectores reclama y el afán de controlar la calle.

Esa situación impide una estrategia unitaria de todas las fuerzas soberanistas. Por un lado, Govern, partidos y entidades sociales, como la ANC y Òmnium Cultural, intentan llegar a un pacto para dar una respuesta unitaria a la celebración del Consejo de Ministros en la capital catalana. Este lunes comenzaron contactos entre todos los partidos y las entidades cívicas para que nada se les escape y cualquier acción pueda ser utilizada políticamente tanto por las formaciones separatistas como por el Gobierno de la Generalitat. Por otro, los CDR, que —en la estrategia de los partidos políticos— dan mala imagen del independentismo y no pueden controlar los efectos de sus acciones.

Las entidades sociales que han movido a la población el último lustro, entre las que están ANC y Òmnium Cultural, se resisten a ceder el protagonismo de las movilizaciones y ven con desconfianza a los CDR y a los recientes grupos autónomos de acción rápida (GAAR), todavía más incontrolados que los CDR. A estas dos entidades, se suman la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Y por último están los propios comités (que, en buena medida, están cercanos a la CUP), que se vanaglorian de que la calle es suya. Algo que también reivindica la ANC y que demuestra el grado de enfrentamiento.

Tácticas de guerrilla urbana

La Asamblea quiere aprovechar el 21-D para realizar múltiples actos de cortes de tráfico en Barcelona para sembrar el caos. Según ha podido conocer este diario, los cortes serán por sorpresa y en varios lugares. Es una táctica de guerrilla urbana copiada de los CDR, aunque estarán muy atentos a la imagen que se transmita: no puede deducirse que hay violencia en las protestas, sino solo reivindicación, para evitar el rechazo que producen en la mayoría de la población las actitudes de los integrantes de los CDR. De esa manera, quiere retomar el control de las calles, que en las últimas semanas habían tenido los CDR.

Pero los CDR van a su aire y tienen activistas más comprometidos que la ANC que no obedecen consignas partidistas, ni siquiera de la CUP, por lo que pueden aguar la 'fiesta' de la ANC. Por otra parte, hay grupos radicales no encuadrados en los CDR sino en otras plataformas extremistas que no están dispuestos a aceptar ninguna orden que provenga de los partidos políticos ni de las entidades cívicas. Es más: llaman a que se salga a la calle no para pedir la libertad de los presos ni nada parecido, sino para proclamar de una vez por todas la independencia o asaltar el Parlament o la Generalitat para dar "eco internacional" al caso catalán.

Los GAAR, por su parte, emitieron este martes un comunicado para aclarar que sus acciones “no son violentas” y que en ningún caso tienen “la intención de actuar contra la integridad física de nadie. Se acerca la fecha y la mejor manera de hacernos ‘recapacitar’ es poniendo en duda la capacidad de actuar de manera no violenta como colectivo ante nuestro pueblo. No daremos ni un paso atrás, actuaremos de forma contundente contra la represión actual. Nuestro objetivo es alcanzar la independencia y seguiremos luchando hasta el final”.

También la CUP intenta pasar por encima de la ANC, Òmnium y de los partidos. Su núcleo duro, articulado en torno al grupo Endavant, llamó este martes a “comenzar los preparativos para planificar las movilizaciones y paros”. Y señalan que “la movilización ha de comenzar desde el primer día del juicio [por los hechos del 1-O], ha de ser por todo el territorio, en todos los Països Catalans [o sea, también en Valencia, Baleares, sur de Francia y franja de Aragón lindante con Cataluña], y ha de tener incidencia en la vida económica y social”, según Laia Casas, portavoz del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). La CUP moverá sus hilos a través de la Mesa de la Izquierda Independentista (Taula de l’Esquerra Independentista), en la que también estarán encuadrados Arran, Alerta Solidaria, Crida Constituent, Piratas, La Forja, Coordinadora Obrera Sindical y SEPC.

La carta de la ANC

La Asamblea, no obstante, no está dispuesta a ceder protagosnismo, entre otras cosas porque tiene una potente estructura territorial y cuenta con el apoyo del Govern. La ANC envió este martes una carta a Dunja Mijatovic, responsable de la oficina de la comisaria de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, y a Michelle Bachelet, alta comisaria de los Derechos Humanos de la ONU. En la misiva, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, denuncia que sus dos antecesores, Jordi Sànchez y Carme Forcadell, están encarcelados “de forma preventiva desde hace mucho tiempo, conjuntamente con siete presos políticos más, y otros disidentes políticos se han visto forzados a marchar al exilio”.

La presidenta de ANC, Elisenda Paluzie (i), junto al vicepresidente de Ómnium, Marcel Mauri. (EFE)
La presidenta de ANC, Elisenda Paluzie (i), junto al vicepresidente de Ómnium, Marcel Mauri. (EFE)

Paluzie acusa a España de “violar nuestros derechos humanos, civiles y políticos como minoría catalana” y afirma que, por la situación en que se encuentran los presos, algunos de ellos han comenzado una huelga de hambre. Por último, pide a sus interlocutoras que envíen “observadores a España para seguir los procedimientos legales y los juicios contra los presos políticos catalanes y los otros disidentes políticos. España ha de respetar el Estado de derecho y su orden legal interno, tanto como los tratados internacionales que la obligan”. Y subraya: “Necesitamos su pronunciamiento para ayudar a salvaguardar nuestra libertad, para defender la democracia, para mantener el Estado de derecho, que se está hundiendo en España, y para proteger la dignidad humana y los derechos humanos, incluidos los de las minorías nacionales, como somos nosotros, los catalanes”.

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